Bogotá, 27 de noviembre de 2025. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), como representante de víctimas, informa que la Fiscalía General de la Nación acaba de notificar que profirió resolución de acusación en contra de nueve exmilitares por tortura agravada durante los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, ocurridos hace 40 años.

La decisión comparte y respalda la tesis presentada por la parte civil, en cabeza de Cajar, que argumentó la existencia de un patrón sistemático de detención y tortura, que involucraba: (1) La calificación de las víctimas como “sospechosas o especiales”, (2) el traslado y retención inicial en el segundo piso de la Casa del Florero, donde fueron víctimas de malos tratos, (3) el traslado a guarniciones militares, donde se consumaron las torturas. Todo esto, siempre a manos de integrantes del Ejército Nacional, como quedó demostrado, según la Fiscalía.

Esto, sin dejar de lado el relato de José Vicente Rubiano Galvis sobre su detención arbitraria en Zipaquirá, quien no se encontraba en el Palacio de Justicia.

La decisión se toma respecto de los casos de los entonces estudiantes de la Universidad Externado Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, así como el abogado Orlando Quijano y el funcionario público José Vicente Rubiano, entre otros.

La resolución de acusación como coautores impropios del delito de tortura agravada fue proferida en contra de los exmilitares: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.

“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden,” indicó el abogado Rafael Barrios Mendivil, cofundador de Cajar y representante de víctimas en el ámbito nacional e internacional.

La Fiscalía resaltó “la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en la actuación (Plan Tricolor 83 y manuales) y cómo la aplicación de lo que en ellos se disponía implicó la vulneración de los mínimos derechos humanos e incidió en los procesados para acometer las torturas”.

Vale la pena resaltar que el Plan Tricolor 83 es un documento operativo militar que permitió analizar la cadena de mando y las directrices que, según la Fiscalía y la parte civil, llevaron a la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Plan fue activado por altos mandos como Ministro de Defensa, Comandante de las Fuerzas Militares y la Brigada XII.

Finalmente, la Fiscalía también resaltó que se evidenció con la prueba recaudada la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la coordinación de las unidades, el mando de Arias Cabrales y el liderazgo de Sánchez Rubiano, relevando sobre ellas, el Informe de Policía Judicial de 26 de septiembre de 2016. Consideró que con base en la prueba está demostrada la ocurrencia de las torturas y también la responsabilidad de los involucrados. Pidió que sean acusados