Mujer, de raza negra, trabajó durante 21 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como madre comunitaria, tiempo en el cual se destacó como un ser ejemplar, solidaria, fuerte ante las adversidades y ante una vida que parecía empecinada en hacerla pasar por caminos tortuosos, como el fallecimiento de su esposo en 2008 por causa del SIDA.
Sandra, la valiente Sandra, pensó que luego de tantos años al servicio del ICBF en la sede comunal del barrio Metropolitano de Cali, el apoyo de la institución sería el mínimo reconocimiento a su incondicional entrega. De haberse imaginado la persecución laboral a la que se vería sometida jamás le hubiera contado su diagnóstico médico a la asesora del lugar.
El derecho constitucional a su intimidad y dignidad personal desaparecieron entre los labios de los funcionarios del ICBF, quienes entre los pasillos se dedicaron a divulgar la historia de esta mujer que era observada con ojos curiosos, en un país que estigmatiza su enfermedad relacionándola con el tabú sexual, pero que en otros países es un padecimiento crónico más como la diabetes o la hipertensión.
Su buen desempeño no fue suficiente para que fuera despojada de su trabajo sin causas que lo ameritaran: supuestas quejas de los padres, que no se decoraran los salones, desaseo del hogar…Ninguna era cierta, lo único real era que las funcionarias la despedían arbitrariamente por su condición de portadora del VIH.
Sandra lo sabía, así como sus compañeras de trabajo y los padres de los niños a quienes cuidaban y quienes le dieron su apoyo.
Ella representó solo una de las tantas historias de madres comunitarias que estaban en total desamparo por parte del Estado, que no reconocía su labor ni sus beneficios legales. Por eso en medio de la gallardía, quería que en su caso se hiciera justicia.
Sabía que no sería fácil, pero los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la igualdad, la intimidad, el debido proceso, la salud, la seguridad social y el trabajo le habían sido vulnerados, no solo por el Estado, sino por una sociedad indolente, que invisibiliza la tarea doméstica realizada por miles de mujeres en el mundo, para quienes los derechos laborales no existen y ella no lo iba a permitir.
Así fue que el 11 de septiembre de 2009 interpuso una tutela, con la esperanza de que sus condiciones cambiaran, había trabajado durante 21 años como madre comunitaria y eso era lo que quería seguir haciendo.
También exigía que la inscribieran en el régimen de seguridad social y salud, para poder ser tratada. Pidió además al ICBF que se abstuviera de maltratar a las madres comunitarias y darles una protección especial como mujeres.
Sandra veía pasar las horas, los meses, el calendario envejecía. Pasaban los días y ella sentía como si ese fuera el decisivo, el momento en que recibiría el fallo en que la Corte Constitucional le reconociera sus derechos. Sus fuerzas palidecían, pero no su voluntad.
Trató en reiteradas ocasiones de denunciar su caso ante los medios y los periodistas, pero de Sandra solo quisieron hacer eco el día que falleció, el mismo en el que la Corte Constitucional luego de tres largos años fallara a favor de esta guerrera de ébano, que no dejó nunca de luchar, por ella y por esas 77 mil mujeres que hoy gozan de la protección de los derechos, que ella nunca tuvo.
Este es un llamado, para que nunca más casos como este se repitan, para que el Ministerio de Trabajo, la Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, implementen junto con las asociaciones de madres comunitarias, las medidas necesarias, de su competencia para el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en acato a las recomendaciones internacionales en la materia.
Esta historia es también un homenaje a Sandra, a quien conocimos infatigable en la exigencia de sus derechos como mujer, de raza negra, minoría no reconocida en Colombia y en el resto del mundo.
**Nombre cambiado por petición de los familiares de la Víctima
