Al cumplirse casi cuatro años desde la firma del histórico acuerdo de paz en Colombia, una vibrante energía ciudadana que busca construir una paz justa y duradera libra una dura batalla por superar la renuencia del Gobierno a implementar a cabalidad el acuerdo de paz y reabrir las negociaciones con los grupos guerrilleros que aún existen. La comunidad internacional debe actuar para catalizar el apoyo a la paz.

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se han desmovilizado más de 13.000 guerrilleros de las FARC. El Gobierno colombiano está suministrando algunos de los servicios de reintegración prometidos en el acuerdo, pero todavía hay muchos que siguen pendientes. Los miembros de las antiguas guerrillas pueden participar en política. El sistema de justicia transicional ha logrado llegar a miles de víctimas en Colombia y en el exilio.

Las víctimas del conflicto depositaron su confianza en el acuerdo de paz. Las víctimas están dando testimonios desgarradores a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Los campesinos y las comunidades afrocolombianas e indígenas se han organizado junto con gobiernos locales para crear programas de desarrollo con enfoque regional (PDET). Los líderes sociales están arriesgando sus vidas para liderar a sus comunidades en erradicar y sustituir la coca según se pactó en el acuerdo. Un dinámico movimiento de la sociedad civil, incluida la coalición Defendamos la Paz, reúne a un diverso grupo de colombianos —desde congresistas hasta líderes campesinos— en acciones por la paz desarrolladas en línea, en los medios de comunicación, en el arte y en la calle.

A pesar de la gran cantidad de acciones ciudadanas de los colombianos para lograr hacer realidad el acuerdo de paz, las acciones del Gobierno han sido insuficientes y no han protegido a las personas que arriesgaron sus vidas por la paz. El costo de ello se ve reflejado en los más de 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde que se firmó el acuerdo.

El pecado original es el fracaso del Gobierno colombiano en llevar la presencia del Estado civil a los territorios desalojados por las FARC —un fracaso que empezó durante la presidencia de Santos y se agravó con la falta de inversión para la implementación del Presidente Duque—. El espacio que el Gobierno colombiano no reclamó ahora es ocupado por grupos sucesores de los paramilitares, el ELN, las disidencias de las FARC y redes de narcotráfico.

¿Por qué es importante la paz en Colombia para los Estados Unidos?

Si se implementa bien, el acuerdo integral de paz pondría fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental, una guerra que le ha costado la vida a más de 261.000 personas y que ha obligado a casi ocho millones de colombianos a huir de sus hogares. El acuerdo le brinda a Colombia una hoja de ruta para modernizar y atender las necesidades de las zonas rurales abandonadas, afrontar de manera más sostenible la producción de drogas ilícitas, el narcotráfico y la delincuencia organizada, y para solucionar arraigadas problemáticas que alimentan la violencia y la desigualdad.

Es mucho lo que está en juego para los Estados Unidos si Colombia no implementa el acuerdo. Con la tragedia venezolana sucediendo al lado, Colombia cumple un papel fundamental al ofrecer refugio a casi 1,8 millones de venezolanos. Esto no es sostenible y la crisis empeorará si la violencia se intensifica en Colombia. La única manera en que se lograrán avances sostenibles en la reducción de la producción de coca, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada —que han sido los principales objetivos de la política de los Estados Unidos en Colombia durante los cuatro últimos decenios— es si la paz gana terreno en las zonas de conflicto. Y los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de los Estados Unidos fueron un factor fundamental para lograr un acuerdo de paz: no debe desperdiciarse esta sabia inversión.

Si el conflicto continúa, una vez más serán los pobres del campo colombiano, incluidas las comunidades afrocolombianas e indígenas y los campesinos, quienes sufran las peores consecuencias de la violencia. Otra generación más de valientes y enérgicos líderes sociales y defensores de los derechos humanos será desplazada, exiliada o asesinada.

Este informe sintetiza los retos que enfrenta la paz en Colombia, que incluyen: los obstáculos para lograr la plena reintegración de los excombatientes, a pesar de los avances; la muy incompleta implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género; la situación cada vez más difícil de los defensores de los derechos humanos; la vacilante implementación de las reformas rurales; el regreso a las soluciones de políticas de drogas que no son sostenibles y debilitan el acuerdo; y el impacto de la crisis de los refugia- dos venezolanos en Colombia.

La visionaria promesa de los acuerdos de paz de Colombia podría convertirse en un sueño lejano. Pero si la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, actúa con determinación para impulsar el cumplimiento del acuerdo, aún no es demasiado tarde para preservar la frágil paz colombiana.

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