Exigimos al Estado colombiano que cumpla con su responsabilidad de protección a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia quiere mostrar su profunda preocupación por las nuevas agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre las que se encuentran amenazas de muerte y de exterminio de la Comunidad. Estas agresiones están siendo perpetradas tanto por miembros de la fuerza pública como por grupos paramilitares.
El 24 de julio, tropas del Ejército colombiano detuvieron y requisaron, en la vereda Las Nieves, a Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad Paz de San José de Apartadó. Los militares reiteraron el propósito del Ejército de exterminar a la Comunidad de Paz para lo cual, expresaron, lo tienen todo coordinado con los paramilitares.A pesar de haberles pedido a los militares que se identificaran, no lo hicieron y ocultaron sus distintivos y sus nombres que, por ley, deben llevar visibles.
El 30 de julio, Germán Graciano, miembro del Consejo Interno de la Comunidad, recibió una llamada amenazando de muerte a él, su familia y a la Comunidad de Paz. El interlocutor se identificó como paramilitar de alias Guachipín, quien dijo trabajar para la Brigada XVII del Ejército colombiano junto con otros paramilitares. Al día siguiente, Graciano recibió otra llamada reiterando las amenazas por parte de una persona que se identificó como el Guajiro, comandante del bloque Urabá de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El día 6 de septiembre, cuatro paramilitares que vestían prendas militares y portaban armas cortas interceptaron el vehículo de servicio público, a la altura entre Santa fe de Antioquia y Cañasgordas, donde viajaba Arley Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz. Le apuntaban con sus armas y, tratándole con insultos, amenazaron de muerte a la Comunidad de Paz y, en especial, a Germán Graciano y Jesús Emilio Tuberquia (representante legal de la Comunidad). Después procedieron a requisarle y se llevaron sus documentos de identidad, soportes de transportes y viáticos al igual que una memoria USB con información sobre la Comunidad de Paz. Estos hechos se dan a pocos metros de un puesto de control de la policía.
El miércoles 3 de Octubre de 2012, por espacio de una hora varios uniformados de la Base militar de San José, se ubicaron frente al asentamiento de nuestra Comunidad en San Josecito, pese a que miembros de nuestra comunidad les solicitaron se retiraran del sitio ellos alegaron diciendo que no se retirarían porque estaban cumpliendo órdenes de sus superiores.
El jueves 4 de Octubre de 2012, a las 19:50 horas, por espacio de 50 minutos nuevamente se presentaron combates entre la guerrilla y efectivos de la base militar instalada en San José de Apartado. Según habitantes del casco urbano del corregimiento, los militares disparaban desbordadamente para todos los lados, resultando gravemente herido el civil, Alberto Ariza Huaca de 32 años padre de dos niños y habitante de San José. A pesar de no pertenecer a nuestra Comunidad, fue trasladado a San Josecito y desde allí acompañado por miembros de nuestra Comunidad hasta el hospital de Apartado como un gesto de solidaridad con la población civil víctima. Con toda evidencia, el Estado es responsable de estos atentados contra la población civil.
Ante estos hechos, la Plataforma:
Insta a la Comunidad Internacional a que se haga eco de estos acontecimientos y muestre su apoyo a la Comunidad de San José de Apartadó, la cual cuenta con medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Exige al Estado colombiano que investigue los hechos denunciados por esta Comunidad y cumpla con sus obligaciones de protección a la Comunidad de Paz según las Sentencias T-327 del 2004 y T-1025 de 2007 de la Corte Constitucional de Colombia y del Auto 034/12 de esta misma institución donde:
– Se ordena al Ejército colombiano otorgar un tratamiento especial de cuidado y protección cuando se trate de requisas en retenes y estén por medio miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
– Se responsabiliza al Estado de garantizar y proteger los derechos a la vida, la integridad personal, seguridad personal y libertad de locomoción, entre otros, de las personas que forman parte de esta Comunidad.
