Extendemos nuestro abrazo al colectivo de colombianos y colombianas por la
paz; Ruta social común por la paz y a las organizaciones e iniciativas de
paz convocantes y agradece la invitación y su esfuerzo para que podamos
hoy hacernos presentes en este trascendental acontecimiento.
Para nosotros, prisioneros y prisioneras políticas es muy significativo el
hecho de que se nos permita expresar nuestro punto de vista sobre el
proceso de diálogos que busca la terminación del conflicto armado y lo que
implicaría la consolidación de un sistema social que nos permita como
mínimo, disfrutar la vida en paz.
Empecemos por decir, que para los revolucionarios, que basamos nuestra
teoría y nuestro accionar en la dialéctica, la paz no implica la ausencia
de conflicto, puesto que es innegable que la contradicción genera
desarrollo y para que haya desarrollo, se necesita que haya cambios y todo
cambio genera reacción, que de una u otra manera es violenta, aunque no
necesariamente física. ¿Cuántas veces no hemos tenido que violentarnos a
nosotros mismos para asumir un nuevo estilo de vida o una nueva
concepción filosófica?. Quien pretende vivir sin conflictos, está
pretendiendo dejar de existir, ya que hasta los seres considerados
inertes, constantemente están cambiando. Otra cosa muy diferente, es la
forma como se aborde y se pretenda darle salida al conflicto cualquiera
que este sea.
Consientes del riesgo de que se nos siga tildando de anacrónicos, de
anquilosados, de que nos hemos quedado en el pasado, nos permitimos hacer
algo de remembranza, pues es evidente que lo que se pretende por parte de
sectores de la derecha, es la negación del actual conflicto. Aunque para
algunos siga sonando repetitivo, es necesario seguir diciendo, sin
remontarnos tanto en el tiempo, que no fuimos nosotros los que generamos
la actual confrontación armada:
¿Fuimos nosotros los que asesinamos a JORGE ELIECER GAITAN?, ¿fuimos
nosotros los que conformamos la policía conservadora, para matar
liberales?, ¿fuimos nosotros los proscriptores del partido comunista y los
creadores del frente Nacional, negando así la legalidad de cualquier otra
expresión política? ¿Quiénes fueron los inventores de las supuestas
“REPUBLICAS INDEPENDIENTES” y su posterior invasión mediante el plan
LASO?,
¿Quiénes fueron los que obligaron a los campesinos del sur del Tolima a
empuñar las armas para defenderse?, ¿Quiénes fueron los que no permitieron
a CAMILO TORRES RESTREPO, seguir predicando el amor efectivo al prójimo,
desde el pulpito y la plaza pública?, ¿Quiénes fueron o son los que,
cuando se vislumbró la posibilidad de paz, mediante los acuerdos de la
Uribe, exterminaron a la Unión Patriótica?, ¿Quiénes son los que por
décadas se han negado al reconocimiento del conflicto y dedicado a
desvirtuar su esencia política?, ¿Quiénes son los que en aras de demostrar
que están ganando la guerra, “reclutan” jóvenes incautos para después
hacerlos aparecer como dados de baja en combate?.
Nuestra actitud de rebeldía armada por lo tanto, no ha sido otra cosa que
la respuesta a todas estas agresiones de parte del Estado, contra quienes
piensan diferente y consideran que una sociedad, donde el ser humano sea
el centro de la política y no el elemento acumulación de riqueza, es
posible.
La guerra indiscutiblemente es un azote para la humanidad, pero esta, se
hace necesaria cuando desde el poder y por la fuerza, se impide que se
gesten cambios necesarios para que la humanidad siga su dinámica de
desarrollo en pro de su realización como especie.
En los últimos años, la dinámica mundial y de Latino América ha venido
cambiando y han aparecido otras opciones menos cruentas que la
confrontación armada. Es cierto que estamos viviendo otras realidades.
Quizá estemos entrando en una etapa, en que la humanidad pueda dirimir sus
conflictos sin la necesidad de la eliminación física del contrario. Aún,
en épocas anteriores, se lograron cambios sin necesidad de la guerra:
mientras en toda América se libraban cruentas batallas por la
independencia, el Brasil la logró por la concertación y con la anuencia
del emperador Pedro II.
El doctor Humberto de la calle Lombana, dijo el pasado 17 de Octubre en la
rueda de prensa en Oslo, que si las FARC-EP querían cambiar el sistema,
tenía que ganarse las elecciones. Si no se repite lo de Jorge Eliecer
Gaitán, lo de Pardo Leal, lo de Bernardo Jaramillo, lo de Pizarro León
Gómez, lo de la UP, lo del frente popular, lo de a luchar, es posible que
eso se dé; pero es que no basta con participar en las elecciones. Es
necesario que se empiece desde ya a respetar y dar garantías para la
actividad política, que implica no sólo el discurso, sino la participación
activa y eficaz en la discusión de la política social y económica por
parte del pueblo, representado en sus diferentes organizaciones y no que
la misma sea monopolio del congreso de la república y los partidos
convertidos en empresas electorales.
Pero el gran interrogante es, si el Estado colombiano está en condiciones
de garantizar que todos los ciudadanos sin excepción puedan como es su
deber y derecho, participar en política y si Podrá así mismo someterse a
un profundo tratamiento aséptico para dejar de ser un estado mafioso,
resolver el problema del paramilitarismo y evitar los falsos positivos que
siguen siendo cosa del presente.
Decía también el doctor Humberto de la Calle, que las FARC-EP, tendrían
que deponer las armas, pero no sus ideas; sin embargo, se molestó con el
discurso de Iván Márquez, y los medios de comunicación, en aras de
descalificarlo, lo anunciaron como el discurso “de un político”. Claro que
es el discurso de un político.
Claro que tiene ambiciones políticas. Los rebeldes armados, los
guerrilleros, somos políticos y tenemos ambiciones políticas. Se dice que
hay que encontrarle una salida política al conflicto; pero se pretende que
no se hable de él, que no se discuta sobre sus causas y que no se
consideren sus efectos. Se pretende que sólo se asuma la responsabilidad
del mismo, por parte de la insurgencia.
Los dueños de los bancos, los terratenientes y sus bocinas (los medios de
comunicación), se pueden molestar con nuestro discurso; están en todo su
derecho de hacerlo. Lo que no pueden hacer, es pedirnos que dejemos de
hablar de economía, de política agraria, de minería, de política
energética, de derechos humanos, de soberanía, de cultura, de educación,
de administración pública, de política criminal, etc. Por eso quienes hoy
estamos privados de la libertad por ser militantes de las FARC-EP o del
ELN, y por acciones de guerra, somos presos políticos, La naturaleza de
nuestra lucha, los propósitos y las formas de hacerlo, así lo indican y la
misma constitución, la ley y las jurisprudencias de las altas cortes lo
ratifican, pero el gobierno se niega a reconocernos, a pesar de haber
aceptado la existencia del conflicto.
Los presos políticos hemos tenido que afrontar por años, las consecuencias
del conflicto y las de nuestro compromiso político ideológico. Por ello,
una buena parte del código penal y del código penitenciario, juegan el
papel contrainsurgente definido por el estado, están hechos para castigar
a los disidentes u opositores políticos.
Las penas para los delitos de rebelión y sus conexos han venido aumentando
progresivamente en cada reforma. Se juzga cada tipo penal por separado, en
un esfuerzo desesperado por negar el carácter político de nuestra lucha.
Los juzgadores se inventaron la tesis de que el concierto para delinquir
es
compatible con el de rebelión y la corte suprema de justicia la ha
aceptado y respaldado. El régimen carcelario atenta con la dignidad de los
presos políticos, se nos disemina por todas las cárceles del país,
impidiendo nuestro dinámica colectiva y la reafirmación de nuestros
valores revolucionarios. Se nos impide la comunicación y se nos niega el
derecho a la información.
Padecemos como los más de 110 mil presos del país, unas condiciones
indignas y en ocasiones atentatorias contra la vida, pues no se garantizan
las mínimas condiciones de bienestar que un ser humano necesita para
vivir, y por el contrario se nos somete al hacinamiento, falta de atención
en salud que ha llevado a compañeros a la muerte por estas causas. Se
prohíbe,
se restringe y se dificulta el ingreso de defensores de derechos humanos,
organismos humanitarios y comisiones de verificación.
Desde las prisiones hoy continuamos luchando, por nuestro reconocimiento,
por nuestra dignidad como luchadores sociales y políticos, por el respeto
de los derechos humanos, por la paz, por la justicia social, por la
libertad, por una nueva Colombia, libre democrática y en paz.
Consideramos que este es el momento histórico para detener el desangre por
razones políticas, como primer paso para lograr una sociedad donde nadie
tenga que matar ni morir por intentar satisfacer sus necesidades básicas o
por defender sus ideales.
La mesa de dialogo establecida entre el Gobierno del Presidente Santos y
Las FARC-EP, con el acuerdo de agenda construido en la fase exploratoria
“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”, el inicio de la segunda fase y el anuncio del
interés de establecer una segunda mesa por voluntad del ELN y el Gobierno
del presidente santos, son un paso importante.
Es necesario seguir construyendo un ambiente propicio para que este
proceso siga su curso y pueda culminar en la paz duradera, anhelo inmenso
de todos los colombianos. En esta dirección, saludamos la decisión de las
FARC EP de
decretar un cese al fuego y a las hostilidades, unilateral a partir del 20
de noviembre hasta el 20 de enero de 2013, es un hecho que ayuda a generar
confianza en el proceso y al que los colombianos y la comunidad
internacional debemos exigir una actitud reciproca del gobierno del
Presidente Santos, como expresión real de su voluntad en este proceso.
Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas deben ser repatriados, ningún
colombiano debe ser extraditado y menos entregado como botín de guerra al
imperio norteamericano. Esto hace parte de la generación de un ambiente
propicio para la paz del país.
La solución política, implica, un acuerdo para la terminación del
conflicto y la implementación de mecanismos concertados entre las partes,
para que entre todos los colombianos podamos darle trámite a la solución
de las causas que originaron el conflicto y encaminarnos hacia una paz con
justicia social, estable y duradera. Esto significa que debe garantizarse
la
participación de la sociedad no solo como objetos del problema, sino como
sujetos activos, participando y decidiendo sobre las causas que lo
originaron y el país que aspiramos para las próximas generaciones de
colombianos.
Hoy es decisivo insistir en la participación de la sociedad y como
expresamos antes, no basta con los mecanismos de recolección de
información sobre los problemas y causas del conflicto social, es
necesario la construcción de escenarios de debate y de decisión, que dé
cuenta de los procesos desarrollados por las comunidades, por ello,
compartimos las propuesta que se vienen gestando desde diversas
iniciativas como; los mandatos por la paz del Congreso de los Pueblos, el
proceso de las constituyentes y cabildos planteadas por la Marcha
Patriotica, los diálogos pastorales que viene adelantando la iglesia, la
Convención Nacional propuesta por el ELN y el esfuerzo de unificar las
iniciativas de paz en la Ruta Común para la Paz, como instrumentos de
participación y de decisión en la solución política y la concreción de las
bases de lo que puede ser un
Gran Acuerdo Nacional, que nos lleve a un nuevo país en paz y equidad,
aspiración de los colombianos.
De no ser así seguramente nos adentremos en una nueva frustración,
donde se manifestara la profundización, agudización y atomización del
conflicto, repitiendo experiencias pasadas tanto en el país como en
Centroamérica.
Desde nuestra condición de presos políticos y luchadores sociales
ratificamos nuestro compromiso con la humanidad, con la historia y
seguiremos cumpliéndolo. Lo hemos hecho desde la clandestinidad, desde el
barrio, desde la aldea, desde el llano, desde la montaña, desde la
prisión. Esperamos que podamos seguirlo haciendo, libres, discutiendo,
argumentando,
obteniendo y concediendo la razón y que todos los ciudadanos puedan
hacerlo sin el temor de la cárcel o del cementerio por atrevernos a soñar.
¿ Qué tiene de malo soñar?. ¿Qué daño hacen las utopías?
Porque estamos identificados con el Nicaragüense Omar Cabezas Lacayo
cuando dice: “Yo subí a la montaña, llevando entre las puños aferrado un
puño de ilusiones que nunca solté, que nunca se me ensució, y que nunca se
me perdió; y si me fui hasta el tronco de lodo, sacaba la mano y ahí
dentro andaba entre las manos un puño de ilusiones”.
Cárceles de Colombia
Diciembre 3 del 2012
