El acuerdo logrado en La Habana, denominado “Medidas inmediatas de construcción de confianza que contribuyan a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” significa un avance sustancial para las más de 45.000 víctimas de Desaparición Forzada y sus familiares en su larga y difícil búsqueda de respuestas a las preguntas: ¿Dónde están?, ¿Por qué se los llevaron?; y ¿Quiénes son los responsables?

Por esta razón el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia PsicosocialEQUITAS, saluda la decisión conjunta del Gobierno Nacional y las Farc de adelantar las acciones que se requieran para una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, así como la de crear una Unidad especial para este fin. Este compromiso que asumen las partes sin duda es una esperanza para las familias de los desaparecidos, quienes por años han estado sumidos en la incertidumbre y el dolor que produce no volver a saber de sus seres queridos ni tener certeza de su paradero.

Hacemos un llamado para que los mecanismos acordados respondan a las expectativas de las víctimas frente a su necesidad de conocer dónde se encuentran sus familiares, por qué se los llevaron y lograr establecer las responsabilidades individuales o colectivas frente a la comisión de este delito. Así mismo, instamos a las instituciones del Estado al desarrollo de estrategias innovadoras de búsqueda que arrojen resultados en cuanto al número de personas encontradas; y al establecimiento de mecanismos institucionales permanentes que garanticen la no repetición de los hechos.

El proceso de transición por el que atraviesa Colombia quedaría inacabado si no agotamos toda la capacidad del Estado en determinar el universo de las desapariciones forzadas: saber y visibilizar ante la sociedad cuántos son, sus nombres y sus historias; saber el por qué y para qué los desaparecieron; quiénes fueron los responsables de estos crímenes; y saber dónde están. Convidamos a las partes negociadoras para que los mecanismos de justicia transicional acordados en el marco de las negociaciones respondan a estas preguntas y se conviertan en una herramienta de verdad, dignificación y reparación para las víctimas y sus familiares.

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