Bogotá, 10 de octubre de 2025. Desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representantes de las víctimas de la Masacre de Caloto, lamentamos que el caso haya quedado en completa impunidad por la falta de diligencia de la administración de justicia. El Tribunal Superior de Popayán tuvo que declarar la prescripción de la acción penal y, consecuencialmente, la cesación de todo procedimiento en contra del capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, integrantes de la Policía Antinarcóticos de Santander de Quilichao.
“Con esta decisión lamentable la masacre de 20 indígenas de la comunidad de Caloto, Cauca, queda en total impunidad. La administración de justicia llama a juicio a estos militares desde 1997 y mediante diferentes mecanismos logran dilatar el proceso hasta conducir a la prescripción. El Tribunal, pese a todos los elementos de prueba existentes, como las confesiones de los autores materiales que reconocen que participaron y coordinaron con los integrantes de la policía la realización de la masacre, deja en impunidad estos hechos”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar.
Dentro de esas pruebas, el abogado resaltó algunos de los apartes del testimonio de Orlando Villa Zapata, administrador de la hacienda El Nilo y uno de los autores materiales del crimen, que narra la responsabilidad de los agentes estatales en la masacre:
“(…) Ese día se organizó para que un carro recogiera al Mayor y los once agentes, se dirigieron a la hacienda la Loma en una camioneta (…) venía el mayor, el capitán y 10 agentes, a las 7:15 se llegó a la hacienda (…) se organizaron allá en la hacienda El Nilo, en el sitio la cancha, donde se tomaron dos puntos de salida y ahí se organizó que el personal que iba fuera de los agentes organizaba y quemaban los ranchos, mientras que los agentes desalojaban el personal; hecho eso, cuando los agentes interceptaron a los indígenas se empezaron [sic] los disparos [sic], que fue cuando empezaron a haber muertos y quedaban unos cuantos indígenas que el capitán tomó la determinación de que no quedaran esos testigos allí y fue cuando dejaron el resto de indígenas también muertos; de allí, ya abandonaron el lugar (…)”
Agregó el abogado que esta decisión es absolutamente cuestionable, más teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe de fondo sobre la responsabilidad del Estado colombiano por esta masacre y el Estado aceptó públicamente su responsabilidad internacional y pidió perdón a las víctimas.
Vale la pena recordar que el 16 de diciembre de 1991, veinte indígenas, incluyendo menores de edad, integrantes del Resguardo de Huellas, en Caloto, Cauca, que reclamaban sus derechos ancestrales a la tierra y el territorio, fueron asesinados por paramilitares que actuaron en alianza y coordinación con agentes de la Policía de la zona y auspiciados por actores con intereses económicos en el departamento. Los indígenas buscaban recuperar por lo menos 500 hectáreas de la Hacienda El Nilo, en Caloto.
Por estos crímenes fueron llamados a juicio Durán Argüelles y Castañeda Mateus. Desde el año de 1.997, mediante diferentes mecanismos procesales logran que solo hasta el año 2014 el caso llegue a la etapa de juicio por parte de los jueces penales del circuito, inicialmente de Cali y luego de Popayán, el cual los absuelve por duda razonable, decisión que es apelada por la Fiscalía y por la representación de las víctimas.
Los agentes permanecieron privados de la libertad entre febrero de 2015 y mayo de 2016, fecha en la que mediante recurso interpuesto por su defensa recobraron la libertad debido a la falta de diligencia de la justicia. Durante el periodo que transcurrió entre la masacre de Caloto y su entrega a las autoridades en febrero de 2015, el oficial Fabio Alejandro Castañeda Mateus continuó su desempeño en la institución y fue ascendido a Brigadier General de la Policía, de la cual se retiró a finales de 2013, luego de 30 años de “servicio a la institución”.
Ninguno de los integrantes de la Policía que participo en los crímenes fue juzgado y condenado por los hechos, a pesar de todas las pruebas obrantes en su contra y que demuestran su responsabilidad.
La masacre de Caloto es una de las múltiples violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas que ha debido enfrentar el Pueblo Nasa. A esta masacre le siguieron otras como la de El Naya, Gualanday y San Pedro, continuando con el exterminio de sus líderes e integrantes.
El pueblo Nasa también ha sido víctima del reclutamiento forzado por parte de los actores del conflicto armado, la militarización de sus sitios sagrados y fuentes de subsistencia, las amenazas, la judicialización sin fundamentos de sus líderes, como es el caso de Feliciano Valencia, el asesinato de familiares y personas cercanas a sus líderes como el homicidio de Edwin Legarda en 2009, compañero sentimental de la lideresa Aida Quilcué, y las campañas de desprestigio y estigmatización.
Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz » Masacre del Nilo