En el informe presentado a la JEP, las víctimas esperan que este tribunal de justicia transicional establezca la verdad sobre toda la cadena de mando que operó detrás de los crímenes que involucran a este alto mando militar y que se reconozcan estos graves hechos como crímenes de Estado.
El pasado 31 de diciembre, el Colectivo de Abogado “José Alvear Restrepo” -Cajar, en representación de víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales, presentó un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP sobre crímenes de esta naturaleza que involucran al Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, recientemente nombrado comandante de la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá y Cundinamarca (Ver Estos son los cambios en la cúpula del Ejército Nacional), quien habría sido responsable de por lo menos 26 Ejecuciones Extrajudiciales, mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería N° 10 “Atanasio Girardot” entre el 25 de octubre de 2006 y 16 de abril de 2007 y posteriormente, como comandante del Batallón de Infantería N° 27 “Magdalena”, entre el 5 de diciembre del 2007 y el 2 de septiembre del 2009.
Estos batallones pertenecen a unidades militares que han sido señalados por la organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch, y mencionadas en los informes sobre actividades del examen preliminar de la CPI, como aquellas con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, razón por la cual puede verse comprometida la responsabilidad de su comandante por la práctica sistemática y generalizada de estos hechos.
Cabe señalar que varios de sus subalternos han sido investigados, juzgados y condenados por su participación en estos homicidios. En julio de 2009, los soldados Diomedes Rafael Carey Tovar, Luis Fernando Betancur Londoño, Santiago de Jesús Escudero Uribe y Carlos Enrique Zabala Zapata, miembros de un grupo contraguerrilla, adscrito al Batallón Girardot de la IV Brigada, fueron condenados por el homicidio del ingeniero Gonzalo Correa Roldán y a su amigo Mauricio Mazo Zapata.
Por otra parte, en uno de esos casos que involucra al Batallón Magdalena, el de la ejecución extrajudicial del campesino Ever Urquina Rojas, fueron condenados a una pena de 20 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado los militares: Cabo Tercero José Roldán López Cerón, Sargento Segundo William Andrés Capera Vargas, soldados profesionales Jorge Eliécer Urbano Ortiz, Jhon Kennedy Guevara Campo, José Alfredo Córdoba, Humberto Javier Cerón, José Yati Anacona, Óscar Mauricio Álvarez, Eliécer Alfonso Jojoa Ruiz, Darío Zúñiga Ruiz, Yiminson Hurtado Hurtado y Faiver Hernán Buesaquillo, todos integrantes a la compañía ‘Ébano’, bajo la comandancia del entonces teniente coronel, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
Así mismo, se estableció que el crimen contó con la participación del comandante del pelotón Azteca 2, el Sargento Segundo William Andrés Capera Vargas. El Sargento, que por varios meses permaneció prófugo de la justicia, fue capturado en la ciudad de Medellín el 19 de agosto de 2016. En interrogatorio posterior a su captura, el Sargento Segundo aseguró que el comandante de la Unidad Militar a la que pertenecía era el Coronel PINTO LIZARAZO MARCO EVANGELISTA, de quien afirmó no comprender “como no se vaya a dar cuenta que en la unidad que lidera se estén realizando falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso, si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón” (sic).
En septiembre de 2016, el sargento segundo William Andrés Capera Vargas fue condenado por otro de los casos que se le atribuyen al Batallón Magdalena, a la pena principal de 504 meses (42 años) de prisión, como coautor del delito de homicidio agravado de los jóvenes habitantes de calle, Juan Perdomo Claros y Alber Augusto Lizcano Cedeño. El militar, otro subordinado de Pinto Lizarazo, también fue acusado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De igual forma, por este caso se encuentran condenados nueve autores materiales, y el comandante de operaciones del Batallón 27 Magdalena, Francisco Adrián Álvarez Calderón, integrante de la plana mayor de esta unidad militar presidida por Pinto Lizarazo. En el caso de Juan Diego Martínez, otra de las víctimas habitante de calle de la ciudad de Neiva, están condenados dos de los autores materiales.
Todos los implicados en estos casos se acogieron a la JEP y recibieron el beneficio de libertad condicionada y anticipada. Por otra parte, las decisiones que ha proferido la jurisdicción ordinaria demuestran el grado de compromiso que tenía esta unidad militar en la comisión de estos crímenes, pues ha quedando plenamente demostrada la participación de los pelotones subordinados sino de la propia plana mayor del Batallón “Magdalena”, tal como lo demuestra la condena del jefe de las operaciones militares.
La responsabilidad por hechos de esta naturaleza debe escalar a las más altas esferas de responsabilidad, incluso, a los mandos de la Brigada Novena del Ejército durante la época de los hechos, quienes dentro de la potestad de evaluar el cumplimiento de las órdenes de operaciones debieron reconocer los atípicos resultados de la unidad táctica subordinada. Esta Brigada del Ejército permanece bajo la observación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, quien ha encontrado bases razonables para considerar la responsabilidad de sus mandos por la comisión de falsos positivos.
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo también había sido denunciado en febrero de 2018 ante la Fiscalía General de la Nación (Ver Víctimas denuncian a Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo por falsos positivos en Huila), y en diciembre pasado, víctimas y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron rechazando su nombramiento como comandante de la IV Brigada, justamente por su presunta responsabilidad en estos hechos (Ver Nombramiento en la Cuarta Brigada: ¡Un premio a la criminalidad Estatal!), pero en lugar de realizar las investigaciones correspondientes y llamarlo a calificar servicios, el Ministerio de Defensa decidió cambiar su nombramiento para la XIII Brigada.
En el informe presentado a la JEP, las víctimas esperan que este tribunal de justicia transicional establezca la verdad sobre toda la cadena de mando que operó detrás de los crímenes que involucran a este alto mando militar y que se reconozcan estos graves hechos como crímenes de Estado.