Valledupar, 5 de agosto de 2025. Las víctimas y sus representantes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), solicitaron hoy en Audiencia de alegatos de conclusión del Juicio Adversarial Transicional contra Publio Mejía la condena máxima de 20 años por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en la Costa colombiana para ser presentados ilegítimamente como bajas en combate por el Ejército durante el periodo en el que el coronel (r) era el comandante del Batallón La Popa.
Los apoderados argumentaron que el rol de Mejía fue determinante en la planificación, ejecución y encubrimiento de crímenes atroces, que afectan no solo a las víctimas directas sino también a la integridad del Estado de Derecho.
“Al diseñar, aprobar o permitir estos mecanismos, Mejía Gutiérrez aportó decisivamente a la consumación de estos delitos. Creó las condiciones y propició el clima operativo imprescindible para que sus subordinados actuaran. Tales subordinados eran conocedores de la existencia de un mandato criminal y de unas condiciones y clima operativo que facilitaban la ejecución de este tipo de hechos,” indicó Daniela Rodríguez, abogada del CSPP.
Publio Hernán Mejía fungió como comandante del Batallón “La Popa” entre 2002 y 2004, durante su mandato habría conformado y consolidado un aparato organizado de poder que permitió la comisión de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.
Resaltaron que estos crímenes se dieron en el contexto de la implementación de la política de seguridad democrática, que impulsó una lógica de guerra en la que el conteo de cuerpos se convirtió en la medida del triunfo operacional.
“(…) la verdad, como quedó demostrado en este juicio, esas operaciones fueron en realidad montajes y esas muertes correspondieron a asesinatos o ejecuciones extrajudiciales (…) Eran crímenes y eran sistemáticos (…) El acusado, Publio Hernán Mejía Gutiérrez no fue un simple oficial atrapado en esta lógica criminal que se desarrollaba en el país. (…) Fue el arquitecto, líder y beneficiario de un aparato organizado de poder al interior del Batallón La Popa, que operó de forma deliberada para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate (…)”, señaló Sebastián Escobar, abogado de Cajar.
Los juristas resaltaron que estos crímenes deben entenderse como un patrón de macro-minalidad sistemático, planeado y ejecutado, del cual identificaron tres modalidades.
Publio Hernán Mejía, como comandante del Batallón “La Popa”, habría fortalecido los lazos operativos con paramilitares en la región. Testimonios de militares bajo su mando revelan que estableció una relación de colaboración en la que ambas partes obtenían beneficios.
Mejía habría incentivado el señalamiento de campesinos, trabajadores rurales y comunidades enteras como supuestos integrantes de grupos armados para justificar ejecuciones y mostrar resultados.
De igual manera, habría incentivado el asesinato de combatientes que ya se habían rendido o estaban heridos. Estas ejecuciones se realizaban sin justificación legal ni operativa. Al parecer, en la lógica interpuesta por Mejía una baja en combate era más valiosa que una captura.
Al inicio de su intervención, los apoderados de víctimas resaltaron que sus alegatos constituyen la oportunidad de desmontar desde el derecho, pero también desde la ética, la fachada de legalidad que se construyó para ocultar un aparato criminal que asesinó y desapareció a personas bajo la lógica perversa de resultados y el éxito militar.
“(…) Los familiares de las víctimas no solo han sufrido el horror de perder a sus seres queridos, sino también el silencio institucional, la estigmatización y la impunidad que por mucho tiempo invisibilizó estos crímenes. A estas familias el Estado les arrebató lo más valioso y después les negó la verdad (…),” señalaron.
