- Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia más de 136.000 personas han sido desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado y la violencia sociopolítica. Las dificultades en la denuncia y el acceso a la justicia implica que este universo sea mucho más amplio de lo que se registra1.
- De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Amnistía Internacional, en Colombia desaparece una persona cada 36 horas2.
- Las víctimas hemos señalado históricamente que es fundamental la desclasificación de archivos de inteligencia, no solo los del extinto DAS, para lograr el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, el acceso a la justicia y encontrar a quienes fueron desaparecidos forzadamente en Colombia.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente ordenó la desclasificación de los archivos de inteligencia en Colombia. Conocer lo ocurrido, será un paso para que hechos atroces como estos Nunca Más ocurran en Colombia.
- La conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido es resultado de la persistencia de organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), una organización no gubernamental integrada por las asociaciones de familiares de países de América Latina y el Caribe.
- En 2010, las organizaciones y familiares de víctimas lograron que el Estado colombiano rindiera homenaje a las víctimas de desaparición por medio de la Ley 1408.
- La desaparición forzada sigue siendo una herida abierta y una deuda histórica del Estado colombiano: miles de familias continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos, en medio de la impunidad, el silencio estatal y la violencia que persiste en los territorios.Bogotá, 26 de mayo de 2026. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido las víctimas exigimos al Estado colombiano: desclasificar archivos del DAS que permitan el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia para la no repetición, garantizar el cumplimiento integral de la Ley de Mujeres Buscadoras –Ley 2364 de 2024–que reconoce formalmente a las mujeres que buscan víctimas de desaparición forzada en Colombia como defensoras de Derechos Humanos, constructoras de paz y sujetas de especial protección constitucional y garantizar la protección e integridad de las familias que buscan a sus seres queridos.Desde las plataformas y organizaciones de víctimas de Crímenes de Estado y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia nos unimos a esta conmemoración buscando visibilizar y denunciar la sistematicidad de este crimen de Estado y de lesa humanidad, dignificar la lucha de las familias buscadoras, hacer memoria, exigir garantías reales de no repetición, reivindicar los derechos de las víctimas y acompañar la exigencia de reencuentro o entrega digna de quienes aún buscan, para aliviar la angustia, incertidumbre y sufrimiento de la espera.De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la detención y desaparición en América Latina es un método de coerción y de control político y social que, inicialmente, ocurrió bajo las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta3. Es una forma grave de violación de Derechos Humanos en la que una persona es detenida de manera arbitraria y privada de su libertad por agentes del Estado (o con su autorización, apoyo u omisión) y luego se oculta su paradero o destino, negando haberla detenido o impidiendo su acceso a la justicia, y a sus familiares a una defensa legal.En principio, nombramos al detenido-desaparecido para honrar la memoria histórica latinoamericana y reconocer una práctica de violencia estatal sistemática utilizada para perseguir, controlar y silenciar. Llamamos desaparición forzada a este crimen porque es el nombre jurídico desde el que exigimos verdad, justicia y garantías reales de no repetición ante este flagelo que debilita la democracia.
Lo anterior debido a que en Colombia, este crimen de lesa humanidad –intencionado, organizado y sistemático– fue selectivo y ejercido en contra de organizaciones políticas, liderazgos sociales, movimientos populares y sectores históricamente marginados, bajo lógicas de persecución política, estigmatización y construcción de un “enemigo interno”. Se trata de una práctica de violencia estatal y control social ampliamente documentada en América Latina, que en Colombia se desarrolló en el marco del conflicto armado y un régimen político en apariencia democrático, atravesado por doctrinas de seguridad y prácticas de persecución política.
La detención y desaparición forzada continúan siendo utilizadas como mecanismos violentos de coerción, control territorial, amedrentamiento, silenciamiento y desarticulación comunitaria. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos4, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen siendo las más afectadas por esta práctica. Esta continúa vinculada al:
- El control territorial de grupos
- Las economías
- El desplazamiento
- El reclutamiento de niñas, niños y
En Colombia, se creó la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), resultado de la juntanza de las familias de 13 jóvenes estudiantes y trabajadores detenidos y desaparecidos en 1982 que, desde entonces, se conoce como el Caso Colectivo 82.
Como resultado de años de persistencia y resistencia de organizaciones de familiares de víctimas como ASFADDES y el MOVICE, en el año 2000, el Estado colombiano tipificó la desaparición forzada como delito mediante la Ley 589.
Las mujeres sostienen la búsqueda:
Madres, hermanas, hijas y familiares han convertido el dolor en resistencia. Son ellas quienes han recorrido cementerios, buscado archivos e impulsado procesos de memoria, sosteniendo la exigencia de verdad y justicia. Sin embargo, muchas continúan enfrentando amenazas, persecución, miedo, estigmatización, abandono estatal, ausencia de garantías y revictimización por su labor, una responsabilidad que el Estado jamás debió dejar en manos de las familias.
Esta búsqueda se ha convertido en acto de resistencia, en una herramienta de exigencia y en una interpelación directa al Estado. Ellas han resistido al olvido en los lazos que han tejido entre la memoria, la búsqueda y la vida. Porque buscar a quienes fueron desaparecidos no debería costar más vidas.
La detención y desaparición forzada también marcó escenarios recientes de movilización social. Durante el Paro Nacional de 2021:
Según la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la movilización social del año 2021, se denunciaron 129 desapariciones forzadas durante las protestas5. La campaña Defender la Libertad registró 3.274 hechos de detención arbitraria en las protestas, y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos identificaron, al menos, 379 presuntas desapariciones6.
La desaparición forzada sigue ocurriendo en Colombia. Nombrarla, denunciarla y exigir verdad también es defender la memoria, la dignidad y la vida.
Solo narrando la historia de los ausentes podremos tomar conciencia de la dimensión humana que implica su pérdida.
¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Por qué se los llevaron? Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
#TeSeguimosBuscando
“El desaparecido no eligió su destino, fue suprimido por otros del paisaje de la vida. No está muerto, está ausente. Permanece vivo en la memoria de sus seres queridos. Ellos mantienen su habitación intacta, sus juguetes a salvo, sus deudas, sus anotaciones, sus cuadernos, su ropa, en fin, lo esperan. Pero lo esperan como se lo llevaron, no en un ataúd, no en una fosa común, no en cenizas. Se trata de una espera que suspende la vida, pero al mismo tiempo, una que se reafirma todos los días en la esperanza de volverlo a ver, de no dejarlo ir. De vivir mientras regresa”.
