La comunidad de Buenaventura se declaró en Paro Cívico desde el pasado 16 de mayo para reclamar al Gobierno de Colombia la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a participar en la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los organizadores del Paro Cívico han llamado a los habitantes de Buenaventura a cesar actividades y manifestarse en plantones y protestas pacíficas. En el marco de un plantón pacífico convocado el sábado 20 de mayo, agentes del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), usaron gases lacrimógenos sin previo aviso contra manifestantes, entre los cuales se encontraban niños/as, personas con discapacidad y personas mayores, quienes se encontraban en el puente del Piñal y el sector La Delfina. Integrantes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), denunciaron ante Amnistía Internacional que esta represión injustificada incitó confrontaciones entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y dejó como resultado varios heridos, entre ellos dos niños. La ONG hizo un llamado urgente para contar con la presencia de los organismos de derechos humanos en el lugar para evitar que este tipo de hechos se repitan y generen mayores confrontaciones.
A pesar de temores de más represión, el 21 y 22 de mayo se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas. La Guardia Indígena, órgano de protección desarmado, participa de las manifestaciones en Buenaventura. Las y los manifestantes anunciaron que el Paro Cívico se mantendrá hasta tanto el Gobierno colombiano presente propuestas concretas sobre las demandas de la población. En otras ciudades como Quibdó (departamento de Chocó), Tumaco (Nariño) y Cali (Valle del Cauca) se convocaron manifestaciones de apoyo al Paro. La comunidad en Buenaventura ha expresado preocupación sobre los riesgos de repetición de hechos violentos de represión policial en el marco de las manifestaciones convocadas esta semana.
Se solicita:
Solicitar al gobierno de Colombia que garantice el derecho a participar en manifestaciones pacíficas, en particular en el marco del Paro Cívico desarrollado en Buenaventura y en otras ciudades.
Exhortar a la Policía Nacional y agentes militares presentes en el área a no hacer uso excesivo de la fuerza y a respetar los derechos humanos de las y los manifestantes en Buenaventura y otras ciudades del país.
Exigir al gobierno colombiano y a los gobiernos locales, tomar medidas inmediatas para garantizar los derechos fundamentales al agua, a la salud y educación de calidad, de los y las habitantes de Buenaventura, así como el derecho a participar en la implementación de los acuerdo de paz con las FARC.
Información complementaria
En Buenaventura hay dos temas principales que han llevado a la población a manifestarse. Buenaventura es una ciudad portuaria del Pacífico colombiano, de población mayoritariamente afrocolombiana e indígena: la ciudad ha sido sistemáticamente abandonada por el Estado (resultando en altos índices de personas en situación de pobreza, y con un vacío en las garantías de derechos fundamentales de la población), sumada a los altos niveles de violencia como consecuencia de la presencia de actores armados en confrontación (grupos relacionados con narcotráfico, bandas dedicadas al crimen organizado y otros actores como guerrillas).
En razón de lo anterior, la comunidad de Buenaventura convocó hace tres años a Paro Cívico, que produjo una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno. La negociación llevada a cabo entre la comunidad y el Gobierno, concluyó con un acuerdo sobre la toma de acción inmediata para proveer agua potable a la ciudad, la construcción de un hospital moderno y para mejorar el sistema educativo, entre otras medidas. Estos acuerdos aún no se han cumplido.
Versión en ingles:
