Informamos además, que la guardia de “Los Guajiros”, al servicio del Sr. Fernández de Castro, se encuentra en la finca aledaña del palmicultor, a la espera del desalojo de la comunidad, para ingresar a los terrenos, situación que de concretarse deja en mayor vulnerabilidad a la comunidad, dado los antecedentes de agresión y persecución protagonizados por estos civiles armados, contra miembros de la comunidad.
Resaltamos el carácter sesgado de la decisión del Alcalde, quien valora exclusivamente las “pruebas” aportadas por Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, el terrateniente palmicultor, responsable por el anterior desalojo de las familias en 2010, mientras deja de lado aquellas pruebas presentadas por la comunidad.
Adicionalmente, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad y el bienestar de las familias en retorno, pues la determinación del Alcalde las pone en evidente riesgo; desconoce el derecho que tienen las víctimas de desplazamiento forzado a retornar a sus tierras y la obligación correlativa de las autoridades de garantizar su dignidad humana y brindar la atención necesaria para su supervivencia y seguridad.
Contexto:
Hace unos días el personero de Curumaní, Mauricio Ríos, en un acto sin precedente, desistió del trámite de protección de los predios de la población desplazada iniciado ante el INCODER con base en los mismos argumentos del señor Fernández de Castro. Por su parte, Carlos Alberto Serrano, el personero de Chimichagua, desde la primera diligencia realizada en el marco del proceso de lanzamiento, expuso su postura abiertamente inclinada hacia los intereses y pretensiones del terrateniente.
Desde el retorno a su territorio, la comunidad de Pitalito y los abogados que la acompañan han sido acusados de manera irresponsable y sin fundamento, hostigados por uniformados del Ejército Nacional y perseguidos por parte de civiles desconocidos.
Resaltamos que la resolución emitida desde el Despacho Municipal, pone en entredicho la efectividad de la política de restitución de tierras de la que habla el Gobierno Nacional; además deja en evidencia que las comunidades despojadas de su teritorio no contarán con garantías reales para el retorno voluntario, mientras que las autoridades locales cierren los ojos ante la grave problemática de desplazamiento y las múltiples tipologías de despojo que han afectado a la población campesina en Colombia.
Exigimos:
-Que las autoridades colombianas actúen para proteger y garantizar los derechos de la comunidad en retorno.
-Que la comunidad nacional e internacional apoye a las familias retornadas y que se pronuncie para garantizar su protección y permanencia en el territorio.
