Los campesinos de Colombia, y las víctimas del accionar violento y despótico de las fuerzas militares y paramilitares también se han manifestado con ímpetu y fuerza contra la impunidad ante la muerte (lo que viene sucediendo hace muchos años), y alzando la voz enarbolando la consigna de una reforma agraria campesina democrática después de tantos años donde la tierra ha sido amasada con sangre, “para sembrar la paz, hay que aflorar la tierra” diría el profesor Darío Fajardo.
No son pocos los debates que ha suscitado el gobierno de Santos, ni escasas las graves consecuencias que ha generado su política económica de entrega de lo público al gran capital privado, y la continuidad en los aspectos de la política de seguridad y guerra de su antecesor.
El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el actual gobierno bajo el eje de las 5 locomotoras (infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación) tiene entre otras, tres implicaciones muy serias que vale la pena analizar:
1. La expropiación de los recursos naturales bajo el eje de la explotación minero-energética, por parte de empresas transnacionales que llegan a nuestro país a succionar nuestro subsuelo, sin generar siquiera el 1% de nuevos empleos, y con la tasa de impuestos más baja de todo el hemisferio que no cubre siquiera en una centésima parte los daños ambientales, económicos y sociales generados.
2. La concepción de país que se encuentra en la idea territorial que constituye el PND se asemeja a la idea de dar el país en concesión, donde hay un centro donde vive la gente que trabaja para las corporaciones que caen desde afuera, y una periferia que son los campos donde el campesino ya no puede vivir ni el indígena creer. Se legitima la gran propiedad sobre la tierra, institucionalizando el gran latifundio que ha generado el despojo a los habitantes del campo, la violencia en todo el territorio, y la inequidad social por todo el país.
3. Se instaura la Sostenibilidad Fiscal como principio de lo público, donde el derecho más importante para los colombianos, por encima de la educación y la salud, es que el gobierno gaste el dinero en sus prioridades políticas -a esto le llaman autorregulación-. Los derechos sociales se ponen en función de garantizar las 5 locomotoras, y bajo este escenario, la salud y la educación (que hace varios años vienen siendo privatizadas y negociadas), se vuelven un instrumento de gobierno para vender el país, hacer de la salud una enfermedad, y de la educación la fuente de la mediocridad.
La Educación en el PND
La educación para el gobierno Santos debe ser funcional a las 5 locomotoras (otra afrenta a la autonomía universitaria), es decir la incursión desaforada del gran capital financiero al país, la venta de recursos naturales y la política de despojo y miseria que engendra un país del cual es dueño la gran empresa privada extranjera, con un gobierno que a través de la fuerza legítima ese estado de cosas.
A la educación básica y secundaria se le impone un currículo básico, atentando aún más contra la calidad de los colegios, sobre todo los públicos donde la calidad en la educación a quedado supeditada a los bajos presupuestos, la enseñanza de lo mínimo y la imposibilidad económica de acceder a la educación superior.
Para las universidades este PND es la antesala de la Nueva ley de Educación Superior (reforma a la ley 30), donde el presupuesto que se destina en educación superior es ínfimo frente a otros como el gasto militar. Se crea con este plan los llamados “sistema nacional de evaluación” y “sistema nacional de evaluación de competencias”, en donde se instituye la idea de educación superior por competencias, es decir, la enseñanza de lo mínimo (una vez más) con el fin de ser más “eficientes” en la educación, no forjar profesionales integrales, sino aquellos que con la enseñanza de “mínimos” se acoplen al mercado laboral (en pésimas condiciones como dicta la llamada ley del primer empleo) bajo los elementos anteriormente expresados -de explotación y expropiación-.
Por fortuna en Santander la población expulsó a la Grey Star, los campesinos se organizan y los estudiantes nos hemos movilizado con ímpetu y fuerza, llenando de dignidad un país que tanto la necesita. El movimiento social colombiano se alza, retumba las calles. Clama por educación pública, con calidad y cobertura, pelea por un sistema de salud diseñado para las personas y no para los empresarios, grita por una reforma agraria que recoja al campesino, al indígena, a las comunidades.
Hoy el movimiento estudiantil universitario tiene el deber de salir a las calles y llenarlas de propuesta. Los estudiantes queremos una educación diferente para un país diferente, con justicia social, donde la opción no sea la muerte, donde se forje una cultura de la participación, donde un 4% de la población no concentre más del 70% de la riqueza como sucede actualmente.
Queremos una universidad con autonomía para crear, democracia para proponer, financiación adecuada para reconstruir lo público, calidad académica para innovar y trascender, y bienestar universitario con el fin de poder realizar nuestra vida universitaria. Hoy el gobierno Santos con este Plan Nacional de Desarrollo, propone una educación radicalmente diferente a ésta, y un país donde ese tipo de universidad sencillamente no es viable por no ser funcional a este modelo de gobierno con la vocación de generar miseria en nuestro país.
Los universitarios nos negamos a convertirnos en maquinistas de las 5 locomotoras.
