Especialmente, ha fracasado en ofrecer justicia por los crímenes cometidos en materia de derechos humanos por las fuerzas armadas. Certificar a Colombia bajo estas condiciones sería decirle al nuevo gobierno de Colombia que EEUU no es serio cuando se trata de mirar este tipo de abusos. Si se abstiene de certificar a Colombia, tal como ocurrió en la anterior administración, EEUU no sólo apoyaría el Estado de derecho en Colombia, sino que además transmitiría un mensaje de sus expectativas sobre el nuevo gobierno de Colombia, alentándolo para que en todas sus actuaciones respete y garantice los derechos humanos.

Urgimos que el Departamento de Estado se abstenga de certificar a Colombia hasta que se vean resultados claros del avance de los casos de derechos humanos y se combata la enorme impunidad que existe en Colombia al respecto.

A continuación se presentan algunas de las muchas y graves violaciones de derechos humanos cometidas desde septiembre de 2009, fecha en la que se expidió la última certificación a Colombia, las cuales suponen un incumplimiento de los condicionamientos a la ayuda militar estadounidense

Fracaso en cumplir con la condición de investigar y procesar las violaciones cometidas por las fuerzas armadas de Colombia. A pesar de que EEUU presionó para investigar y procesar a los miembros de las fuerzas armadas que fueron responsables de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, no ha habido casi ningún avance en este frente.

El sistema de justicia militar se ha demorado en transferir los casos de derechos humanos a los jueces civiles después de un período en que hubo ciertos avances. Con posterioridad a que la directora ejecutiva de la justicia militar se vio obligado a renunciar en mayo de 2009, la transferencia de los casos se ha hecho
dramáticamente lenta: de 34.5 casos transferidos por mes en el 2008 se pasó a 3 casos por mes en el último trimestre de 2009 [1].

El sistema civil de justicia ahora está investigando casos que envuelven aproximadamente 3 mil víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales desde el año 2002, con resultados que aún son muy lentos. De aproximadamente 30 oficiales militares de alto nivel que fueron despedidos de sus cargos como reacción al
escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, no ha habido ni un solo cargo jurídico o condena por dichos crimes, y algunos de ellos continúan prestando servicio
 [2]

Incluso en dos de los casos de más alto perfil la impunidad todavía continúa. En el sonado caso de Soacha, no hay condenas después de dos años y medio y los procesos judiciales están avanzando a paso de tortuga. De los 62 miembros de las fuerzas armadas que han sido vinculados a este caso, 54 han sido liberados debido
al vencimiento de términos, con solo algunos militares que todavía continúan en custodia.

Cuando se hizo la liberación de estos militares por vencimiento de términos, el ejército organizó una suntuosa fiesta, que incluyó masajes, regalos, spa y días libres. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación no ha
tomado acciones disciplinarias contra estos oficiales que presuntamente estuvieron involucrados con el caso. Entretanto, las familias de las víctimas continúan siendo amenazadas.

Diez solados involucrados con la masacre de 5 adultos y 3 niños en la comunidad de San José de Apartadó en el año 2005 fueron absueltos de toda responsabilidad por un juez en Antioquia. Esta sentencia estableció que la existencia de un grupo conjunto formado por miembros del Ejército y paramilitares no era evidencia
adecuada para culpar al Ejército en la planeación de crímenes, y descartó como evidencia la confesión de un capitán del Ejército y la de un soldado que prestó servicio en el momento en que se presentó el crimen sobre la relación de oficiales del Ejército con miembros paramilitares en la planeación y ejecución de la masacre.
El juicio estuvo marcado por obstáculos tales como la falta de cooperación del INPEC en el traslado de los paramilitares detenidos al juicio, quienes eran testigos clave en la investigación, sin ninguna explicación, y por la ausencia de acceso de los familiares de las víctimas a las audiencias
 [3]

Existen cerca de 150 miembros de los militares mencionados por los lideres paramilitares en las audiencias de “Justicia y Paz”, como colaboradores de los paramilitares, a muy pocos de ellos les han imputado cargos judiciales y sólo uno ha sido condenado. A pesar de que al menos diez generales han sido denunciados por
formar grupos paramilitares, o han sido asociados con sus crímenes, no se han iniciado investigaciones judiciales en su contra.

Existe uno pronunciado incumplimiento durante este período de la obligación de avanzar en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y sus conexiones. Mas allá de ser desmantelados, los paramilitares y los nuevos surgidos con posterioridad al proceso de desmovilización, han expandido su presencia en los últimos dos años. Operan en al menos 600 de los 1090 municipios, y muchos grupos son liderados por hombres que fueron líderes de las AUC. Sigue habiendo evidencia de la colaboración entre militares y paramilitares, la cual se da en al menos 10 departamentos del país. Un ejemplo es Argelia, en donde desde el 2006 hasta el presente los crímenes cometidos por estructuras paramilitares han frecuentemente tenido lugar cerca a retenes policiales o del ejército o cuando hay movilizaciones de tropas cerca al perímetro de pequeños pueblos mientras los paramilitares operan ahí. La comisión de masacres y asesinatos selectivos en muchas áreas del país están incrementando nuevamente, tal como se evidenció en la ola de amenazas de muertes hechas por paramilitares durante los meses de abril y mayo del 2010, con cientos de individuos de organizaciones no gubernamentales que fueron blancos de éstas.

Falta de cumplimiento de los requerimientos de respeto a defensores de derechos humanos, sindicalistas, indígenas y comunidades afro-colombianas. Desde septiembre de 2009, 26 defensores de derechos humanos y líderes de comunidades han sido asesinados. Solo en mayo de 2010, 9 líderes fueron asesinados. Muchos de los que fueron asesinados participaron en el taller nacional de garantías (un grupo gubernamental y no gubernamental que discutió las garantías de los defensores de derechos humanos para poder realizar su trabajo); al menos 8 personas que participaron fueron asesinadas en los últimos tres meses.

Un defensor fue asesinado dos días después de reunirse con el Ministro del Interior. En el 2010, hasta el momento 31 líderes sindicales han sido asesinados, 7 líderes comunitarios y un líder indígena.

Ha habido un incremento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril del 2010. A pesar de las innumerables alertas nacionales e internacionales, el anterior gobierno de Colombia parece no prestar atención. 110 defensores colombianos de derechos humanos, líderes de
desplazados, grupos de comunidades y afro-colombianos han recibido amenazas por correo electrónico, panfletos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

La organización no gubernamental estadounidense WOLA también recibió amenazas. Hasta la fecha, la investigación de los correos electrónicos enviados con
las amenazas no ha arrojado ningún resultado.

La Fiscalía General de Colombia está investigando la posible participación de al menos 4 asesores presidenciales que tenían conocimiento de los seguimientos ilegales y “chuzadas” del DAS a miembros de la oposición, a magistrados de la Corte Suprema, a periodistas y a defensores de derechos humanos. En las
investigaciones sobre el DAS, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, se muestra que estas operaciones fueron mas allá de simples interceptaciones telefónicas. Estas eran más una campaña para desprestigiar a la oposición, lo cual se obtuvo mediante estrategias como el montaje de un video de las
FARC, el requerimiento de la suspensión de la visa de un periodista (posiblemente a los Estados Unidos), la falsificación de vínculos con grupos ilegales armados, sabotaje (robo de pasaportes, cedulas de ciudadanía),
falsas acusaciones en público, amenazas y extorsión [4]. Mientras algunas de estas acciones ocurrieron entre el 2004-2006, otras se dieron entre el 2007 – 2009, y todavía no tenemos la seguridad de que estas interceptaciones y seguimientos ilegales hayan terminado. Aunque La Fiscalía continúa investigando estos
hechos, en el Congreso cursa un proyecto de ley que pretende suprimir el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia, al cual no se le ha dado trámite.

Estas acciones del Estado colombiano contra algunos de los más sobresalientes defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, anulan completamente cualquier derecho a la libre expresión y a la libre asociación en Colombia. Estas son todas antítesis a los requerimientos que condicionan la certificación con
relación al respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, los archivos del DAS aún no han sido depurados, con el fin de que la información que haya sido obtenida de manera ilegal sea eliminada de las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia.

Estos ejemplos demuestran que el gobierno colombiano en el último año ha fallado en el cumplimiento de las condiciones bajo la ley de los EEUU, y en muchos de estos puntos clave ha habido incluso un marcado deterioro. Certificar a la luz de estas graves violaciones de derechos humanos y de la persistente impunidad seria desconocer abiertamente lo prescrito en la ley. Llamamos al Departamento de Estado a abstenerse de la certificación y a promover la mejoría real y sustentada de
los estándares de los derechos humanos en Colombia.

Notas