Señores magistrados, honorable magistrada, por los medios de comunicación nos hemos enterado de que ustedes estarían próximos a decidir la casación presentada por el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, favoreciéndole con una rebaja substancial de su condena que lo dejaría en las puertas de la libertad. Esperamos que dicha noticia no sea cierta, de lo contrario estarían ustedes enlodando lo poco de justicia que ha habido en este proceso plagado de mentiras, encubrimientos, estigmatizaciones en contra nuestra y de nuestros abogados.

 

Villavicencio, 27 de febrero de 2014.

Señores (a)
Magistrados y Magistrada
Dr. Eugenio Fernández Carlier
Dr. Fernando Alberto Castro Caballero
Dr. José Leonidas Bustos Martínez
Dra. María del Rosario González Muñoz
Dr. José Luis Barceló Camacho
Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández
Dr. Luis Guillermo Salazar Otero
Dr. Eyder Patiño Cabrera
Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia.

Ref. Carta abierta de Indignación ante inminente impunidad frente a la masacre de Mapiripán y exigencia de renuncia del magistrado FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.

Señores magistrados, honorable magistrada, por los medios de comunicación nos hemos enterado de que ustedes estarían próximos a decidir la casación presentada por el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, favoreciéndole con una rebaja substancial de su condena que lo dejaría en las puertas de la libertad.
Esperamos que dicha noticia no sea cierta, de lo contrario estarían ustedes enlodando lo poco de justicia que ha habido en este proceso plagado de mentiras, encubrimientos, estigmatizaciones en contra nuestra y de nuestros abogados.

Para empezar sepan ustedes que el dolor que nos embarga por la masacre de los nuestros no ha terminado. Supimos de las propias confesiones del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso que la masacre se preparó con más de seis meses de anticipación. Que en la reunión donde se dividieron tareas y se aportaron hombres y dinero, estuvo presente el zar de las esmeraldas Víctor Carranza; que contaron con el apoyo del Ejército Nacional; que el destino planeado era Cañojabón, donde llegaron diez meses después de la masacre de Mapiripán, con la participación del mismo Ejército, para ejecutar otra espantosa y anunciada masacre.

Mancuso no supo explicarnos por qué se masacró a los nuestros. Carranza murió de viejo sin que la Fiscalía nunca lo vinculara formalmente a la investigación penal, ni embargara sus bienes, pero lo que sí habría logrado es que su abogado fuera nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que “coincidencialmente” le tocara conocer la casación presentada por el coronel Orozco Castro y el General Uscátegui sin que se declarara impedido y, ahora es el flamante presidente de la Sala de Casación Penal.

¿Qué justicia podemos esperar? Ya se ha hecho un largo recorrido de injusticia. El Coronel Orozco Castro, quien fue el único oficial que quiso impedir la masacre, que reclamó verbalmente y por escrito la autorización del General Uscátegui para utilizar las tropas disponibles para proteger a la población civil de Mapiripán y atacar a los paramilitares, el magistrado Castro Caballero le negó su demanda de casación por vicios de forma, dejando en firme su larga e injusta condena de prisión, dándole trámite a la del General Uscátegui con la intención manifiesta de favorecerlo, como ahora se anuncia.

El General Uscátegui se ha pretendido víctima de un complot de nuestros abogados que sólo querían hacer condenar a un general inocente a cualquier precio, que se querían enriquecer a costa del Estado y para ello no habrían dudado en inventarse falsas víctimas. A esta vergonzosa campaña de cinismo desafortunadamente han contribuido algunos periodistas que lejos de cumplir con objetividad su labor de informar, han presentado un solo lado de la versión de los hechos, para sumarle a la impunidad jurídica, la impunidad mediática.

El general Uscátegui ha pretendido que no tenía jurisdicción sobre Mapiripán, como comandante de la VII Brigada, por lo tanto pretende que no tenía la responsabilidad de protegernos. Esta mentira grande como una catedral deja de lado las propias confesiones iniciales del general que si reconoció dicho mando y las órdenes que le daba al comandante del Batallón “Joaquín París” para que le mantuviese informado sobre la presencia de las FARC en Mapiripán.

Luego el general Uscátegui pretende que sería inocente porque las víctimas de la masacre de Mapiripán no serían las 49 que reconoció el asesino de Carlos Castaño, cuando macabremente anunció que habría en Colombia “muchos más Mapiripán”. Las víctimas de Mapiripán fueron centenares, entre las firmantes de esta carta, fuimos testigos de los lamentos de decenas de víctimas que eran llevadas al matadero y allí descuartizadas en medio de sus gritos de dolor, cuyos restos eran tirados al río. Algunas de las que firmamos esta carta tuvimos la triste suerte de poder enterrar a nuestros seres queridos y luego iniciar el calvario del desplazamiento forzado, que sufrimos más de quinientas familias de Mapiripán, víctimas anónimas no reconocidas aún por el Estado. Apenas hoy con mediación de nuestros abogados iniciamos un proceso de reparación colectiva con la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras, esfuerzo organizativo que ya nos ha costado amenazas de muerte.

Que hubo falsas víctimas de la masacre que nos engañaron porque vivían en la región, que engañaron a nuestros abogados, a la Fiscalía y, al sistema interamericano de derechos humanos, sin duda pasó por la propia responsabilidad del Estado que teniendo información disponible aún antes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperó hasta finales de 2011 para hacerlo público y así difamar a nuestros abogados, debilitar a la propia Corte y a la Comisión Interamericana, golpeando nuestra propia credibilidad y dignidad como víctimas y la credibilidad en general de millones de víctimas.

Que el General Uscátegui se aproveche de esta circunstancia, sobre la que no tenemos la certeza de que haya sido un montaje, para pretender la impunidad de los crímenes de que sería responsable, muestra toda la infamia de la que es capaz, para generar confusión y buscar la impunidad.

¿La pregunta señores magistrados, señora magistrada que esperamos nos respondan es si el general Uscátegui, advertido mediante el oficio 2919 enviado por el coronel Orozco Castro de que era inminente una serie de matanzas contra nuestra población y que pedía autorización para una reacción oportuna de las tropas, que en lugar de protegernos optó por perseguir al coronel para obligarle a cambiar su escrito original, si dicha actitud lo exime de la responsabilidad como General de haber sido copartícipe de la masacre?

¿Les preguntamos si advertido el General como lo estuvo oportunamente de que los paramilitares que estaban bajo su jurisdicción venían de Córdoba y Urabá, si su reacción de permitir la masacre, es porque sabía, informada y conscientemente, que dicha presencia paramilitar y las matanzas que se desarrollarían después estaba planificada por el alto mando militar, del que él era partícipe y por tanto plenamente responsable?

¿Les preguntamos señores magistrados, señora magistrada, si ustedes ignoran el chantaje que el general Uscátegui le hizo al general Mora Rangel, en grabación de una conversación publicada por la Revista Cambio, para contar con el apoyo del alto mando o sino de que estaría dispuesto a hablar sobre las altas responsabilidades en la masacre?

El general Uscátegui lloró en el juicio y de sus vergonzosas lágrimas, que nunca lo han sido de arrepentimiento de sus crímenes, ha pretendido generar compasión. La compasión que nunca han tenido con las víctimas. Ahora con la complicidad de jueces sin ética y de periodistas sin escrúpulos, parece que tenemos que asistir a la parodia de que uno de los principales victimarios, termine siendo la “única víctima”. Si así fuera entenderemos que el crimen en Colombia, para humillación nuestra y maltrato a la sociedad, se combina entre los que cometen las masacres y quienes las amparan desde las altas cortes. Por favor no le hagan esta afrenta al país, no nos sigan victimizando.

Creemos que lo mínimo que podemos reclamar es que la Sala de Casación Penal no le haga este daño al país, ni sume a nuestro dolor una afrenta más. Por tanto exigimos la renuncia del magistrado Castro Caballero y enviamos copia de esta petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Marina San Miguel
Viviana Barrera
Nory Giraldo de Jaramillo
Siguen firmas de familias desplazadas.

CC. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas, Navy Pillay