EL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA
(Colombia) (Autor: Reiniciar)

Jueves 12 de octubre de 2006, por Prensa - Colectivo

Actualmente el caso continúa el trámite ante la CIDH, a esperas de una solución de fondo de esa instancia, luego de un fallido proceso de búsqueda de una solución amistosa que concluyó debido a la ausencia de una respuesta efectiva del gobierno colombiano.

La Unión Patriótica surgió a nivel nacional como resultado de los acuerdos para la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado adelantados entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes.

En 1984, el gobierno del Presidente Belisario Betancur y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron los Acuerdos de la Uribe, en los que se incluyó un compromiso de cese al fuego y tregua, y se acordó que pasado un año después de haber cesado los enfrentamientos armados, se deberían generar las condiciones para que los integrantes del grupo insurgente pudieran "organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión". Para ello el Gobierno se comprometió a brindarles las garantías y estímulos necesarios.

Este aspecto de los acuerdos dio lugar al surgimiento de la Unión Patriótica (UP), como el movimiento político que serviría de plataforma para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias en la consolidación de una paz con justicia social.

Con la UP se buscaba, además, que los integrantes de las FARC lograran incorporarse plenamente a la vida civil una vez culminadas las negociaciones de paz. Por esa razón el Gobierno autorizó que el grupo armado destacara algunos de sus miembros para que participaran como activistas y dirigentes, al lado de las otras personas y sectores que confluyeron en la UP.

UP gozaba de gran acogida

Bajo esas condiciones se inicia una fuerte actividad de organización y sensibilización en todo el país, principalmente en áreas periféricas, veredas y municipios, y con menor intensidad en las grandes ciudades. Manifestaciones públicas, marchas y juntas de discusión precedieron el lanzamiento oficial de la plataforma política de la nueva colectividad realizada en noviembre de 1985, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UP. En esa oportunidad, con el lema "Por las reformas democráticas", se reunieron en el Congreso más de 3.000 delegados de todos los rincones del país, que presentaron informes departamentales sobre el contexto sociopolítico y el avance de la UP en la región.

Ya para ese momento la propuesta gozaba de gran acogida, al punto que en poco tiempo de trabajo se habían constituido algo más de 2.200 juntas barriales, de vereda, municipales y departamentales, denominadas "Juntas Patrióticas". Las manifestaciones también contaron con la presencia significativa de miles de activistas y simpatizantes que compartían con entusiasmo los anhelos de paz y democracia profunda.

La posibilidad de una salida política al doloroso conflicto armado y la esperanza de construir una sociedad más justa, congregó a diversos sectores y movimientos del país en la novedosa propuesta. La UP recibe entonces el amplio respaldo del Partido Comunista Colombiano y de algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales. Se adhieren también sindicatos, grupos estudiantiles, artistas e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones populares, así como los guerrilleros de las FARC que se incorporaban a la vida civil.

Esta constitución plural fue posible por ser la UP un movimiento amplio, y no propiamente un partido político, dando cabida a todas y todos los que compartieran las demandas centrales de la plataforma.

Promesas de garantías

En marzo de 1986 los Acuerdos de la Uribe fueron ampliados para incluir explícitamente la obligación del Gobierno de brindar todas las garantías a la Unión Patriótica, prolongar la tregua, y reiterar la voluntad de paz acordada dos años atrás. Es así como en vísperas de la primera participación electoral del naciente movimiento, la Comisión de Paz y las FARC firman un nuevo documento que consignó de manera contundente el compromiso del Estado colombiano de respetar y proteger a la UP, así como a los integrantes del grupo guerrillero que se incorporaran a la vida política:

"El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden.

También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política"

(Acuerdo de prolongación de la tregua. Suscrito entre la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación del Gobierno colombiano y las FARC, La Uribe - Meta, marzo 2 de 1986).

Pese al incumplimiento de la tregua y de los otros compromisos del Gobierno, la UP participa por primera vez en las contiendas electorales de 1986 (elecciones de marzo y de mayo), logrando importantes resultados que la posicionaron en el escenario político del país: son elegidos 14 congresistas para Cámara y Senado, 18 diputados, y 335 concejales. Dos meses más tarde el candidato a la presidencia por la UP, Jaime Pardo Leal, alcanza el 10% de la votación del país, siendo ésta la más lata alcanzada en la historia de Colombia por un partido independiente.

Plan de exterminio

Inmediatamente después de su primera participación electoral se consolidó un plan de exterminio contra la militancia, sus familiares y simpatizantes. En esa sangrienta persecución contra la UP fueron asesinados dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y centenares de militantes de base, sin que ninguna institución del Estado lo impidiera, ni actuara eficazmente para esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables.

Se trata pues, de un caso alarmante y representativo de persecución a un movimiento político de oposición que sufrió el asesinato de más de tres mil de sus integrantes y con ello, la dilución de su fuerza política.

Las organizaciones y personas que confluyeron en la UP fueron perseguidas, señaladas y pagaron una alta cuota de sacrificio al constituirse la UP en una opción de poder político que pretendió ampliar y fortalecer el espacio de la oposición en Colombia. Aun hoy, el caso de la UP continúa en la absoluta impunidad y los sobrevivientes del movimiento siguen siendo víctimas del asesinato y los hostigamientos.

Ante la absoluta desprotección y persecución del Estado colombiano, la Dirección Nacional de la Unión Patriótica en 1993 -presidida por la Doctora Aida Abella Esquivel- tomó la decisión de acudir a instancias internacionales para demandar la protección de los derechos conculcados. En consecuencia, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas presentamos la petición por el genocidio de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La demanda fue presentada con un listado inicial de 1.163 asesinatos, 123 desapariciones forzadas y 43 atentados; todos éstos perpetrados contra miembros y dirigentes de la UP, en razón de su filiación política.

Se dio inició a un arduo proceso de documentación de las violaciones cometidas contra los integrantes de la UP, encaminado, entre otros aspectos, a evidenciar la persecución sistemática contra los miembros del movimiento y el incalculable daño ocasionado. En este marco también se ha impulsado la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, y más de 15 coordinaciones regionales en todo el país.

Actualmente el caso continúa el trámite ante la CIDH, a esperas de una solución de fondo de esa instancia, luego de un fallido proceso de búsqueda de una solución amistosa que concluyó debido a la ausencia de una respuesta efectiva del gobierno colombiano. [ANNCOL]SamuelBarinasVarelaCORFISOCIAL

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