Con el objetivo de visibilizar la situación de reclusión de los prisioneros políticos en Colombia, y posicionar la discusión sobre la persecución política que se ha acrecentado en el país, en los últimos 8 años, se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de diciembre, una jornada nacional contra la criminalización de la oposición política y la situación de los prisioneros políticos en Colombia.

 

 

En el marco de la jornada, que se desarrollará en el auditorio de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, se realizará el 9 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, un foro temático que contará con la presencia de la senadora Piedad Córdoba, el profesor y economista Libardo Sarmiento y el periodista Carlos Lozano.

Al evento se espera que concurran aproximadamente 200 personas, provenientes de diferentes partes del país, como Calí, Popayán Barranquilla, Arauca, Sincelejo, Tunja, Pasto, Bucaramanga, entre otros, quienes durante todo el año, en cada una de sus regiones, han analizado y discutido la situación actual de represión política en Colombia y quienes en esta oportunidad, trazarán una línea de acción de continuidad para la exigencia de la no criminalización al derecho de oposición política.

El 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo la segunda Audiencia Pública Popular “Eduardo Umaña Mendoza”, consistente en un juicio alternativo de los casos emblemáticos de persecución política y al pensamiento crítico.

Dicha audiencia, que estará regida por los criterios del Tribunal Permanente de los Pueblos, tendrá al abogado penalista David Albarracin como juez, y a la Fiscalía General de la Nación para que presente la acusación contra los casos emblemáticos. De no presentarse se nombrara un fiscal de oficio. La totalidad de los asistentes fungirán como jurado de conciencia y la defensa estará a cargo de un equipo jurídico dirigido por el abogado Pedro Mahecha.

Entre los miles de casos se aspira a ventilar los adelantados contra el sociólogo y profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, la socióloga y defensora de derechos humanos Liliany Patricia Obando Villota, el licenciado y dirigente social Willian Javier Díaz, el defensor de derechos humanos Príncipe Gabriel González, el sociólogo y escritor Alfredo Molano, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Holman Morris.

Es importante recordar que la primera audiencia publica popular “Eduardo Umaña Mendoza”, se realizó en diciembre de 1999, en el contexto de detenciones arbitrarias consumadas contra dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera y defensores de derechos humanos en el país.

Esta iniciativa en la que participan activamente los prisioneros políticos colombianos, a quienes los organizadores reivindican “como luchadores sociales, que desde su encierro continúan aportando al debate y a la construcción de un país con justicia social”, es el resultado de las múltiples visitas de verificación realizadas en las cárceles colombianas por las campañas y organizaciones nacionales e internacionales solidarias con los prisioneros políticos, que han corroborado las condiciones degradantes de reclusión a las que son sometidos, lo que positivamente arrojó la conformación de la Red Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos.

 

Contexto

 

El presidente Álvaro Uribe Vélez fue elegido por su propuesta de guerra enfocada en derrotar militarmente a la insurgencia colombiana, y en su desarrollo ha mantenido la postura institucional de desconocimiento a la existencia del conflicto social, político y armado colombiano y sus causas, afirmando la “existencia de una amenaza terrorista” para poder ejecutar en Colombia la estrategia mundial de lucha contra el terrorismo, que conlleva la vulneración de derechos fundamentales.

Es así como se ha desarrollado la “política de seguridad democrática”, para la cual prioritariamente se ha duplicado el presupuesto en detrimento de la inversión social, convirtiendo a Colombia en el segundo país de América Latina -después de Brasil- con mayor pie de fuerza militar, que además para el año 2010 concentrará para la guerra el 14,2% del Presupuesto General de la Nación (fijado en $148,3 billones), mientras tan sólo el 13,9% será destinado para la educación y el 1,7% para vivienda y desarrollo.

Este incremento en el gasto militar fue aprobado cínicamente pese a que el Gobierno -en su afán de mostrar resultados “positivos” de la política de “seguridad democrática”- ha vulnerado el derecho a la vida de mas de 1.171 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales [1] atribuidas al Ejército Nacional, y también el derecho a la libertad de pensamiento crítico aumentando la persecución política y el encarcelamiento contra intelectuales, maestros, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos, líderes sociales y populares, indígenas, afrocolombianos, entre otros, utilizando la cárcel como herramienta de represión, donde han depositado a más de 7.200 seres humanos que se reivindican como prisioneros políticos [2].

Convocan:

Organizaciones intramurales:

Colectivo de Prisioneras y Prisioneros Políticas en: Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar (Anexo Femenino), Cárcel El Buen Pastor, Cárcel La Modelo y Penitenciaria La Picota de Bogotá.

Organizaciones Nacionales:

Campaña Permanente de Solidaridad con los Detenidos Políticas “Traspasa Los Muros”

Campaña por la Libertad del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas “El Silencio No es una Alternativa”
Campaña Internacional “Freedom for Liliany Obando”
Cruz Negra Anarquista
Federación de Estudiantes Universitarios
Colectivo “Jaime Pardo Leal”
Juntud Comunista Colombiana
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
Equipo LAZO
Asociación de Profesores Universitarios
Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos
Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo
Seccional Santander Comité de Solidaridad con Presos Políticos

Organizaciones Internacionales:

Red Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos –INSPP.
Contacto: July Henríquez – 312 6492618 / Camilo Fagua – 314 4923802
correo electrónico: [email protected]

[1] Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, consistentes en la práctica de asesinatos y ejecuciones de opositores políticos o presuntos delincuentes, por Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la Ley u otros órganos gubernamentales o grupos paramilitares, que actúan con el apoyo tácito o de otra índole, de tales fuerzas u organizaciones.
[2] “Existen tres categorías de prisioneros políticos, ellas son de ‘conciencia’, de ‘guerra’ y ‘víctimas de montaje judicial’”. Cartilla sobre Derechos, Tratamiento y Protección de los Reclusos. Traspasa los Muros. 2009.