Durante el año 2014 cada tres días dos mujeres eran violadas dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Sin embargo casi ningún caso de violencia sexual llevó a una condena – aún menos si el autor material era miembro de las Fuerzas Militares. De tal forma el Estado colombiano priva a las mujeres de la protección de delitos sexuales y del acceso a jurisdicción que según normas nacionales e internacionales está obligado a garantizar. Es por esto que el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y las organizaciones colombianas Sisma Mujer (Sisma) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) han presentado hoy una Comunicación contra Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
Durante el año 2014 cada tres días dos mujeres eran violadas dentro del contexto del conflicto armado colombiano. Sin embargo casi ningún caso de violencia sexual llevó a una condena – aún menos si el autor material era miembro de las Fuerzas Militares. De tal forma el Estado colombiano priva a las mujeres de la protección de delitos sexuales y del acceso a jurisdicción que según normas nacionales e internacionales está obligado a garantizar. Es por esto que el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y las organizaciones colombianas Sisma Mujer (Sisma) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) han presentado hoy una Comunicación contra Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Las tres organizaciones instan a la Fiscalia de la CPI (FCPI) a iniciar una investigación exhaustiva contra el Estado colombiano. “Si Colombia no puede o no quiere poner fin a la impunidad de la violencia sexual contra las mujeres, la CPI tiene la obligación de intervenir tal y como lo prevé el Estatuto de Roma”, declaró Wolfgang Kaleck, Secretario General del ECCHR.
Para la Comunicación ante la CPI ECCHR, Sisma y CAJAR analizaron 36 Fälle casos de violencia sexual ocurridos entre 2002 y 2011. La conclusión de este análisis es: Los delitos sexuales en el conflicto armado colombiano no son hechos aislados, más bien forman parte de al estrategia de las Fuerzas Armadas y deben ser considerados delitos de lesa humanidad. No obstante la impunidad de las Fuerzas Armadas es casi absoluta. “Actualmente, Colombia cuenta con suficientes leyes que permitirían combatir la impunidad en casos de violencia sexual y de género, pero éstas no se aplicadan adecuadamente por el Estado”, constata Claudia Mejía Duque, Directora de Sisma. Las organizaciones apuestan por que la FCPI cumpla con sus propias normas y considera la perspectiva de las mujeres colombianas. La FCPI anunció en su Policy Paper de 2014 la integración de una “perspectiva de género” y un “análisis de género” en todas las etapas de su labor.
ECCHR, Sisma y CAJAR opinan que las investigaciones de la CPI también puedan favorecer el proceso de paz en Colombia. “Una acción imparcial y efectivamente independiente de la CPI pueda llegar a prevenir nuevos crímenes”, según Luis Guillermo Pérez Casas, Presidente de CAJAR. Esto sería un motivo más por el cual la FCPI debería abrir investigaciones contra los más altos responsables de crímenes internacionales, empezando por los agentes estatales.
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