Publicado originalmente en Confidencial Colombia

Jesús Ramiro Zapata nació el 20 de enero de 1952. Se desarrolló profesionalmente como docente sindicalizado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, trabajó en diferentes instituciones educativas del departamento de Antioquía. En su calidad de defensor de derechos humanos, coordinó el Comité para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Segovia del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, e integró el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL.

El Concejo Municipal de Segovia designó a Zapata defensor de derechos. Durante su gestión trabajó en el esclarecimiento de las masacres en Segovia de 1988, 1996 y 1997. La primera de éstas, ocurrió el 11 de noviembre del 1988, en la que el Estado reconoció su responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la muerte de 43 personas y lesiones contra otras 50, atribuídas a paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado.

Los actos de acoso, hostigamiento y criminalización a que fue sometido Zapata por su labor como defensor de derechos humanos, se enmarcan en un contexto general de violencia política producto del conflicto armado experimentado en Colombia, cuya influencia abarcó al municipio de Segovia. Zapata ejerció como docente y defensor de derechos humanos en la misma época en que quienes hicieron este tipo de trabajo eran identificados como “enemigos internos” por la doctrina de Seguridad Nacional instituida en el marco de la lucha antisubversiva y ejecutada por militares y paramilitares.

También fue víctima de allanamiento a su vivienda, lo cual se dio por una denuncia contra él por supuesta participación en actividades ilegales subversivas. Ello pese a la existencia de testigos que señalaron que los objetos que lo implicaron fueron colocados o “plantados” por integrantes de seguridad del Estado.

Según la Fiscalía Seccional de Medellín, resultó “supremamente extraño” que “el Batallón de Infantería de Bomboná de Segovia, solicitó a la Fiscalía Seccional de Puerto Berrío, bastante alejada de la sede, la realización de una diligencia de allanamiento”. La fiscalía cuestionó la participación de efectivos militares en el allanamiento y el diligenciamiento de las actas que tenían espacios en blanco, concluyendo que se trató de un procedimiento irregular.

Porque supuestamente portó un “documento falso”, Zapata fue arrestado y detenido varias horas, dentro de un proceso penal iniciado para acosarlo por su labor de defensa de los derechos humanos. Además, le abrieron tres investigaciones con “declaraciones reservadas” de falsos testigos que lo señalaron de ordenar atentados contra la fuerza pública, de ser responsable de los paros armados y de ser integrante del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las investigaciones fueron iniciadas únicamente como una forma de hostigamiento en su contra, por el ejercicio de sus labores de defensa de los derechos humanos.

Sufrió Zapata en carne propia el desplazamiento forzado. Durante el segundo semestre de 1997, ante la situación de riesgo en que se encontraba, huyó de Segovia. Fue acogido por el Comité Especial de Docentes Amenazados de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Pero, el pago salarial de Zapata se suspendió desde octubre de 1997, por lo que vivió una grave situación económica que lo obligó a regresar a Segovia en marzo de 1998 para retomar su trabajo. Solicitó que se le reincorporara en alguna plaza educativa que no estuviera ubicada en las llamadas “zonas roja” o de alto nivel de riesgo para que su vida no corriera peligro.

Mientras tanto, en febrero de 1998 solicitó a la Comisión Interamericana, cuando ésta se hallaba en una visita in situ en Colombia, que adoptara medidas cautelares a su favor por las amenazas y señalamientos realizados por los grupos paramilitares de la zona y miembros del Ejército Nacional. Denunció ante las autoridades su condición de desplazado y amenazado por la ola de violencia del paramilitarismo, por las falsas sindicaciones de algunos agentes oficiales y el Comandante de Policía de la zona, e integrantes del Ejército Nacional acantonados en el Batallón Bomboná de Segovia perteneciente de la Décima Cuarta Brigada.

La Comisión otorgó las medidas. Sin embargo, el 3 de mayo de 2000 cuando Zapata se encontraba jugando cartas en el billar Monterrey de Segovia, ingresaron dos tipos armados que se identificaron como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para decirle que tenían que hablar con él. Salieron y lo hicieron subir a un taxi. Diez minutos después, su sobrino Adrián Alberto encontró el taxi y le preguntó al taxista sobre los hechos. Éste le dijo que fuera por los dos lados del “Charco de las Brujas”, sitio de Marmajito, y que allí lo habían matado.

El sobrino buscó a la Inspectora de Policía y le pidió que fueran a hacer levantamiento del cadáver. La funcionaria le dijo que lo recogiera él, que la fiscalía hacía el levantamiento el día siguiente por la mañana en el hospital. Siguiendo dichas instrucciones, Adrián Alberto se dirigió al lugar, recogió el cadáver de su tío y lo trasladó al hospital, lo cual fue presenciado por unos soldados quienes “se arrimaron, lo vieron y sonrieron inmediatamente, y salieron nuevamente”. El cadáver estaba en “posición artificial”, porque se hallaba en el hospital y ese no fue el sitio donde lo asesinaron, con lo cual se destruyó evidencia importante para establecer la responsabilidad de los autores de su muerte.

El 4 de mayo de 2000 el abogado Luis Guillermo Pérez Casas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunció la muerte de Zapata, indicando que éste le había manifestado que “su vida corría peligro” y que ante cualquier suceso “denunciaba al Ejército de cualquier atentado que en nombre de paramilitares pudiera perpetrarse en su contra”.

El asesinato de Zapata hizo que las medidas cautelares se transformaran en un caso ante la Comisión Interamericana, la Cque concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, honra, dignidad, libertad de expresión, asociación, circulación, residencia, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la integridad personal de su familia, todos derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La responsabilidad estatal se abrió por el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas, es decir de la obligación del Estado de prevención, ya que a través de sus agentes, puso en riesgo la vida de Zapata, lo que generó su asesinato. El señalamiento de ser integrante del grupo guerrillero ELN tiene una relación directa con su homicidio cometido por las AUC.

En su decisión la Comisión emitió varias recomendaciones al Estado colombiano. Entre ellas están continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todos los posibles responsables e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos. En el evento que el Estado no cumpla las recomendaciones, el caso de Zapata está en tránsito de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde seguramente, una vez más, se encontrará que el Estado es responsable por la muerte trágica y criminal de un hombre cuyo delito fue defender los derechos humanos del pueblo colombiano.

Mañana 3 de mayo se cumplen 21 años del crimen de Jesús Ramiro Zapata y nada ha cambiado en el país sobre la situación de las defensoras/es de derechos humanos, por el contrario, la situación ha empeorado. No hay ninguna razón para que el caso que se encuentra en absoluta impunidad no vaya a la Corte Interamericana.

Rafael Barrios Mendivil
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