El Gobierno nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” para enfrentar las consecuencias económicas y sociales del nuevo coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, así como de las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del virus. A la luz del Decreto 417 se han promulgado otro conjunto de decretos con medidas específicas. Estos decretos merecen ser discutidos en diferentes aspectos.

El Gobierno nacional considera que “es previsible que se requiera contar con recursos adicionales a los disponibles a través de los mecanismos ordinarios, que puedan ejecutarse de forma ágil e inmediata, con el fin de destinarlos exclusivamente a implementar medidas” a fin de “fortalecer el sistema de salud para garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención” para hacer frente a la actual crisis mundial desatada por la enfermedad COVID-19, entre otros.

Entre las fuentes de financiamiento que el Gobierno nacional espera manejar se encuentran: los recursos “a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, a título de préstamo o cualquier otro que se requiera”.

Con el Decreto 444 de 2020, en el que el Gobierno nacional usa recursos que le pertenecen a las Entidades Territoriales en calidad de “préstamo”, llama la atención la instauración de un sistema de corresponsabilidad a la inversa (Robin Hood a la inversa), en el sentido de que las entidades con menor capacidad fiscal para generar recursos propios y con acuciantes necesidades de gasto público, le prestan forzosamente al Gobierno Central Nacional, la Entidad con mayor capacidad financiera y fiscal para Situación Actual.

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