El Colectivo ha contribuido además a la formación de defensores y defensoras de derechos humanos en las más apartadas regiones del país y ha propiciado la organización de las comunidades y de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto interno armado en torno a la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas.
Por eso, ante las graves imputaciones formuladas, en el marco del caso de la masacre de Mapiripán y las irresponsables manifestaciones públicas en su contra efectuadas por el Presidente de la República, varios de sus Ministros, así como por el Procurador General de la Nación:
1. Reiteramos que las labores del Colectivo en relación con la masacre de Mapiripán y con otros casos en curso ante los organismos y tribunales internacionales de derechos humanos hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos y a hacer exigibles los derechos de las víctimas.
2. Recordamos que es deber del Estado colombiano a través de las autoridades competentes y en especial de los órganos de justicia, esclarecer los hechos, precisar las circunstancias y someter a la justicia a los responsables de los mismos. En el caso de las víctimas de desaparición forzada, el Estado tiene, además, la obligación de individualizarlas, buscarlas, hallarlas (vivas o muertas) e identificarlas plenamente.
3. Reclamamos plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país, exigiendo en especial que cese la estigmatización y el señalamiento público proferido contra el Colectivo de Abogados, por parte de servidores públicos quienes están obligados a respetar el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia de toda la ciudadanía y en especial de los y las defensoras de derechos humanos. En el caso de las autoridades judiciales y de los órganos de control, reiteramos que las obligaciones constitucionales y legales les demandan independencia e imparcialidad. Tales garantías se invocan de manera irrestricta ante las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales anunciadas por las autoridades del Estado referidas al caso de Mapiripán.
4. Exigimos resultados judiciales concretos en materia de esclarecimiento y determinación de responsabilidades materiales e intelectuales por la sistemática persecución criminal emprendida contra el Colectivo de Abogados, expresada en hechos como las declaraciones amenazantes del entonces Presidente Uribe Vélez, panfletos y las interceptaciones e interferencias ilegales encomendadas al DAS.
5. Reiteramos la importancia de las medidas y acciones del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos para la vigencia de la democracia y de los derechos humanos en Colombia. Y alerta la utilización que hacen, como en la referida masacre de Mapiripán, sean aprovechadas para contribuir al debilitamiento del papel, que a favor de las víctimas, cumple la CIDH; y que se restrinjan el papel de las víctimas y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
