Bogotá, 20 de mayo de 2024. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria contra María del Pilar Hurtado Moreno, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y de Bernardo Moreno, exdirector del Dapre, por seguimiento y espionaje ilegal contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados del país.  

La decisión ratifica la condena emitida en abril de 2015, en la que los exfuncionarios públicos fueron condenados a 14 y 8 años de pena privativa de la libertad respectivamente, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad en documentos públicos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad en función pública.  

“Es muy importante esta sentencia. Sin embargo, es lamentable la demora del trámite, pues se trata de hechos ocurridos hace unos 18 años, con sentencia condenatoria emitida en 2015, que se ratifique solo 10 años después. Esto preocupa desde el punto de vista de administración de justicia, por lo que urge se tomen correctivos para agilizar los procesos y la entrega de justicia a las víctimas,” señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas, quien indicó que espera que se cumpla plenamente la decisión. 

Agregó el jurista que la condena aborda crímenes cometidos entre los años 2007 y 2008, en los que, por órdenes del Presidente de la República de ese momento, se hicieron seguimientos ilegales a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, a personas defensoras, periodistas, a congresistas y personas de oposición, entre otros. Desde el Cajar en este caso representamos a la exsenadora Piedad Córdoba, quien fue víctima de seguimientos, hostigamientos e interceptaciones ilegales por parte de agentes del Estado, entre otros crímenes en su contra. 

Para cometer estos crímenes, se utilizaron todos los medios oficiales e instrumentos que tenía el extinto DAS, se falsificaron documentos públicos y se abusó de la función pública. 

La sentencia determinó que estas conductas punibles están acreditadas por las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, entre las que se encuentran grabaciones de las interceptaciones ilegales, documentos y declaraciones de los exintegrantes del extinto DAS que cumplían las órdenes ilegales, las cuales ratifican quiénes dieron las órdenes, a quiénes rendían los informes, cómo se interceptaban las comunicaciones de los magistrados que juzgaban los procesos penales contra miembros de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe y que buscaban desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.