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Traducción propia

En Colombia, las masacres y atentados contra líderes sociales entre enero de 2022 y marzo de 2022 ocurrieron a un ritmo mayor que en el mismo lapso de 2021, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). En 2022 48 líderes sociales fueron asesinados, mientras que en 2021 fueron 42. En 2021 se produjeron 23 masacres, con 84 víctimas, mientras que en 2021 han sido 27 masacres con 94 víctimas. En cuanto a los excombatientes de las FARC, 14 fueron asesinados en 2021 y 11 en 2022. Estas tendencias son preocupantes y exigen que los responsables políticos de Estados Unidos den prioridad a tratar la situación de los derechos humanos en Colombia y ayuden a fomentar un contexto para los diálogos.

En esta edición de abusos reportados a WOLA que requieren acción internacional, les pedimos que se pongan inmediatamente en contacto con las autoridades colombianas sobre el incidente que tuvo lugar el 28 de marzo en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo. Ese día, 11 personas fueron asesinadas por las fuerzas armadas colombianas. El Ministro de Defensa y el Presidente Duque afirmaron en la prensa y en las redes sociales que los “neutralizados” fueron asesinados en el marco de una operación armada y que pertenecían a grupos armados ilegales. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes y de los familiares de las víctimas afirman que las personas muertas eran civiles.

Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), lo que el gobierno ha considerado como un supuesto enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los disidentes de las FARC se saldó con el asesinato de nueve personas y la captura de otras cuatro. Informan de que el ejército nacional llegó a un mercado local donde los individuos estaban recaudando fondos para las necesidades del barrio. Una vez allí, el ejército disparó de forma indiscriminada contra los asistentes a la recaudación de fondos, matando a nueve personas. Entre los muertos se encuentra Pablo Panduro Coquinche, Autoridad Indígena y Gobernador del pueblo Kitcwhwa.

Instamos encarecidamente a los responsables políticos de Estados Unidos a que exijan a la oficina del presidente colombiano y al embajador colombiano Juan Carlos Pinzón que aclaren inmediatamente este incidente. Una investigación independiente y transparente que contenga a las autoridades judiciales debe determinar exactamente lo que ocurrió, si se cometieron ejecuciones extrajudiciales, y tomar las medidas adecuadas para sancionar a los responsables si este es el caso. Hasta que se produzcan estas investigaciones y acciones, el Congreso de Estados Unidos debe congelar la asistencia militar estadounidense a Colombia, ya que hay indicios de que, si se demuestra que es cierto, se trata de una importante violación de las condiciones de derechos humanos vinculadas a la asistencia de seguridad de Estados Unidos.

Ataques contra la sociedad civil

 

Asesinan a dos destacados líderes sociales (Bolívar)

El 22 de febrero, actores armados asesinaron a los líderes sociales Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Tafur en el municipio de San Martín, departamento de Bolívar. Según la Asociación Nacional Campesina (CNA), los líderes sociales habían denunciado recientemente las amenazas y el hostigamiento del alcalde y la policía del municipio de San Martín contra las víctimas de la violencia estatal. Teófilo Acuña era un conocido dirigente campesino, portavoz del Congreso de los Pueblos y presidente de la Federación Agrícola del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol). Jorge Tafur participó en la defensa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de Fedeagromisbol y de la junta del Coordinador Nacional Agrario. WOLA y otras 19 organizaciones internacionales de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno colombiano para que realice una pronta investigación de los asesinatos y exigieron al gobierno de Iván Duque acciones reales y medidas de protección.

Líder indígena desaparecido fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala (Nariño)

El 22 de febrero, después de estar desaparecido durante 24 horas, El Contraste informó de la muerte del indígena Bolívar Lavín Delgado, de 34 años, por disparos de actores no identificados. Delgado pertenecía al Resguardo Piguambí Palangala de la comunidad Awá en la zona rural de Tumaco y hacía parte de la Guardia Indígena. Actores no identificados lo secuestraron después de que saliera de su casa a pescar el domingo por la noche. La Guardia Indígena lideró una comisión de búsqueda y encontró su cuerpo sin vida con disparos y su motocicleta robada. Según los líderes indígenas de la comunidad Awá, siete miembros de la comunidad fueron asesinados en los últimos dos años. Los grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad también han cometido actos de violencia contra la comunidad awá y otras comunidades indígenas marginadas mediante desplazamientos internos, confinamientos y secuestros. El pueblo Piguambí Palangala pidió al gobierno nacional que garantizara la protección de la comunidad Awá y del resto de la población que vive en zonas rurales amenazadas.

Guerrilleros del ELN matan a un líder afrocolombiano (Chocó)

El 23 de febrero, según Análisis Urbano, guerrilleros del ELN asesinaron a tiros al líder social Julio Victoria Cárdenas, presidente del Consejo Comunitario y miembro de la Cimarrona Guardia del Litoral San Juán en el departamento del Chocó. En esta fecha, Cárdenas fue el trigésimo primer líder social asesinado en 2022.

Atacan a un líder campesino y defensor de los derechos humanos (Santander)

El 27 de febrero, hombres armados en motocicletas en Barrancabermeja, departamento de Santander, dispararon contra el defensor de los derechos humanos y líder campesino Carlos Arturo Morales Mallorga, su esposa y su hijo de cinco años. Tanto él como su esposa resultaron heridos, pero se encuentran en estado estable. Morales Mallorga es el presidente de la Corporación de Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño (Cahucopana), una organización de 150 miembros que ha denunciado sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos en la región desde 2004. Morales Mallorga se enfrentó anteriormente a cargos falsos e incluso es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cahucopana ha denunciado el ataque y ha pedido al gobierno colombiano que investigue con prontitud el incidente y que proporcione la protección adecuada a Morales Mallorga y a su familia.

Líder social asesinado (Bolívar)

El 5 de marzo, hombres armados asesinaron a Eduardo Emilio Vanegas Mendoza en el municipio de Barranco de Loba, departamento de Bolívar. Mendoza era un reconocido líder, presidente de la Junta de Acción Comunal Minera de Pueblito Mejía, y víctima del desplazamiento interno. Los dos hombres lo interceptaron y atacaron cuando se dirigía a La Riqueza con otras tres personas. Mendoza murió al llegar al hospital y las otras tres personas resultaron heridas. La Defensoría del Pueblo había publicado previamente la Alerta Temprana 020/2020 para los municipios de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Norosí y Tiquisio en el departamento de Bolívar.

Líder sindical atacado (Valle del Cauca)

El 9 de marzo, la Central Unitaria de Trabajadores Subdirectiva y el Comité de Solidaridad de La Cut denunciaron el atentado contra Néstor Fabio Viafara Olaya, presidente de Sintrapub y vicepresidente de la Federación de Funtramiexco del Suroeste, y todos los casos de desplazamiento interno, persecuciones y asesinatos de líderes sociales. Hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se solidarice contra las violaciones a los derechos humanos de los miembros de Sintrapub.

Prominent Indigenous Leader Assassinated (Cauca)

El 14 de marzo, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), miembros de la comunidad de Popayán, departamento del Cauca, encontraron el cuerpo sin vida del líder indígena Miller Correa, miembro del consejo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y defensor de los derechos humanos. Su cuerpo sin vida y con heridas de bala fue encontrado abandonado en la carretera de Tambo. Las autoridades indígenas dirigieron las investigaciones que permitieron rastrear el asesinato hasta los grupos armados ilegales. El CRIC condenó vehementemente el asesinato, y según su Observatorio de Derechos Humanos y Defensa de la Vida, se registraron 314 asesinatos de autoridades y miembros de comunidades indígenas entre 2019 y 2022. El INDEPAZ también ha documentado que los actores armados han asesinado a 1.286 líderes sociales desde el acuerdo de paz de 2016: 39 de ellos eran defensores de derechos humanos y 162 eran líderes indígenas. El CRIC denunció el exterminio sistemático de los pueblos indígenas de Colombia y pidió a la comunidad internacional, al gobierno nacional y a las organizaciones de la sociedad civil que se solidaricen con quienes luchan por los derechos humanos. También exigieron que los actores armados legales e ilegales salgan inmediatamente de los territorios indígenas ocupados.

 

El 17 de marzo, WOLA y otras 27 organizaciones internacionales de la sociedad civil denunciaron el asesinato de Correa. Las organizaciones exigen que el Estado colombiano realice investigaciones que identifiquen y lleven a la justicia a los autores materiales e intelectuales responsables de este atroz crimen. En medio de la creciente violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, las entidades estatales deben atender debidamente los constantes mensajes de preocupación y solicitudes de protección de las comunidades indígenas.

Asesinado el cantante Raizal (San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

El 15 de marzo, según INFOBAE, el cantante y celebridad colombiana Fabián “Hety” Pérez fue herido por balas en su casa de la isla de San Andrés. Hety iba a ser atendido por daños vasculares causados por una de las balas; sin embargo, el traslado fue suspendido debido a su estado de gravedad y murió poco después. Hety era miembro del popular dúo musical colombiano “Zambo” y embajador de las culturas raizal y criolla. La escritora Camila Rivera González consideraba a Hety un pacifista, un “titán del agua salada”, como describió los tres infartos que sufrió durante su traslado inicial al hospital. La muerte de Hety provocó protestas masivas de jóvenes en toda la ciudad, ya que los miembros de la diáspora raizal sintieron la pérdida de uno de los miembros y líderes de su comunidad.

Los medios de comunicación y los periodistas están gravemente amenazados

El 17 de marzo, el medio de comunicación de investigación La Nueva Prensa denunció los continuos ataques y amenazas contra su personal a raíz de las investigaciones periodísticas que vinculan supuestamente las tramas del narcotráfico con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el actual presidente Iván Duque, y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Estos ataques han incluido las recurrentes amenazas de muerte contra el director del medio, Gonzalo Guillen, el abogado Miguel del Río y el ex policía Wadith Velásquez, y el periodista Julián Martínez. Son objeto de planes de asesinato por parte de los sicarios de la organización criminal Oficina de Envigado. La Nueva Prensa responsabiliza al gobierno de Duque de cualquier incidente posterior que amenace o vulnere la integridad física y psicológica de sus periodistas, y pide a las organizaciones nacionales e internacionales que vigilen la libertad de prensa en Colombia.

Exterminio cultural de comunidades indígenas (Valle del Cauca)

El 19 de marzo, las Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZ COL) denunciaron el exterminio cultural y físico de la comunidad indígena Wounaan en el departamento del Valle del Cauca. El exterminio del pueblo Wounaan comenzó con el desplazamiento de los Wounaan en el municipio de Bajo San Juan en 2009, a pesar de la protección ordenada por la Corte Constitucional. En el municipio de Buenaventura existen dos asentamientos del pueblo Wounaan, el Wounaan Phobor y el Wounaan Nonam, que hacen parte del resguardo mayor de Santa Rosa de Guayacán; estas comunidades sufren constantemente amenazas de desplazamiento sin que el Estado colombiano actúe. El comunicado recuerda que el 19 y 20 de marzo de este año se llegó a un acuerdo para reubicar a las comunidades en un lugar más seguro, pero los retrasos siguen impidiendo el progreso.

Líder social asesinado por actores armados (Cauca)

El 20 de marzo, según INDEPAZ, hombres armados mataron a tiros a Richard Betancourt, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Clara en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Betancourt impulsaba iniciativas para ayudar a las víctimas del desplazamiento interno. Ocho días antes del atentado, se informó de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN. La Defensoría del Pueblo publicó una Alerta Temprana 010/2020 para los municipios de Argelia y El Tambo en la que se advertía de enfrentamientos armados, lo que generó inquietud entre la población civil. El interés por las regiones geográficas cercanas al Pacífico ha provocado una escalada del conflicto contra la población civil por parte de los grupos armados ilegales. Hasta la fecha, Betancourt era el 43º líder asesinado en 2022.

Autoridades indígenas condenan atentados contra líderes indígenas y sociales (Valle del Cauca)

El 21 de marzo, la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena Valle Del Cauca (ORIVAC) condenó públicamente el ataque contra líderes indígenas y sociales en el departamento del Valle del Cauca. Según la ORIVAC, los ataques se produjeron tras la circulación de un panfleto en WhatsApp que acusaba falsamente a los líderes de “guerrilleros de izquierdas” y nombraba a personas concretas por el ataque. La organización responsabiliza al gobierno de Duque por el abandono de los líderes indígenas, la violación de los derechos humanos cometida contra ellos y el asesinato sistemático de las comunidades indígenas. La ORIVAC también solicitó el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales y de la Misión de Verificación de la ONU para atender la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en el departamento del Valle del Cauca.

Líder comunitario asesinado (Valle del Cauca)

El 22 de marzo, según la Acción Comunal de Colombia, disidentes de las FARC asesinaron al líder social Richard Nilson Betancourth Rengifo, de 48 años, en el municipio de Argelia, departamento del Valle del Cauca. Nilson era presidente de la Junta de Acción Comunal y se encargaba de dirigir las investigaciones sobre las familias desplazadas a causa del conflicto paramilitar. Recibió múltiples disparos y su cuerpo fue encontrado cerca de su casa con un cartel que decía “Para el colaborador de los patiños: sinceramente, el frente Diomer Cortés Segunda Marquetalia de las FARC”. Hasta la fecha, Nilson era el 43º líder social asesinado este año.

Líderes y niños indígenas asesinados

El 24 de marzo, los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado oficial en el cual rechazan los asesinatos, atentados y amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas. En los últimos meses se han producido varias amenazas contra el Pueblo Indígena Nasa, sus líderes y sus autoridades. El 24 de enero, José Albeiro Camayo Güetio fue asesinado en presencia de su hijo de 13 años, y otros dos niños de 14 años fueron asesinados y secuestrados. Se cree que los actores armados forman parte de un grupo armado no estatal que ha ocupado el resguardo indígena Las Delicias, en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. El grupo también asesinó a Guillermo Chicame Ipia y a Breiner David Cucuñame López, de 14 años, el 14 de enero, y a Marcos Fidel Camayo Güetio el 21 de noviembre de 2021. El comunicado pide al gobierno local y nacional que investigue estos casos, que repare a las familias de las víctimas, que cree métodos de prevención y protección que funcionen para los miembros de la comunidad y que desmantele los grupos armados que controlan el territorio Nasa.

Amenazan al presidente de la Junta de Acción Comunal (Valle del Cauca)

El 24 de marzo, la Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) publicó una alerta sobre la amenaza contra el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de la Paz en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. En la alerta se hablaba de los diferentes ataques contra el presidente y líder social, John Janer Panameño, a lo largo del mes de marzo. NOMADESC hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que ayuden a proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Informe de violencia y ataques contra comunidades étnicas (Cauca)

El 26 de marzo, la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) publicó un informe sobre la violencia instigada por los grupos armados durante las elecciones legislativas en la costa pacífica del departamento del Cauca. En el informe se detallan varios casos de muerte, asesinatos y abusos contra los derechos humanos de líderes indígenas, miembros de la comunidad y líderes sociales afrocolombianos. El 13 de marzo, actores no identificados asesinaron a David Colorado, de 37 años. El 20 de marzo, disidentes de las FARC asesinaron a Domingo Cundumí. El informe también menciona la colocación de bombas explosivas en lugares públicos como el municipio de Guapi, en el Cauca, el 17 de marzo, lo que provocó el pánico entre la población, ya que estudiantes, profesores, personal y funcionarios de salud y pacientes tuvieron que evacuar la zona hasta el día siguiente. También hubo declaraciones sobre un joven de 21 años desaparecido, el asesinato de Federico Torres Perlaza el 11 de marzo y de Jaime Hurtado Viveros el 7 de marzo. La COCOCAUCA exigió la protección de los actuales líderes sociales, pidió a las disidencias de las FARC y al ELN el cese de las operaciones violentas y de los atentados, y a las organizaciones estatales, nacionales e internacionales que se alineen con la COCOCAUCA para atender la crisis humanitaria que se vive y proteger los derechos humanos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas.

Continúan las amenazas de muerte contra el líder social (Putumayo)

El 27 de marzo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) reveló dos nuevas fuentes que advierten de graves amenazas contra la vida de Jani Silva. Durante las últimas tres semanas, Silva y los guardias de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le habian sido asignados han sido seguidos y fotografiados mientras realizaban sus rutinas diarias – una continuación de los planes criminales, perfiles ilegales y amenazas contra Silva durante los últimos dos años. Los Comandantes de la Frontera, un grupo paramilitar, tomaron el control territorial y se mantuvieron presentes en Puerto Asís, departamento del Putumayo, en 2018, forzando el desplazamiento interno de Silva durante los últimos cuatro años. Silva es vocera de Somos Génesis: una organización que propone un acuerdo humanitario global y una paz territorial global para todos. Las amenazas contra ella y otros defensores de los derechos humanos y los conflictos armados siguen siendo ignoradas por el gobierno de Duque.

Grupos indígenas denuncian amenazas contra líderes (Cauca)

El 27 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas rechazó las nuevas amenazas contra la integridad cultural y física de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, junto con los cientos de casos de violencia contra los pueblos indígenas en la región. El 24 de marzo se envió a las autoridades indígenas un panfleto firmado por el Bloque Suroccidental de los paramilitares Águilas Negras; El panfleto iba dirigido a destacados líderes sociales como el senador Feliciano Valencia, la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez y la senadora electa Aida Quilcué, además de a miembros de la ACIN, la Asociación de Comerciantes de Colombia (ASOCOMC), la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (ACONC) y el INDEPAZ. Además, el miembro del consejo Miller Correa fue asesinado este mes, su muerte fue mencionada y premeditada en panfletos anteriores; esto sólo aumenta el riesgo para los mencionados en la nueva edición. La Comisión, unida a los líderes, autoridades y comunidades indígenas, sigue denunciando los abusos de los derechos humanos contra los pueblos indígenas, pidiendo al Ministerio del Interior y a otros actores del Estado que protejan a estos pueblos y defiendan sus derechos a la vida.

El candidato afrocolombiano a la vicepresidencia recibe amenazas de muerte

El 27 de marzo, Francia Márquez, líder social afrocolombiana y candidata a la vicepresidencia de Petro Gustavo, tuiteó que había recibido otra carta de los paramilitares de las Águilas Negras amenazando su vida y la de otros líderes sociales. La candidata pidió al presidente Duque que garantice su seguridad y la de su familia, así como la de los demás líderes.

Autoridades indígenas rechazan el asesinato del gobernador (Chocó)

El 30 de marzo, las autoridades de la Mesa Indígena del Chocó emitieron un comunicado público en el que rechazaban el asesinato del gobernador indígena Sercelino Lana en el municipio de Medio Atrato, departamento del Chocó. El 25 de marzo, el gobernador Lana fue rodeado por paramilitares armados del Clan del Golfo que lo llevaron al interior, lo mataron y dejaron su cuerpo en el agua. Su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en la superficie el lunes siguiente. Lana era el gobernador de la comunidad de Tamando y su muerte dejó huérfanos a sus tres hijos. El movimiento indígena del Chocó pidió que los grupos armados respeten los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y que estos grupos sean retirados de sus territorios. La declaración también responsabilizó al gobierno nacional del exterminio sistemático de los líderes indígenas y de su incapacidad para proteger a estas poblaciones vulnerables. 

Masacres

Masacre en la Costa Caribe colombiana (La Guajira)

El 1 de marzo, según INDEPAZ, sicarios armados masacraron a tres personas, una de ellas identificada como Alex Chacín, en un tiroteo con fuego abierto en una vivienda del municipio de Maicao, departamento de La Guajira. De las tres víctimas, dos murieron en el momento del impacto y la tercera falleció de camino al hospital. La Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que advierte a la población sobre los grupos armados ilegales y los grupos armados transnacionales. La presencia de estos grupos en la zona es especialmente amenazante para los civiles que viven en la periferia y en las zonas rurales, principalmente por su control sobre los pasos fronterizos irregulares y los asentamientos humanos. El incidente supuso la vigésima masacre documentada de 2022 en Colombia.

Dos niñas y un joven masacrados (Antioquia)

El 16 de marzo, hombres armados entraron en una casa del municipio de Venecia, en el departamento de Antioquia, y abrieron fuego, matando instantáneamente a tres venezolanos no identificados: dos niñas de 14 y 15 años y un joven de 24 años. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció públicamente el ataque y aseguró que los organismos de seguridad estaban investigando los asesinatos.

Masacre de actores armados (Valle del Cauca)

El 28 de marzo, actores armados masacraron a tres personas en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca. Las tres personas fueron asesinadas con fuego abierto y fueron identificadas como Gabriel Gaudy León Castillo de 38 años, Jesús Rafael Merentes Castillo de 20 años y Darwin Yonaique Portales de 25 años. Las economías ilícitas en estos municipios ayudan a los actores ilegales y legales a financiar el conflicto armado a través del narcotráfico. Los principales actores armados que hacen presencia en la región son miembros del ELN y del Clan del Golfo.

Conflicto armado/Grupos armados ilegales/Femicidios

La situación humanitaria queda sin resolver (Santander)

El 14 de febrero, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) difundió una acción pública urgente en la que pedía la protección y las garantías de los derechos humanos para los líderes sociales, los políticos, la comunidad LGBTQ+, los defensores de los derechos humanos, los ecologistas y los sindicatos. El informe condenaba seis crímenes cometidos contra estas personas por el grupo paramilitar Clan del Golfo y contextualizaba la crisis humanitaria en la región del Magdalena Medio. Según la acción urgente, el conflicto armado, los grupos guerrilleros como el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos paramilitares, y la minería y el fracking han provocado la escasez de agua potable, energía y otras necesidades básicas para las comunidades afro e indígenas desplazadas. CREDHOS hizo un llamado al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y a otras autoridades para que implementen planes de protección para estas comunidades bajo acuerdos específicos de derechos humanos preestablecidos.

Conflicto armado en la costa del Pacífico (Cauca)

El 22 de febrero, la COCOCAUCA informó sobre los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Estos enfrentamientos se saldaron con una joven estudiante herida por una bala perdida, entre otras muchas víctimas. Varios estudiantes tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano al quedar atrapados en el fuego cruzado durante su periodo de recreo. La COCOCAUCA también informó de varios asesinatos como consecuencia del conflicto, entre ellos el del policía Anderson Darío Montenegro en la zona de López de Micay el 20 de febrero. Los enfrentamientos dieron lugar a un total de cuatro asesinatos de civiles. COCOCAUCA aboga por la paz y la justicia mientras continúa el resurgimiento del conflicto armado interno en la costa pacífica del Cauca.

Hallan a una joven de 22 años muerta en un vertedero por un feminicidio (Valle del Cauca)

El 1 de marzo, según la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP), miembros de la comunidad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, encontraron el cuerpo de Lina Liceth Rivas Caicedo, de 22 años, en un vertedero. La CIVP condenó enérgicamente el feminicidio de Rivas Caicedo y alertó a la comunidad internacional sobre la continua violencia contra las mujeres en el departamento del Valle del Cauca. La CIVP denunció la violencia sexual, las amenazas y la persecución contra las mujeres, además de un mandato que silencia a las mujeres que enfrentan estas formas de acoso en muchas partes del departamento.

El Tribunal de Justicia Transicional insta al Gobierno a desmantelar los grupos armados ilegales

El 1 de marzo, según el INDEPAZ, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instó al gobierno central a tomar medidas para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales mediante la creación e implementación de un plan para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). La JEP solicitó a la Fiscalía que inicie las investigaciones disciplinarias necesarias, ya que, después de cinco años, aún no existe una política concertada de lucha contra los grupos armados organizados. Después del 28 de febrero, los magistrados concluyeron que no hay claridad sobre cómo el CNGS planea enfrentar estos temas, a pesar del asesinato de 306 ex combatientes de las FARC, entre ellos diez mujeres y uno de ellos indígena del departamento del Cauca.

El Consejo de Paz Afrocolombiano apoya los esfuerzos humanitarios de la Iglesia Católica (Chocó)

El 3 de marzo, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) expresó su apoyo a los esfuerzos humanitarios de la Iglesia Católica en el departamento del Chocó. La iglesia ha trabajado para concienciar sobre la actual crisis humanitaria que afecta a los afrocolombianos en todo el país en medio de la escalada de los conflictos armados internos. CONPA aplaudió a la iglesia por su creación de diálogos abiertos en diferentes municipios, por abogar por la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz de 2016 y por pedir acuerdos humanitarios. También emitieron un agradecimiento formal al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, al secretario general y a otros obispos que han mostrado y siguen mostrando su solidaridad con los afrocolombianos que enfrentan crisis humanitarias.

Los grupos armados ilegales intentan superar las economías mineras (Magdalena Medio)

El 7 de marzo, CREDHOS advirtió sobre las continuas crisis humanitarias y los crímenes contra los defensores de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. CREDHOS publicó anteriormente declaraciones similares en diciembre de 2021 y febrero de 2022. En esta última declaración, CREDHOS condenó la expansión de los grupos armados ilegales -en concreto el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC- que han intentado continuamente tomar el control de las economías mineras locales. Las operaciones de estos grupos armados ilegales han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el desplazamiento interno de líderes ambientales y los asesinatos de líderes campesinos que se han opuesto públicamente a los proyectos mineros extractivistas, particularmente en el municipio de Puerto Wilches. CREDHOS mencionó específicamente el asesinato de Teofilo Acuña y Jorge Tafur ocurrido el 22 de febrero en el municipio de San Martín, departamento del Cesar y el atentado contra Luis Acevedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Yanacué en el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar el mismo día. CREDHOS denunció todos los secuestros, persecuciones y atentados contra comunidades y líderes campesinos y se solidarizó exigiendo investigaciones por estos atentados.

Grupo paramilitar se infiltra en un pueblo indígena (Chocó)

El 10 de marzo, la CIJP informó de que diez hombres armados vestidos de camuflaje con la insignia del Clan del Golfo habían entrado en la Reserva Humanitaria del Alto Guayabal, en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó. La guardia ambiental avistó a los hombres caminando por el río Jiguamiando y les impidió entrar en el pueblo, y los paramilitares se retiraron al río. La guardia permaneció atenta a cualquier movilidad y avance del grupo y desarrolló estrategias de seguridad en caso de su avance. La expansión de los negocios mineros genera amenazas para el pueblo indígena embera que vive en la reserva. La CIJP denunció que estas comunidades viven en la zozobra y el miedo ya que el negocio minero extractivo sigue violando los derechos de las poblaciones indígenas y afrocolombianas en las zonas de Jiguamiandó y Murindó.

Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en el maletero de un coche, muerte por feminicidio (Magdalena Medio)

El 22 de marzo, CREDHOS denunció el feminicidio de Johana Paola Chávez Guzmán, de 41 años, propietaria de un bar local “La Tertulia” y madre de una niña de 10 años en Barrancabermeja. El cuerpo sin vida de Guzmán fue encontrado desmembrado y en descomposición en el maletero de un coche el 21 de marzo. En su comunicado, CREDHOS se solidariza con los amigos y familiares de Guzmán mientras continúan la investigación de su muerte para dar con el o los responsables. También rechazaron otros feminicidios ocurridos en Colombia a lo largo del año, como el de Sedigne, María Angélica, Maylen y María Esneda. La declaración condenó la violencia institucional contra las mujeres que borra estos casos en el sistema de justicia ineficaz, y pidió que la Fiscalía General de la Nación acelere la investigación para estas mujeres bajo la ley de feminicidio 1761 establecida en julio de 2015.

Derechos laborales y afrocolombianos

Las comunidades afrocolombianas exigen aportaciones al catastro de la reforma rural

El 24 de febrero, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la CONPA, que forman parte de la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos (IEANPE), publicaron una declaración con recomendaciones de política para el Catastro Multipropósito y de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR). El OSPR, creado en el capítulo de la Reforma Rural Integral del acuerdo de paz de 2016, está diseñado para priorizar el uso sostenible de la tierra rural a través de la administración de una adecuada titulación de tierras en los procesos agrarios y judiciales.

El PCN y el CONPA explican que las comunidades étnicas tienen un derecho histórico a contribuir al progreso económico y social de Colombia, especialmente para garantizar la seguridad y los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes. En su marco, piden la participación activa de las comunidades afrodescendientes, la transparencia, la creación de espacios de foro y diálogo, y la adhesión a las leyes de protección del medio ambiente y al Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016. También pidieron el apoyo de los organismos multilaterales, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que exijan la participación de las comunidades afrodescendientes, para que activen las políticas de salvaguardia social y ambiental, y para que los financiadores impulsen la participación de los afrocolombianos en cualquier diálogo sobre el proyecto. El PCN y la CONPA también pidieron a los representantes de los Estados Unidos y al gobierno de Biden que creen alianzas sólidas con las comunidades afrocolombianas como señal de apoyo.

El Comité Local de Solidaridad protesta por las violaciones laborales de la multinacional (Valle del Cauca)

El 17 de marzo, el Sindicato De Trabajadores De Colgate Palmolive Y Cia (Sintracolpa) organizó una protesta contra la empresa Colgate Palmolive y sus supuestas violaciones de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. La empresa aumentó los niveles de subcontratación para los trabajos de producción y contrató a terceros, lo que ha llevado a la reducción de puestos de trabajo en la planta local. Este proceso ha violado los derechos fundamentales de los trabajadores y ha aumentado las tasas de desempleo. El Comité y Sintracolpa convocaron a los delegados y a las organizaciones multilaterales a estar presentes en la protesta como señal de solidaridad con la causa.