La FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR y el Comité Permanente de Derechos Humanos – CPDH, insisten sobre 3 de los principales retos en derechos humanos que deberá impulsar el próximo Presidente de los colombianos, que será elegido este sábado 17 de junio de 2018 y que deberá priorizar desde que tome posesión de su cargo el próximo 7 de agosto de 2018.
Es un momento clave en el que la posibilidad de avanzar hacia la construcción de una paz verdadera y duradera se podría hacer realidad.
A pesar de los avances humanitarios que significó la suscripción del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que implicó entre otros, la dejación de armas del grupo guerrillero, la reducción de la tasa de homicidios llegando a alcanzar la más baja en los últimos 42 años y que se vivieran unas elecciones a la presidencia sin ningún problema de orden público en el país, Colombia tiene una importante deuda en materia de derechos humanos que impide lograr la consolidación de un Estado Democrático de Derecho.
La promoción y protección de los derechos humanos, junto con la separación e independencia de los poderes del Estado y el respeto del Estado de Derecho, son los principios fundamentales para la consolidación de la democracia. Consagrados en la Constitución Colombiana y en los instrumentos regionales e internacionales firmados y ratificados por el Estado colombiano, estos principios se imponen como un mandato prioritario para los próximos 4 años de gobierno.
Durante su tercer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tuvo lugar en mayo de este año, 86 países formularon 211 recomendaciones a Colombia para mejorar la situación de derechos humanos en el país. El Estado de Colombia aceptó 183 de ellas. Entre ellas, la FIDH y sus ligas, resaltan en particular el compromiso voluntario del Estado a continuar con la adopción de medidas para la protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos, continuar con implementación de acuerdo de paz con las FARC y continuar con la negociación con el ELN.
En este contexto, es fundamental que el próximo presidente de Colombia, manifieste su voluntad política real para garantizar los derechos humanos en Colombia y de forma particular dirija su gobierno a superar los siguientes retos en derechos humanos:
Reducir la tasa de impunidad frente a los crímenes más graves. Organizaciones colombianas denuncian un 98,68% de impunidad en casos de desaparición forzada y de 88.43% en casos de ejecuciones extrajudiciales3 . La impunidad es un problema estructural en Colombia y como tal, necesita de medidas estructurales para superarlo. Igualmente, los recientes escándalos de corrupción que llegaron hasta las más altas Cortes de Colombia, las intromisiones indebidas de altos funcionarios del gobierno en fallos judiciales, las “chuzadas” a los magistrados, así como los retrasos en la impartición de justicia y la falta de funcionarios, no pueden continuar siendo el cotidiano del sistema judicial en Colombia. Es por ello esencial como primer paso que el futuro gobierno provea con recursos humanos y financieros y garantías de independencia a la rama judicial, como primer paso para superar parte de la impunidad.
El funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz – JEP, como un eje clave en la implementación del Acuerdo de Paz podría engendrar impunidad para graves violaciones de derechos humanos y para el Derecho Internacional Humanitario, si no se toman algunas medidas específicas . Es preocupante que la JEP solo pueda juzgar a los terceros civiles cuya participación, haya sido “activa o determinante” en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, condición ambigua que deja su comparecencia a que sea voluntaria. Igualmente son preocupantes las limitaciones establecidas respecto de la responsabilidad del mando (artículo 23 transitorio), al establecer numerosas condiciones concurrentes y que desdibujan lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de Roma.
Es responsabilidad del Jefe de Estado velar por que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sean una prioridad en la implementación de los acuerdos de paz. Uno de los temas prioritarios para la efectividad de estos derechos tiene que ver con el acceso a archivos por parte de los órganos del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El Presidente electo debería considerar la desclasificación de archivos relacionados con entidades que han participado en graves violaciones a los derechos humanos (Batallón Charry Solano, Brigada XX, Departamento Administrativo de Seguridad -DAS).
Es urgente que se impulsen desde el Gobierno medidas para que se puedan investigar y sancionar efectivamente las graves violaciones a los derechos humanas, así que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, y luchar contra la impunidad generalizada en el país. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional – CPI tiene un examen preliminar abierto desde hace 14 años sobre estos crímenes cometidos en Colombia. En su último informe, la Fiscalía, concluye a la ausencia de procedimientos nacionales abiertos en contra de los más altos responsables de los casos de los llamados “Falsos Positivos”, de los desplazamientos forzados, y de los crímenes de violación sexual, sobre los cuales la CPI podrá tener competencia, si las autoridades nacionales no tienen la voluntad o la capacidad de investigar y perseguir estos crímenes.
El próximo presidente debe comprometerse con fortalecer los controles a las labores de inteliencia y contrainteligencia de las entidades del Estado, pues en los últimos gobiernos (tanto Uribe como Santos) se ha abusado de esta facultad para espiar a defensores de derechos humanos, lideres sociales y personas que han participado en las negociadores de paz. En ese sentido, hacemos un llamado para que se adopten medidas para la participación de instancias civiles en los mecanismos de control.
Proteger y garantizar la defensa de Derechos Humanos en Colombia. El aumento de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos sigue creciendo de forma alarmante, situando a Colombia como el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el mundo. En 2017, entre 106 y 126 personas defensoras perdieron la vida ante la incapacidad del Estado para protegerlas, según el reciente informe “No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos”. Los asesinatos se suman a las diferentes agresiones como amenazas, estigmatización, criminalización. La vulnerabilidad de las personas defensoras ha aumentado dramáticamente desde la desmovilización de las FARC y la firma del Acuerdo de Paz, en zonas rurales develando otros actores armados como sus principales agresores, incluidas las fuerzas armadas y visibilizando una incapacidad alarmante del Estado para enfrentar este flagelo.
Es prioritario que el Gobierno en cabeza de su presidente asegure que activistas, defensores de los derechos humanos y otros líderes, especialmente en áreas rurales, estén efectivamente protegidos en vista de los desafíos actuales que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz, asegurando, entre otras cosas, una presencia efectiva de las instituciones en todas las áreas del país y un combate eficaz a las estructuras paramilitares, señaladas como los principales autores de las agresiones.
Debe garantizarse los derechos humanos de asociación, reunión y libertad de expresión. La protesta pacífica es un mecanismo de expresión social y de exigibilidad de derechos y como tal debe garantizarse su ejercicio. En Colombia, la protesta ha sido históricamente estigmatizada, reprimida y criminalizada. El Gobierno deberá adoptar un marco regulatorio de protesta y movilización social conforme los estándares internacionales.
Reducir el impacto negativo de las empresas en los derechos humanos. En enero de 2017, el gobierno modificó, entre otros el régimen de la inversión extranjera, simplificando requisitos y eliminando plazos para el registro de inversiones extranjeras con el fin de hacer más atractiva la economía nacional. La preocupación se concentra en los sectores de la agroindustria y de las empresas vinculadas al extractivismo. En un contexto de post- acuerdo, es previsible un aumento de la inversión extranjera en Colombia y de los flujos comerciales con otros países que pueden reforzar vulnerabilidades de las comunidades y de las zonas donde se implementarán los proyectos.
La FIDH ha documentado casos en los cuales empresas nacionales y extranjeras con anuencia y/o apoyo de agentes y funcionarios estatales en Colombia han vulnerado derechos humanos e incluso cometido crímenes graves frente al derecho internacional. Los costos ambientales y humanos de la exploración y explotación petrolera en Colombia ilustran claramente esta situación. Informes de la FIDH y sus organizaciones revelan el rol de los actores empresariales y estatales en el incremento de las amenazas a personas defensoras del ambiente y el territorio9, así como la comunicación a la Corte Penal Internacional para que investigue la contribución de ejecutivos de Chiquita Brands (empresa estadounidense) en la comisión de crímenes de lesa humanidad en la zona del Urabá Antioqueño.
La actualidad confirma el impacto catastrófico que pueden tener las empresas si no se hace previamente una evaluación de sus impactos y los costos humanos y ambientales que puede tener la implantación de un proyecto empresarial. Las comunidades afectadas por el mega proyecto Hidroituango de las Empresas Públicas de Medellín – EPM, han denunciado desde hace más de 10 años las consecuencias que hoy se están viendo: destrucción del medio ambiente, desbordamiento del rio Cauca, desplazamiento de la población, perdida de modos de vida y de sustento de la población aledaña al rio, agresiones, amenazas, militarización, incluso asesinatos de miembros del Movimiento Rios que acoge a los afectados por este proyecto 11… que más se espera para desmantelar este proyecto?
Además de lo señalado, para responder efectivamente a los desafíos en materia de derechos humanos en el país, la FIDH destaca el “Pacto por los Derechos Humanos” propuesto por el reciente Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Alberto Brunori, al que se comprometieron los candidatos antes de la primera vuelta.
El compromiso que adquiera el Presidente de Colombia en el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas y todos los colombianos sera fundamental para lograr una Colombia más justa y más humana.
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