Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar-, organización defensora de derechos humanos, atendimos la solicitud de presentar alerta ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, y respaldamos a mujeres wayúu del Resguardo Indígena de Provincial y autoridades tradicionales, en sus denuncias por los impactos de la actividad extractiva de carbón en sus vidas, ambiente sano y derecho a la salud de niños y niñas, en el contexto de la pandemia COVID-19.

El Cajar ha acompañado durante más de seis años los esfuerzos de este grupo de mujeres y autoridades tradicionales por hacer visibles las afectaciones resultantes de la explotación minera de carbón a cielo abierto y botaderos que opera la empresa Carbones del Cerrejón Limited a menos de un kilómetro de su territorio, las cuales han sido reconocidas por la Corte Constitucional colombiana.

En efecto, luego de un extenso debate probatorio, en el que se examinaron las historias clínicas e informes de la Secretaría de Salud de Barrancas, la Corte comprobó las serias afectaciones a la salud a la que está expuesta la comunidad wayuu, entre las que se incluyen enfermedades como: “riesgo de alteraciones a nivel celular, cáncer, neumonías bacterianas no especificadas, neumocosis, bronquitis crónica, fibrosis masiva, asma mixta, asma bronquial, laringitis obstructiva aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), infecciones agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores y otras infecciones agudas de “sitios múltiples de las vías respiratorias superiores e inferiores” (Sentencia T-614 de 2019).

Por ello y ante la gravedad que representa la divulgación de la reciente evidencia científica que asocia mayores tasas de mortalidad por Covid 19 en personas con enfermedades respiratorias preexistentes, como está probado es el caso de habitantes de la comunidad de Provincial, estas mujeres y distintos integrantes de la comunidad autorizaron a Cajar para alertar en escenarios internacionales sobre la agudización de su vulnerabilidad. Esta autorización expresa fue debidamente anexada a todas las instancias a las que nos hemos dirigido.

Se repite la misma estrategia que quedó al descubierto ante la Corte Constitucional cuando se buscó deslegitimar las voces de las mujeres que acudieron a la acción de tutela y de quienes al interior de la comunidad las respaldan. En aquella oportunidad la Corte determinó:

En el asunto concreto, se evidencia que las accionantes, Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, son integrantes del Resguardo Indígena Provincial; adicionalmente, se destaca que varias decenas de miembros de la comunidad presentaron un escrito coadyuvando esta acción e, inclusive, el entonces Gobernador del Cabildo, el señor Luis Segundo Bouriyú, la ratificó en todos sus aspectos.

Aunque se vislumbra que, posteriormente, se eligió un nuevo Gobernador y éste señaló su rechazo al amparo, la Sala concluye que esto no tiene la potencialidad de desvirtuar la legitimación de las accionantes para formular la presente tutela, ni mucho menos puede entenderse como un desistimiento. Así las cosas, se acredita el cumplimiento de este requisito de cara a la defensa de los derechos fundamentales de las demandantes y los de la comunidad en su sentido colectivo.”

En ese sentido, honramos la dignidad y la legitimidad de la voz propia de estas mujeres que no callan, ni consienten tantas injusticias cometidas en contra de su pueblo. Según las propias palabras de Luz Ángela Uriana quien ha defendido la salud de sus hijos menores:

“Los que estamos en esta lucha es porque tenemos dignidad y no nos dejamos comprar por cualquier peso”

“Lo que estamos exigiéndole al Cerrejón es por la salud de nuestros niños, estamos luchando por nuestros derechos propios que es de vivir en un territorio sano, en un resguardo sin contaminación como era antes de llegar Cerrejón, aquí recibimos la contaminación minera las 24 horas. Yo tengo mis hijos y por ellos si me tengo que enfrentar al mundo entero yo lo hago, y si tengo que ir donde tenga que ir yo lo voy hacer, por mi familia, por la memoria de los niños que han muerto y han enfermado por la contaminación”

Según lo ha manifestado la Relatoría Especial de pueblos Indígenas de la ONU preocupa que el COVID-19 este exacerbando las situaciones de derechos humanos actuales y en curso que enfrentan muchos pueblos indígenas. De acuerdo con su comunicado los pueblos indígenas suelen estar sometidos a situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad “a lo que se suman los efectos de la contaminación ambiental y, en muchos casos, la falta de acceso a servicios adecuados de atención de la salud como consecuencia de ello, muchos tienen sistemas inmunológicos reducidos, afecciones respiratorias y otros problemas de salud, lo que los hace particularmente vulnerables a la propagación de enfermedades.”

Por las anteriores razones, entre otras, desde Cajar continuaremos respondiendo al llamado que este grupo de mujeres y autoridades tradicionales del Resguardo wayúu de Provincial. En ese sentido consideramos que:

– Exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce los derechos de las mujeres wayúu de Provincial es un derecho legítimo.

– Las mujeres denunciantes lo hacen en ejercicio de su autonomía que también debe ser respetada, si sus hijos e hijas están enfermando tienen derecho a expresarlo. Los acuerdos de la empresa con la figura del Cabildo gobernador no están por encima de la vida de niños y niñas indígenas.

– El sistema normativo wayuú y la autonomía indígena reconoce también a las autoridades tradicionales. Seis de estas autoridades hacen parte del grupo de mujeres que viene denunciando a Carbones del Cerrejón en razón del polvillo de carbón que está enfermando a sus familias. Una de estas mujeres autoridad tradicional aseguró: “el Cabildo Gobernador es una figura que dura un año o dos y es elegido por la imposición de la ley Arijuna para la administración del Resguardo, nosotros las autoridades tradicionales lo somos por la Ley wayuu y seremos autoridad de por vida.”

– Consideramos que es de suma importancia apoyar las causas justas de las mujeres y se debe desistir de emprender acciones dirigidas a acallar sus voces.

Finalmente es necesario advertir que de las acciones instauradas por las mujeres, acompañadas y apoyadas por el Cajar no persiguen ningún tipo de pretensión económica o ánimo de lucro.

Bogotá D.C., junio de 2020