En el año 2018 Colombia fue el Estado más demandado del mundo por inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional (ISDS, por sus siglas en inglés). Este es uno de los datos más relevantes del informe: “ISDS en Colombia: un boom de demandas de inversores extranjeros”, realizado por el Transnational Institute y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en el que se analiza el impacto del régimen de protección de inversiones extranjeras en Colombia, de qué forma protege sus intereses económicos, pasando por encima de las obligaciones estatales de protección de los derechos humanos y de la naturaleza, y qué consecuencias ha conllevado y podrá tener en el futuro para el país. 

El informe publicado este 22 de noviembre tiene como contexto las expectativas que han surgido con el actual gobierno de Gustavo Petro de revisar los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones de Colombia.Una necesidad apremiante teniendo en cuenta que, en la actualidad, Colombia enfrenta 20 demandas de trasnacionales, 13 aún pendientes de resolución, que en conjunto podrían costar 9,8 billones del presupuesto de la nación, la mitad de la reforma tributaria. 

Estas demandas tienen repercusiones directas en las vidas de las personas y las comunidades. Si un Estado decide proteger un ecosistema o el acceso a un medicamento, o dicta una política de redistribución para las capas más pobres que implique impuestos a empresas trasnacionales, termina demandado en tribunales que no se rigen por el sistema internacional de los derechos humanos y actúan abiertamente parcializados en favor de las empresas. Esta clase de disputas e incluso la sola amenaza de la demanda produce un efecto disuasorio o de enfriamiento. Para evitar millonarias indemnizaciones, los Estados terminan cediendo los derechos de su ciudadanía.  

Esto ya sucedió en el caso del gigante farmacéutico suizo Novartis cuando en 2015 Colombia declaró un medicamento contra el cáncer de interés público para reducir su precio, Novartis amenazó con demandar ante un tribunal de arbitraje internacional y el Gobierno desistió de tocar el monopolio.

El 50% de estas demandas provienen del sector minero y de hidrocarburos, y todas provienen de inversores de Estados Unidos, Canadá y Europa. También el sistema socava el sistema judicial nacional. Uno de los casos más relevantes es el de la transnacional Suiza Glencore que en 2021 demandó a Colombia por las decisiones de la Corte Constitucional que ordenaron proteger derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de comunidades indígenas wayuu ante amenaza de la destrucción del Arroyo Bruno para expandir la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, la más grande de América Latina. Esta es la tercera demanda de esta compañía contra Colombia. 

 En Colombia se ha probado en instancias judiciales las graves violaciones que deja la mina de carbón y que esta ha operado en un contexto de racismo y discriminación contra las comunidades wayuu y afro. Entre tanto, Glencore alega en su demanda ante el Banco Mundial un trato discriminatorio e injusto, mientras esta compañía no ha sido investigada y responsabilizada por los abusos e injusticias cometidos en contra comunidades afectadas por la minería de carbón. 

 En su demanda Glencore no establece una cifra estimada de pretensiones, pero este tipo de disputas suelen ser tasadas sobre millones de dólares. Adicionalmente, la compañía advierte que se reserva el derecho a detallar, adicionar o enmendar su exposición de pretensiones en el supuesto de que Colombia “tome medidas adicionales” que agraven sus pérdidas. 

 Las otras disputas que ha enfrentado Colombia por medidas adoptadas en favor de la protección ambiental son las 3 demandas de las empresas canadienses ECO ORO, Galway Gold y Red Eagle que utilizando el TLC firmado con Canadá demandaron exigiendo indemnizaciones por la frustración de sus expectativas de imponer proyectos de megaminería de oro en el páramo de Santurbán.  

 En junio del 2021 el grupo de empresas y ddhh de la ONU presentó un informe en el que da cuenta de la incompatibilidad de las obligaciones de proteger derechos humanos por parte de los Estados frente a estos tratados de inversión y este sistema de justicia privado de las multinacionales. En esa vía recomendó a los Estados renegociar o rescindir dichos tratados. Países como Bolivia o Ecuador han revisado estos tratados e incluso han logrado salirse de estos sistemas arbitrarios de demandas. Un tema especialmente relevante en momentos en que Colombia busca tomar un rumbo más justo y equitativo en materia de modelo económico.  

#GlencoreRetireDemandaContraColombiaYa 

Descarga el informe aquí: https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2022/11/ISDS_Colombia_NOV22.pdf

Consúltalo aquí: ISDS_Colombia_NOV22

Resumen de la demanda de Glencore contra Colombia

Resumen demanda Glencore

Descárgalo aquí: https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2022/11/Resumen-demanda-Glencore.pdf

Amicus curiae presentado por organizaciones internacionales a la Corte Constitucional de Colombia sobre el fallo que protege el arroyo Bruno: https://terra-justa.org/es/article/amicus-curiae-presentado-a-la-corte-constitucional-de-colombia-en-defensa-del-arroyo-bruno-y-de-las-comunidades-wayuu-2/


 

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