Al finalizar el año académico en el calendario “A”, se han presentado una serie de preocupaciones por parte de las instancias administrativas, debido a los altos índices de pérdida del año, de los estudiantes de secundaria, tras la derogación del decreto 230 sobre la promoción automática.

 

 

Sin duda las consecuencias de dicho decreto han sido perjudiciales para la comunidad educativa. En el caso de los estudiantes por que a pesar de la obligación de promoverlos, así pierdan varias materias, llevó a que la calidad educativa se minimizara, lo cual no sólo se expresó en bajos niveles académicos, sino que la indisciplina y la irresponsabilidad, los caracterizaron; en el caso de los docentes, dicho decreto, rompió con las pautas de autoridad y respeto, pues trabajaran o no los estudiantes, tenían que pasarlos.

A pesar de que fue derogado tal decreto y se promulgó el 1290 del 2009, sobre la evaluación, no deja de llamar la atención las sugerencias que se hacen a rectores y coordinadores, para que la mortalidad estudiantil, no pase del 3 %, lo que es una cifra inferior a la anterior, que estaba en el 5 %. De igual manera se prometen incentivos económicos para los colegios que logren menores índices de mortalidad.

La preocupación del gobierno por tales indicadores, está mediada por intereses netamente económicos, pues si estuvieran interesados en la calidad de la educación, con certeza tanto las condiciones laborales de los docentes, las dotaciones de los colegios, fuesen mejores, pero su angustia está mediada por los costos que acarrea la pérdida de un estudiante al año.

De igual manera, la perspectiva de evaluación del decreto 1278 del 2002, lo que abre es la puerta para que los colegios que presenten altos índices de mortalidad estudiantil, puedan ser entregados a las empresas privadas por medio de concesiones; similar sucede con los docentes, ya que si la pérdida del año de los estudiantes es alta, los responsables son los docentes, por tanto pueden ser despedidos, así ya estén nombrados en propiedad.

Dicho criterio de calidad en la educación, es lo que orienta la política educativa del presidente Santos, particularmente en cobertura, con restricción de presupuesto, como sucedió con los recortes de transferencia, en años pasados.

Ante dicha situación, lo que surge es la necesidad de defender la educación pública, por parte de docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, pues la llamada prosperidad democrática, está mediada por el criterio de que la educación es un servicio y no un derecho.

Esa entre otras, es la razón de las protestas de docentes y estudiantes, que comprenden cómo la aplicación de la calidad neoliberal, afecta a quienes estudian en las instituciones públicas y que dichas pautas de evaluación, están en función de los mercaderes de la educación