Siete millones novecientos cincuenta y siete mil doscientas diez y nueve (7.957.219), es el numero de victimas oficialmente reconocidas por el estado colombiano, según el registro único de victimas. La cifra es impensable, inimaginable y aunque incompleta impacta, inquieta, aterra. El 16%, del total de la población es victima, una de cada seis personas ha padecido un hecho victimizante en el marco de una guerra que sus promotores tratan de sostener en desarrollo de su propio proyecto político y militar asociado a la extrema derecha su principal benefactora.

Las cifras contabilizan cerca de 10 millones de eventos humillantes, degradantes y de barbarie, que han lesionado la condición del ser humano, su dignidad y derechos. La crueldad y desborde de la guerra muestra cifras irrefutables de una tragedia que debe acabarse. La desaparición forzada ha convertido en victimas a mas de 170.000 personas y medicina legal ya trabaja en 83000 casos de victimas directas reportadas como NN, en medio de una geografía sembrada de fosas comunes en las que sus victimarios condenaron y premeditadamente quisieron borrarles la historia de sus victimas. El homicidio cuenta a mas de un millón de asesinados. La tortura, la violación sexual, la persecución han dejado huellas a veces escondidas por el temor a ser revictimizados por otros actores de una misma cadena de victimarios y; el despojo de tierras y bienes y el desplazamiento forzado supera la población de grandes ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga juntas.

Del total de victimas 6.072.897 están declaradas como sujetos de atención y 1.602.135 como victimas directas por homicidio o desaparición forzada que supera de lejos lo ocurrido en las temibles dictaduras del cono sur que tuvieron su soporte en el pentágono.

Entre 2000 y 2008 se registran 4.964.803 que corresponden a mas de la mitad de las victimas, de las que no menos del 90% fueron civiles con origen en sectores populares, quienes padecieron la arremetida de un numero similar de hechos victimizantes de violencia. La implantación de la Política de Seguridad Democrática creó el mayor numero de victimas, ocultado por un novedoso sistema de comunicación orientado a extender la percepción e imaginario de una guerra victoriosa, en la que las mismas victimas solo tenían la opción de convertirse en soldados e informantes o recibir tratamiento de terroristas expuestos a convertirse en otra cifra para reportar como victoria.

Todas las victimas tienen un dolor que las cifras no reportan, un miedo desalentador usado por los victimarios para arremeter contra la población civil excluida del poder, despojada de derechos y convocada permanentemente a celebrar su propia muerte. Suficiente razón para terminar la guerra y dejar sin victorias de muerte a sus productores, quienes a manera de ejemplo en las ultimas tres décadas arremetieron contra el sector educativo provocándole cerca de dos millones de hechos que convirtieron en victima a uno de cada cuatro niños y jóvenes en edad escolar, amenazaron a seis mil profesores, asesinaron a mil cien, desaparecieron a cincuenta, llevaron al exilio a setenta y cientos mas de jóvenes padecen falsas judicializaciones o prisión, según un efectivo modus operandi del experimento nazi, que aun no tiene contabilidad aunque los hechos muestran listas elaboradas en universidades o niñas de colegios de regiones apartadas entregadas en ofrenda sexual a paramilitares.

Cada sector social tiene sus propias victimas, contadas en miles de indígenas, campesinos, mujeres, sindicatos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos e incluso indiferentes, pero en todos los casos el común denominador es que el estado, con independencia del tipo de participación, bien por aquiescencia, tolerancia o connivencia es el responsable principal. En toda victima el estado colombiano tiene una responsabilidad que no puede descargar sobre el victimario y su deber es investigar y generar responsables políticos y materiales y presentarlos a juicio. El estado conforme al derecho internacional es el primer responsable ético, político y penal de la generación de victimas, por su doble condición de encargado de la organización, disposición y control del aparato de poder político que incluye el uso legitimo de de la violencia como ultimo recurso y; por su carácter de garante de los derechos humanos y preservación de la democracia conforme al pacto social vigente representado en la constitución que privilegia la vida y la abolición de la guerra como principios sustanciales de convivencia.

P.D. En esta semana de memoria y homenaje a las victimas, se Destaca la decisión del estado colombiano que por acuerdo amistoso presentado ante la Corte Interamericana de derechos humanos reconoce su responsabilidad en la Masacre de Trujillo, Valle, y se compromete con acciones de reparación, difusión y reconocimiento de los hechos respecto a 76 victimas de las mas de 250 dejadas por una barbarie ejecutada en connivencia por funcionarios, militares, políticos, empresarios y paramilitares unidos en el propósito de destruir a una población inocente, indemne y vulnerada por el terror sistemático extendido con practicas inconcebibles de odio y terror como el descuartizamiento y desmembración de las victimas. Gracias a Justicia y Paz, al Colectivo de Abogados Cajar, y a otras decenas de organizaciones que por décadas han hecho crecer la esperanza en la capacidad de los pueblos para derrotar al miedo.