La audiencia pública del Caso 14.800, Eudaldo León Díaz Salgado y familiares Vs. Colombia, será una oportunidad decisiva para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examine la responsabilidad internacional del Estado por no prevenir el asesinato del alcalde de El Roble, no garantizar justicia plena y permitir nuevos riesgos contra su familia.

Bogotá, 29 de octubre de 2026. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), representante de las víctimas, informa que mañana, 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará audiencia pública desde las 11:00 a.m. sobre el caso de Eudaldo León Díaz Salgado, Tito Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, desaparecido forzadamente, torturado y asesinado el 5 de abril de 2003 en Sincelejo por estructuras paramilitares en alianza con autoridades departamentales.

Para las víctimas, este caso no solo trata del asesinato de un alcalde que denunció corrupción y vínculos criminales: también evidencia una cadena de omisiones estatales, obstáculos judiciales y agresiones posteriores contra su familia, que durante más de dos décadas ha sostenido la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

La denuncia fue admitida por la CIDH en 2021, mediante el Informe No. 363/21, a solicitud de los familiares de Eudaldo Díaz y con representación del Cajar. Durante la audiencia, una de las víctimas rendirá testimonio sobre los hechos, las afectaciones sufridas por la familia y los impactos de una impunidad prolongada.

Posteriormente, el Cajar y el Estado colombiano presentarán sus alegatos de fondo. La Comisión deberá valorar si Colombia incumplió sus obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación frente a un crimen precedido por advertencias públicas y seguido por amenazas, montajes judiciales y riesgos persistentes contra las víctimas.

Por denunciar públicamente hechos de corrupción y vínculos criminales de las autoridades regionales, Eudaldo fue perseguido e injustamente destituido de su cargo como alcalde del municipio de El Roble, Sucre, y posteriormente lo asesinaron.

Veintitrés años después, su caso sigue interpelando al país: denunciar corrupción, defender lo público y reclamar derechos no puede seguir costando la vida ni condenar a las familias a décadas de persecución e impunidad.

“Presidente, a mí me van a matar”: una advertencia ignorada

En febrero de 2003, durante un Consejo Comunal realizado en Sucre con la presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, Eudaldo Díaz denunció públicamente presuntos hechos de corrupción en el departamento y señaló a altos funcionarios y autoridades regionales. En ese escenario advirtió sobre el riesgo que corría su vida.

Pese a esa alerta, el Estado no adoptó medidas eficaces para protegerlo. Por el contrario, su esquema fue sustancialmente desmejorado, facilitando así el crimen.

El 5 de abril de 2003, Díaz fue engañado para asistir a una supuesta reunión con autoridades departamentales. Fue retenido por paramilitares, sometido a tortura durante varios días y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado con nueve impactos de bala y signos de tortura en el sector La Boca del Zorro, en la vía entre Sincelejo y Sampués.

Salvatore Mancuso declaró ante la JEP que el asesinato fue ordenado por el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien fue condenado a 40 años de prisión en 2009, decisión que reconoció la actuación conjunta entre paramilitares y políticos.

Un crimen anunciado y una justicia incompleta

Gracias a la persistencia de la familia del alcalde y al acompañamiento del Cajar, la justicia colombiana ha emitido diez resoluciones de acusación y dos condenas penales, una contra la exdirectora de la cárcel de Sincelejo, Diana Martínez, y otra contra el exgobernador Salvador Arana. Sin embargo, estos avances no han cerrado el ciclo de impunidad: Martínez permanece prófuga y Arana se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el caso avanza en medio de amenazas y obstáculos para la participación de las víctimas.

También existe una condena contra la Nación —Policía Nacional y Ministerio de Defensa— emitida el 30 de septiembre de 2019, cuyas medidas de reparación integral aún no han sido cumplidas por el Estado.

Los avances judiciales han ocurrido en un contexto de extrema gravedad: 18 testigos del caso han sido asesinados y la familia de Eudaldo Díaz ha enfrentado hostigamientos constantes, en particular su hijo Juan David Díaz Chamorro, víctima de amenazas y montajes judiciales.

Juan David cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2006. Para la familia y sus representantes, la protección de las víctimas y de quienes defienden sus derechos debe ser parte central de cualquier respuesta estatal seria frente a este caso.

Aunque el Estado colombiano alegó ante la CIDH que no se habían agotado los recursos internos, que existían decisiones judiciales y que las víctimas habían contado con garantías procesales suficientes, la Comisión admitió el caso al considerar que, pese a las más de dos décadas transcurridas desde los hechos, la investigación penal seguía en curso. Por ello, la audiencia del 30 de octubre será un escenario para exigir verdad completa, justicia efectiva, reparación integral y garantías reales de no repetición.