Consejo de Estado ordena al DAS pedir perdón a las víctimas

“Nada de lo que se haga ahora, podrá volver a la vida a
nuestros seres queridos, Aide, Enan y Julio, aún así aceptamos
el acto de perdón organizado por sus victimarios,
con la esperanza – que por lo menos – las garantías
de no repetición, se cumplan ”

Aidé y Rafael Enan, fueron detenidos arbitrariamente, en diferentes circunstancias por agentes del DAS, entre los días 12 y 18 de marzo de 1994, y hallados parcialmente calcinados, con huellas de violencia extrema y tortura y con múltiples heridas de arma de fuego, el 21 de marzo siguiente, en cercanía al municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca.

Según la Unidad de Fiscalía de Facatativá, el 21 de marzo,

“Frente a la finca La Pepita, al margen izquierdo, en el fondo de una alcantarilla, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 43 años de edad, el cual tenía las manos atadas atrás, los pies atados con un cable y la cara vendada con esparadrapo”. Posteriormente se comprobó que el cuerpo encontrado era el de Rafael Enan.

“Junto a éste, se encontró el cuerpo de una mujer de cúbito abdominal, igualmente amordazado, maniatado, y el rostro vendado con el mismo material de los anteriores, ésta también estaba calcinada por el fuego y presentaba varios impactos de arma de fuego, sus prendas de vestir fueron consumidas por el fuego.” Era el cuerpo de Aidé Malaver.

Por orden del Consejo de Estado, el DAS realizará un acto de perdón público, el próximo 5 de mayo, en las instalaciones del Archivo General de la Nación – Cra 6 No 6-91, a partir de las dos de la tarde. Para el Alto Tribunal, es clara la responsabilidad del DAS en estos hechos, por cuanto fueron perpetrados por sus agentes siguiendo políticas institucionales, según se pudo comprobar durante la investigación penal que se adelantó.

Es por ello que el 13 de enero de 1997, el agente de esta institución, Carlos Vicente Cuéllar Manrique, fue condenado a la pena de 50 años de prisión, como coautor responsable de los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para secuestrar.

El agente Cuéllar Manrique, en su calidad de detective especial del DAS, hacía parte de un grupo de investigadores y funcionarios de esa institución, conformado para adelantar labores de inteligencia tendientes a lograr el rescate de una persona plagiada en septiembre de 1993, por un grupo de reinsertados del M19, del cual presuntamente hacían parte las víctimas.

Según el Consejo de Estado,

“…para amparar el derecho a la libertad de una persona secuestrada, se perpetraron algunos de los más censurables y execrables crímenes contra la humanidad, cuales son el secuestro, la tortura y el homicidio con sevicia, poniéndose éstos otrora servidores de la sociedad, en un lugar mucho más bajo que los mismos delincuentes que ellos pretendían perseguir”, lo cual constituye, además de una censurable e ilustrativa falla del servicio flagrante, una transgresión particularmente grave de derechos humanos.

El Consejo de Estado, además del acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares víctimas directas del caso, ordenó que el propio director actual del DAS, Felipe Muñoz, elabore una circular con el contenido de la parte resolutiva de la sentencia, para que sea entregada a cada uno de los funcionarios que laboran en la entidad y que operan en las diferentes sedes en el país, con el fin de que se instruya acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado colombiano, generan conductas como las presentadas con los hechos expuestos.

Aidé y Rafael Enan, fueron víctimas del accionar deshumanizado del Estado, no de una “falla del servicio”. Como lo manifestó la alta Corporación, fueron desaparecidos, torturados, asesinados e incinerados sus cuerpos en razón a una política institucional; y ello no corresponde – como generalmente se quiere hacer ver – a hechos aislados o “manzanas podridas” al interior del DAS.

Para las víctimas y para el Colectivo de Abogados, esta sentencia constituye sin duda un avance del Consejo de Estado en la satisfacción por vía judicial del derecho de las víctimas a obtener una reparación integral en casos de graves violaciones a derechos humanos.

No obstante, la principal deuda del DAS con las víctimas y la sociedad colombiana, es la ausencia de adopción de garantías de no repetición, que incluyan acciones preventivas para evitar que hechos similares no tengan ocurrencia nunca más en nuestro país.

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