• La jueza consideró acreditado que las empresas vinculadas al sector bananero en Urabá diseñaron e implementaron un modelo sostenido de financiación a paramilitares.
• Las Convivir fungieron como intermediarias de una operación que, bajo apariencia de legalidad, nutría logística y militarmente a los grupos paramilitares.
• La sentencia afirmó que no se trató de una reacción desesperada frente a amenazas, sino de una decisión deliberada y continuada, con beneficios recíprocos para los financiadores y los actores armados.

Bogotá, 23 de julio de 2025. En una decisión histórica para la verdad, la justicia y la reparación en el marco del conflicto armado, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos vinculados a la operación bananera de Chiquita Brands en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos al margen de la ley.

La sentencia de primera instancia, proferida el 22 de julio de 2025, estableció que los empresarios participaron en un esquema sistemático de financiación a los paramilitares, mediante el uso de cooperativas de vigilancia (Convivir) como fachada para el desvío de recursos.

Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas, indicó que se recibe la decisión de una forma agridulce, pues, aunque reconoce la verdad de las víctimas, es una decisión un tanto negativa en la medida en que es un proceso con riesgo de inminente prescripción, debido a la demora estructural que tuvo la administración de justicia para avanzar en la investigación y llamar a juicio a estas personas.

“De otro lado, es una decisión muy positiva en la medida en que reconoce la hipótesis sostenida por víctimas y organizaciones de derechos humanos durante varios años, en la cual esta multinacional y empresarios bananeros de la región de Urabá, incluso del Magdalena Bananero, financiaron estructuras paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad y de cómo para realizar esa financiación se instrumentalizó a las Convivir, que finalmente terminaron siendo el instrumento para poner en marcha el proyecto paramilitar en todo el país, como se estableció después de varios años”, señaló el jurista.

Escobar agregó que se espera que la decisión sea de apropiación colectiva y que la sociedad colombiana pueda conocer estos hechos como parte de su historia para para que hechos tan atroces como estos no se repitan en Colombia.

Vale la pena destacar que, de acuerdo con el fallo, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún fueron condenados a 135 meses (11 años y casi 3 meses) de prisión, al pago de una multa equivalente a 9.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso.

El despacho negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena. Dado que los condenados se encuentran en libertad, se librará orden de captura una vez el fallo quede ejecutoriado. Por su parte, Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín fueron absueltos de los cargos.

La jueza consideró acreditado que las empresas vinculadas al sector bananero en Urabá diseñaron e implementaron un modelo sostenido de financiación a paramilitares. Este consistió en la deducción sistemática de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, recaudados por las comercializadoras y transferidos a cooperativas de vigilancia (Convivir). Estas fungieron como intermediarias de una operación que, bajo apariencia de legalidad, nutría logística y militarmente a los grupos paramilitares.

Uno de los hitos más reveladores fue la reunión celebrada en 1997 en Montecasino, Medellín, donde directivos de Banadex y otros empresarios pactaron, en un entorno de cordialidad con representantes de los paramilitares, la forma de canalizar los aportes.

La sentencia fue enfática en afirmar que no se trató de una reacción desesperada frente a amenazas, sino de una decisión deliberada y continuada, con beneficios recíprocos para los financiadores y los actores armados. En este sentido, el fallo subrayó que no se acreditó la existencia de una fuerza irresistible que anulara la voluntad de los acusados, y resaltó la ausencia de denuncias formales pese a la capacidad operativa, económica y jurídica de las compañías involucradas.
Desde el punto de vista jurídico, el juzgado recordó que el delito de concierto para delinquir, en su modalidad agravada, exige la existencia de un acuerdo de voluntades con fines ilícitos, la permanencia de la organización, su estructura jerárquica o funcional, y la capacidad de afectar bienes jurídicos colectivos. En este caso, se demostró que el acuerdo empresarial no fue aislado ni coyuntural, sino parte de una estructura de colaboración estable y voluntaria con una organización armada ilegal.

El caso tiene como telón de fondo la operación de empresas como Banadex, filial de Chiquita Brands en Colombia hasta 2004; Banacol, que adquirió activos de aquella y continúa operando con productores nacionales, y Augura, gremio que agrupó intereses del sector bananero en la región. Este entramado empresarial explica la dimensión y el alcance regional del modelo de financiación hacia las estructuras paramilitares en Urabá.

Contexto

El 17 de septiembre de 2019 la Fiscalía general confirmó resolución de acusación en contra de los procesados por el delito de concierto para delinquir agravado. En la misma decisión se confirmó la declaratoria de esa conducta punible como delito de lesa humanidad.

En 2021 quedó en firme el juicio contra los directivos de la multinacional bananera, acusados de financiar las estructuras paramilitares desde finales del año 1996. Esta estrategia de expansión del paramilitarismo en Colombia concordó con el periodo de mayor auge de las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad que fueron entes que bajo la fachada de ostentar licencias de funcionamiento legalmente expedidas y la necesidad de hacer frente a este flagelo social, se erigieron en vehículo o ropaje para cumplir fines y objetivos de estos grupos criminales.

Hasta el 24 de marzo de 2023 se instaló el juicio oral en contra de los acusados, las últimas sesiones se llevaron a cabo en marzo de 2025.