Señalamientos de alcalde Galán contra presidente de la CUT son estigmatizantes y vulneran el derecho a la protesta social

Señalamientos de alcalde Galán contra presidente de la CUT son estigmatizantes y vulneran el derecho a la protesta social

Bogotá, 3 de junio de 2025. Desde el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) rechazamos los señalamientos hechos por el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los cuales constituyen actos de estigmatización y censura al legítimo derecho a la protesta social.

De otro lado, responsabilizar al líder sindical de actos de violencia ocurridos en el marco de la protesta y amenazar con denunciarlo penalmente por convocar movilizaciones sociales es una vulneración a las garantías para ejercer el derecho fundamental a la protesta y movilización. .

La expresión del alcalde Galán contraviene el marco jurídico internacional de protección del derecho a la protesta, que establece que las personas manifestantes pueden elegir libremente el medio para expresar sus demandas y que los cortes de ruta o bloqueos de vías son expresión legítima de este derecho. Igualmente, la propia Fiscalía General de la Nación, en seguimiento a decisiones de la Corte Constitucional, ha establecido que para que exista un delito, el bloqueo de vías debe realizarse mediante medios ilícitos o violentos (Directiva 01 de 2024).

El alcalde de Bogotá, como representante del Estado, está obligado a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respetar y proteger el derecho a la protesta y, en cumplimiento de ello, abstenerse de emitir pronunciamientos que puedan afectar su libre ejercicio, tal como señaló la Corte Suprema de Justicia (STC-7641 de 2020).

El movimiento social, sindical y de derechos humanos ha coincidido en señalar que asegurar y proteger de manera integral el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública en Colombia es necesario para fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana, tal como establece el punto 2 del Acuerdo de Paz de 2016.

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