Así da cuenta una investigación realizada por el Cinep y la fundación Cospacc, quienes calculan, que 1.029 personas desaparecidas no fueron reportadas en ese mismo período, lo que da un total de 2.553 (dos mil quinientas cincuenta y tres personas) desaparecidas durante el período 1986 – 2007 en el departamento de Casanare.

 

 

Hoy las cosas no han cambiado de manera sustancial; sólo ha variado la forma de cometer actos degradantes en contra de la dignidad humana. Las organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, han tenido que conocer denuncias de ejecución extrajudicial de muchos colombianos, incluyendo funcionarios de esas mismas instituciones.

Es corriente escuchar casos en los que los familiares de las víctimas relatan cómo miembros de la fuerza pública detuvieron a sus seres queridos en plena luz del día y actuando como autoridad judicial – sin tener facultades- los llevaron detenidos, simularon enfrentamientos en los que siempre las víctimas eran civiles en estado de indefensión, y posteriormente fueron presentados como ‘guerrilleros dados de baja en combate’. Para encubrir el hecho, desaparecieron sus documentos, colocaron armas junto a sus cadáveres, armas que técnicamente no tenían capacidad de respuesta frente al armamento de dotación de las fuerzas armadas, y así mismo material de propaganda alusivo a grupos insurgentes; les vistieron prendas de camuflado que en muchos casos no correspondían a la talla de las víctimas, y sin intervención de autoridad judicial, los cuerpos fueron trasladados en la mayoría de los casos a las instalaciones de la sede de la Brigada XVI, donde intervenía el CTI-, dando la oportunidad a los responsables de los crímenes de contaminar las ‘pruebas judiciales’.

Se tiene registro de casos en que fueron ejecutados extrajudicialmente menores de edad vinculados a instituciones educativas, dirigentes comunales, campesinos, trabajadores de las empresas petroleras, familiares de militares activos, y hasta informantes de la misma fuerza pública. Como se puede observar en la siguiente nota de prensa de un prestigioso medio de comunicación en nuestro país:

“Toda la cúpula del Grupo Antisecuestro Gaula del Ejército en el departamento del Casanare, fue cobijada con medida de aseguramiento por un juez de la ciudad de Villavicencio por el secuestro y posterior asesinato de un civil identificado como Eduardo Pérez Vega. La medida fue proferida por el Juez Primero Penal Municipal de Villavicencio, Héctor Alonso Martínez y cobija al mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del equipo; el teniente John Alexander Suancha Florián, el cabo segundo Gelver Pérez García y los soldados profesionales Elio Ernesto Celis Bedoya, Carlos Alfredo Bello Bolívar, Abdón Guanaro Guevara y Johny Higuera Moreno. Los militares se encuentran detenidos en la guarnición militar de Yopal, mientras se define su situación judicial. Los hechos sobre los cuales se les acusa a los uniformados ocurrieron hacia las 10 de la mañana del pasado 27 de julio, cuando el civil Eduardo Pérez Vega fue sacado contra su voluntad de una sala de Internet del barrio Ciudad Porfía, de Villavicencio, por cuatro hombres que portaban sus insignias y se identificaron como miembros del Grupo Gaula de Casanare. Inmediatamente lo subieron a una camioneta azul Toyota Hi-Lux, con vidrios polarizados, cuatro puertas, de platón, en la cual lo condujeron por la vía hacia Yopal. Dos horas más tarde, el cuerpo de Pérez fue sepultado como NN en el cementerio de Corozal, Casanare, y fue reportado por el grupo Gaula como “muerto en combate” con los frentes 27 y 28 de las FARC. La salida de los militares con Pérez del Internet quedó grabada en una cámara de seguridad del sector y el tránsito de la camioneta quedó registrado en los peajes en la carretera hacia la capital del Casanare. Además, en la Simcard del teléfono celular de la víctima (Pérez Vega) quedaron registradas llamada hechas por la hermana del cabo Pérez García. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, el que ordenó y dispuso el desplazamiento del personal a Villavicencio fue el comandante del grupo Gaula, Gustavo Enrique Soto Bracamonte. El teniente Alexander Suancha Florián, fue quien firmó la misión Jericó II, en la que se ejecutó el homicidio de Pérez Vega, con la participación de los otros tres soldados profesionales capturados. Ninguno de los uniformados aceptó los cargos.”

Muchos otros casos han ido quedando registrados en numerosas fuentes que este Informe ha tratado de reunir. Es ya de dominio público que la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia es algo sistemático y no sólo un problema del Casanare ni tampoco un conjunto de casos aislados, debido a la corrupción de algunos militares, como trata de sostenerlo el Gobierno. El caso del Casanare muestra a las claras que esa práctica sistemática encaja con intereses transnacionales, asumiendo planes de ‘pacificación’ y exterminio en regiones económicamente estratégicas, en las cuales se ha tratado de implementar la política denominada de “seguridad democrática” diseñada por el Presidente Uribe Vélez.

Cuando se concluía la recopilación de información que se presenta en este Informe, ya la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, indicaba que hasta el momento 952 integrantes del Ejército Nacional habían sido vinculados a investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales con carácter de “falsos positivos”, o sea motivadas en el afán de presentar resultados positivos en los planes gubernamentales de lucha contrainsurgente, atribuyendo a las víctimas un carácter ficticio de “insurgentes”. No es exagerado sostener que la ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en potestades detentadas por el Estado.25La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien a finales de 2008 realizó una visita oficial a Colombia, afirmó que la Ejecución Extrajudicial se “convierte en delito de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población”. No hay duda de que la gran cantidad de casos de falsos “muertos en combate” que han sido registrados en Colombia, responden a un afán del alto Gobierno de presentar como “exitosa” su política de “seguridad democrática”, constituyendo, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad.

Al tratar de ofrecer una mirada de conjunto sobre lo ocurrido en el Casanare durante las últimas décadas, este Informe, sin ser exhaustivo, dada la limitación de los recursos, muestra con suficiente contundencia que la barbarie de la violación de los derechos humanos que afecta a Colombia, está profundamente articulada a las dinámicas de la economía transnacional, la cual se proyecta en la destrucción del medio ambiente; en la exclusión de las poblaciones de los beneficios inherentes a sus propios recursos, y en el exterminio de las franjas de población organizada que presenta algún nivel de resistencia a tales formas de opresión, sin detenerse ante la atrocidad de los métodos.

1 Los 19 municipios del departamento son: Yopal (ciudad capital), Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luís de Potosí, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.

2 En: LLANOS ORIENTALES: DE LOS HERMOSOS ATARDECERES AL CONFLICTO ARMADO; Manuel Javier Fierro Patiño.Publicado en Revista Javeriana, Universidad Javeriana, Bogotá, Mayo 2006.

3 La Orinoquia. Visión Monográfica. Corpes Orinoquia. 1997.

4 En: Vega Manuel, Ayala Martín (2007) “Casanare y la BP. Una historia que es preciso cambiar.” Londres, Front Line.

5 Ibid.

6 Madrid, 3 de noviembre de 1996

7 Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM. 1996

8 La categoría 6 agrupa a los municipios con menor volumen de ICLD y/o menos habitantes. En Colombia, el 89% de los municipios está clasificado dentro de la categoría 6 para el año 2007

9 Noticia de radio Santafé, Noviembre 27 de 2008. Edición electrónica.

10 José Jairo González Arias: Casanare o la desinstitucionalización paramilitar
www.viva.org.co/caja_herramientas_c...

11 ALEXIS SCHLACHTER. La otra cara del Petróleo.

12 Palabras de una campesina del municipio de Aguazul, en el marco de la Misión Internacional Roque Julio Torres Torres. Julio 29 al 1 de agosto de 2007.

13 ACDAINSO fue creada el 10 de Agosto de 1995 para representar a los campesinos de 17 veredas que comprendían el corregimiento del Morro en el municipio de Yopal Casanare. En ese año, más de 100 delegados de este sector constituyeron esta forma jurídica para que los representara ante las diversas instancias gubernamentales y privadas (en este caso concreto con BPX) en el tema particular del petróleo y el desarrollo campesino.

14 Informe de de la Misión Internacional Roque Julio Torres Torres. Julio 29 al 1 de agosto de 2007.

15ACUSACIÓN CONTRA LA BRITISH PETROLEUM BP. www.observatoriocolombia.info

16 Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. www.derechoshumanos.gov.co

17 Guillar Michael, 1998, video Los Soldados Secretos de la BP en Colombia

18 Ejército Nacional de Colombia. www.ejerccito.mil.co

19 Se refiere a los municipios que componían la Provincia de La Libertad, los cuales son: Labranzagrande, Pisba, Paya y Pajarito.

20 Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la república. www.derechoshumanos.gov.co

21 Daniel Guzmán, Tamy Guberek, Amelia Hoover y Patrick Ball, “Los Desaparecidos de Casanare”, Octubre 31, 2007, pg. 1

22 Daniel Guzmán y otros, o. c. pg. 1

23 Cuerpo Técnico de Investigación, perteneciente a la Fiscalía General de la Nación.

24 Revista Semana, edición electrónica, noviembre 2 de 2007

25 Pronunciamientos del Delegado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.