• La jueza expidió orden de captura inmediata contra Óscar Alexander Márquez Rojas, debido a que desde hace más de un año el expatrullerono comparece en el proceso, incumpliendo órdenes de la autoridad judicial, especialmente la orden de detención domiciliaria, pues se desconoce en este momento su paradero. 
• En junio del año pasado, gracias a la incesante búsqueda de justicia de los familiares y del Cajar, como su representante, el expolicía Óscar Alexander Márquez fue inhabilitado por 20 años de su cargo y Wilmer Andrés Ricaurte por ocho. En ese momento, la Procuraduría determinó que Márquez incurrió en un uso excesivo e injustificado de la fuerza en contra de la víctima, disparando de forma indiscriminada el arma en su contra, lo que le ocasionó la muerte, y que Ricaurte hizo un uso indebido de su arma de fuego durante las manifestaciones, incumpliendo los mecanismos institucionales definidos para garantizar la seguridad en las protestas.  

Bogotá, 9 de abril de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), en su calidad de representante de las víctimas, informa a la opinión pública que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Soacha emitió histórico sentido de fallo condenatorio contra los expatrulleros de la Policía Nacional Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla por el caso de Anthony Gabriel Estrada Espinosa, ocurrido en el contexto de la denominada masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 (9S), en la que 13 jóvenes fueron asesinados por agentes de la fuerza pública y decenas de personas resultaron heridas. El próximo 19 de junio se hará lectura de la condena. 

La jueza acogió la teoría del caso presentada por la Fiscalía y por la representación de víctimas, reconociendo que las pruebas técnicas, científicas y balísticas permitieron establecer con claridad no solo la ocurrencia de los hechos y el daño causado, sino también la responsabilidad de los procesados. En particular, se acreditó la correspondencia entre el proyectil que causó la muerte de Anthony Estrada y el arma de dotación del patrullero Márquez Rojas, quien será condenado por el  homicidio del joven y por ocultamiento de pruebas. Por su parte, el expolicía Wilmer Ricaurte recibirá condena por ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

El despacho judicial determinó la responsabilidad penal por el delito de ocultamiento de elemento material probatorio, al evidenciarse que los uniformados omitieron reportar el uso real de munición, en contravía de los protocolos legales y con el propósito de alterar la trazabilidad de los hechos. 

De otro lado, la jueza anunció la expedición de orden de captura contra el expatrullero Óscar Alexander Márquez Rojas, en atención a su incumplimiento de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, lo que refuerza la necesidad de asegurar la comparecencia efectiva de los responsables ante la justicia. 

Este sentido de fallo constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad en uno de los episodios más graves de abuso policial reciente en Colombia. La decisión judicial reconoce elementos fundamentales que las víctimas, sus representantes y las organizaciones han sostenido: el uso ilegítimo de la fuerza, la violación de los derechos humanos en el contexto de la protesta social, la posición de garante que deben ostentar los agentes del Estado y ante esto, la urgencia de hacer cambios estructurales en la fuerza pública para que hechos atroces como este no se repitan en Colombia.  

Es importante resaltar que, en junio del año pasado, gracias a la incesante búsqueda de justicia de los familiares y del Cajar, como sus representantes, el expolicía Óscar Alexander Márquez fue inhabilitado por 20 años de su cargo y Wilmer Andrés Ricaurte por ocho. La Procuraduría determinó que Márquez incurrió en un uso excesivo e injustificado de la fuerza en contra de la víctima, disparando de forma indiscriminada el arma en su contra, lo que le ocasionó la muerte, y que Ricaurte hizo un uso indebido de su arma de fuego durante las manifestaciones, incumpliendo los mecanismos institucionales definidos para garantizar la seguridad en las protestas.   

El joven Anthony Gabriel Estrada Espinosa había migrado desde Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida para él y su familia y esperaba pronto reencontrarse con su hijo. Lamentablemente se convirtió en una de las 13 víctimas mortales de la masacre del 9S, ocurrida en Bogotá y Soacha durante las jornadas de protesta contra el asesinato de Javier Ordóñez, también a manos de la Policía. Su caso simboliza la gravedad de los abusos policiales cometidos en esos días y la urgente necesidad de transformaciones estructurales en la institución policial. 

En esta masacre, además de Anthony Estrada, perdieron la vida a manos de agentes estatales los jóvenes Cristhian Andrés Hurtado, Julieth Ramírez Mesa, Angie Paola Baquero Rojas, Lorwan Stiwen Mendoza, Freddy Alexander Mahecha, Cristian Camilo Hernández Yara, Julián Mauricio González, Germán Smith Puentes Valero, Jaider Alexander Fonseca Castillo, Andrés Felipe Rodríguez Ávila y Cristian Alberto Rodríguez Cano y Eider Arias, así como la señora María del Carmen Vihuche, de 62 años.   

Es importante resaltar que de 87 agentes que utilizaron munición las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, solo tres han sido imputados. Desde el Cajar esperamos un rápido avance en las investigaciones que lleve a un pronto juicio para el establecimiento de la verdad y la justicia.    

Lamentablemente la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 no es un caso aislado, son muchas las víctimas de la Policía Nacional y especialmente del ESMAD en Colombia. Los familiares de víctimas de abuso policial y las organizaciones sociales han instado el Estado colombiano al esclarecimiento de los hechos, a identificar patrones criminales, políticas institucionales y los responsables de alto nivel, a que se reforme la Policía y se retire de la entidad a los agentes que han estado involucrados en violaciones a los DD.HH para que estos crímenes no se repitan y a desarrollar cambios estructurales para que se respete el derecho a la protesta en Colombia, entre otras medidas.  

Desde el Cajar insistimos en la urgencia de: 

• Acelerar las investigaciones para garantizar verdad, justicia y reparación integral a todas las víctimas del 9S.
• Identificar y sancionar no solo a los autores materiales, sino también a los responsables de mando y a quienes diseñaron o permitieron prácticas contrarias a los derechos humanos.
• Adoptar reformas estructurales a la Policía Nacional que garanticen el respeto por la vida, la integridad personal y el derecho a la protesta.
• Prohibir de manera efectiva el uso de armas de fuego en contextos de manifestación social y asegurar mecanismos de control y rendición de cuentas.

Seguiremos acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia y en la exigencia de garantías de no repetición.