Bogotá, 11 de febrero de 2026. Los y las familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, en conjunto con el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), denunciamos ante la opinión pública y la sociedad colombiana los siguientes hechos que atentan gravemente contra el derecho a la verdad y a la integridad de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente:
- Irregularidades en la Escuela de Logística del Ejército: El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Recuperación de elementos probatorios: Durante dicha intervención se hallaron elementos que, gracias a la gestión de la JEP, fueron recuperados y sometidos a análisis forenses.
- Confirmación de rastros de sangre humana: El Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado el hallazgo de sangre humana en uno de los elementos recuperados. Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar.
Ante la evidencia de que este sitio albergaba restos biológicos, familiares y víctimas planteamos el interrogante que el Estado debe responder: ¿Se encontraba allí inhumado Pedro Julio Movilla?
Exigencias al Estado colombiano
Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se tomen las siguientes medidas inmediatas:
- Protección Integral: Garantizar la custodia definitiva del predio, impidiendo cualquier intervención de personal militar o externo.
- Declaratoria de Espacio de Memoria: Que el sitio sea reconocido formalmente como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas.
- Garantía de Verdad: Que el Estado cumpla con su deber ético y jurídico de esclarecer los crímenes cometidos en este recinto y determine el paradero de las personas desaparecidas.
El 22 de junio de 2022, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio. En su sentencia, entre otras, la Corte IDH ordenó continuar las acciones de búsqueda. En este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia.
“La preservación de la prueba no es solo un trámite judicial, es un derecho de las familias a saber qué pasó con sus seres queridos.