#JusticiaParaLas6402
Mediante una querella presentada ante la justicia argentina al amparo del principio de Jurisdicción Universal, familiares y representantes de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado colombiano, buscan que en esta instancia se investigue la responsabilidad penal que pueda tener el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), así como otras personas que no han sido investigadas por los mecanismos de justicia colombianos, en estos graves hechos mal llamados “falsos positivos”. La causa, presentada el 7 de noviembre, será conocida por el Juzgado Federal 2 a cargo del Juez instructor Sebastián Ramos.
Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia. Una investigación por parte del Juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales. Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de jurisdicción universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet, Efraín Ríos Montt y Hissène Habré.
Las querellantes son once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales de Colombia que han acompañado estos casos durante años, se trata del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), integrantes del “Espacio de Litigio Estratégico”. Están representadas por Máximo Castex, abogado argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos. Cuentan, además, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos argentinas, y sobrevivientes de la dictadura.
Las querellantes buscan justicia para las 6.402 víctimas de estos graves hechos que ocurrieron, en su mayoría, durante el periodo presidencial del exmandatario.
La denuncia se ha presentado en el marco del principio de jurisdicción universal que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas. Lo anterior, con el propósito de hacer justicia a las víctimas que a menudo se encuentran desamparadas en su lucha contra la impunidad y de desalentar la comisión de futuros delitos.
Los casos de jurisdicción universal están desempeñando un papel cada vez más importante a nivel internacional. El antecedente más conocido en la región es el de Augusto Pinochet, exdictador chileno, quien fue detenido en Londres hace 25 años por orden de la Audiencia Nacional Española, luego de décadas de búsqueda de justicia por parte de las víctimas.
En este caso, las querellantes han acudido a la justicia argentina porque esta nación es una de las que incorpora la jurisdicción universal, y cuenta con experiencia en esta clase de causas que involucran crímenes de Estado; investigando así las causas de Nicaragua, Myanmar ,Venezuela y España.
Los obstáculos para el juzgamiento a presidentes en Colombia
A pesar de que existen serios indicios de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos, la justicia colombiana (en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los mandatarios o exmandatarios) no ha adelantado una investigación seria, imparcial y efectiva que permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
A pesar de sus esfuerzos y avances en la investigación y esclarecimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP no cuenta con la facultad de llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios, aún cuando en el marco del macrocaso abierto para investigar los ‘falsos positivos’ se han escuchado versiones de un número importante de militares, algunos de los cuales han afirmado la existencia de una política para la presentación de resultados operacionales fraudulentos, y el presunto involucramiento del expresidente en estos hechos.
Los argumentos de la querella
En su argumentación, las querellantes señalan que hubo conocimiento temprano de la práctica por el exmandatario, falta de adopción de medidas por su parte y, además, que desestimó y descalificó las denuncias presentadas. Incluso, que a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó presionándolas para la presentación de bajas, como principal indicador de éxito en su política de Seguridad Democrática.
Así mismo, la querella presentada describe cómo las víctimas fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas, tras ser señaladas como integrantes de grupos guerrilleros o habiendo sido engañadas para luego ser trasladadas a lugares remotos donde serían presentadas como bajas en combate.
Estos crímenes fueron cometidos en 31 de los 32 departamentos del país, por todas las divisiones del ejército, con un mismo modus operandi. Según las organizaciones que interponen la querella “Estos elementos, presentados en su conjunto, dan cuenta de que no se trató de hechos aislados y que el Presidente de la República, comandante en jefe de las fuerzas armadas, podría tener responsabilidad penal de la ocurrencia de estos crímenes que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Con esta acción, las víctimas esperan que la justicia argentina –con su trayectoria destacada juzgando criminales de lesa humanidad- investigue con plenas garantías al presunto más alto responsable durante el periodo 2002-2008 de los mal llamados falsos positivos. Las víctimas explican:
“No luchamos sólo por nosotras, sino por las 6.402 víctimas de falsos positivos, así como por las generaciones futuras. Nunca más un colombiano debe ser sometido a lo que nuestros seres queridos y nosotras hemos vivido. Es nuestro deseo que estos hechos tan graves que ocurrieron en Colombia, nunca más se repitan”.
Más información
Comunicaciones CJL 314 6647280
Suscriben el comunicado
Víctimas querellantes (*algunas han cambiado su identidad por razones de seguridad)
María Camila Mendoza, hermana de Pablo Mendoza*
Laura Vanessa Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña
Wilmer Andrey Pérez Betancourt, hijo de Beyer Eduardo Pérez
Bertina Badillo Erazo, tía de Didier Eduardo Durant Badillo
Organizaciones colombianas querellantes integrantes del Espacio de Litigio Estratégico.
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo – CAJAR
Organizaciones argentinas adherentes
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires
Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina
MECoPa (Colectivo migrantes y exiliadxs colombianxs por la paz en Argentina)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Organizaciones no gubernamentales internacionales
The Guernica Center for International Justice
The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Abogados
Maximo Castex, Representante de las partes querellantes
Bénédict De Moerloose, Asesor internacional, Peter & Moreau