Buenos Aires, Argentina, 14 de abril de 2026. Con la esperanza y la persistencia en buscar alternativas que rompan un ciclo de impunidad que suma ya décadas en Colombia, once víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas y tres orga

nizaciones colombianas defensoras de derechos humanos (CSPP, Cajar y CJL) comparecieron hoy, 14 de abril, ante la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina, en el marco de la querella interpuesta en 2023¹ en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por casos de ejecuciones extrajudiciales.

Pasados dos años y medio de la interposición de la querella, hoy por primera vez las víctimas intervinieron ante los jueces, solicitando que se revoque la resolución de archivo de la causa, permitiendo la continuidad de la investigación, en reconocimiento del principio de Jurisdicción Universal. El abogado argentino Máximo Castex, representante de las querellantes, enfatizó en la imposibilidad de investigar al expresidente por estos crímenes en la jurisdicción colombiana.

Es importante mencionar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) carece de competencia legal sobre exmandatarios y la Comisión de Acusaciones del Congreso —un ente de carácter político y no judicial— no ha dispuesto de una investigación penal efectiva. “La importancia de esta causa es que es la única que haría posible juzgar al expresidente Uribe por los falsos positivos” mencionó el abogado Máximo, además agregó “las víctimas fueron escuchadas y pudieron declarar ampliamente por primera vez”.

Asimismo, la apelación ha considerado, entre varios elementos importantes, el reconocimiento de vacíos en la justicia interna colombiana para el juzgamiento, y la relevancia de la Jurisdicción Universal como mecanismo subsidiario para asegurar y atribuir la responsabilidad al exmandatario por los hechos. Dichos fundamentos se encuentran condensados en el Amicus curiae² escrito por el reconocido jurista colombiano Rodrigo Uprimny, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en derecho constitucional; documento presentado por el CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina.

En el marco de las solicitudes al juzgado, las querellantes y su abogado representante argentino Máximo Castéx insistieron en la importancia de continuar con la investigación, resaltando la sistematicidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fungía como comandante en Jefe de las fuerzas militares entre los años 2002 y 2008; enfatizando, una vez más, en la imposibilidad de su juzgamiento.

“He aprendido que la justicia es el lugar al que uno acude cuando le hacen daño; también, que la memoria no es venganza, es dignidad, y que la verdad aunque tarde, merece ser dicha”, expresó en su intervención la hija de Álvaro Adolfo Piña, quien fue engañado bajo una promesa laboral por integrantes del Batallón de Artillería N2 La Popa de Valledupar y posteriormente asesinado.

En esta oportunidad, las víctimas han viajado hasta el cono sur para solicitar, además, que se les cite a declaración testimonial, integrando su voz como prueba central en la investigación. “Si cierran la causa, no sólo cierran el expediente, estarían cerrando la oportunidad de justicia para las 6.402 víctimas”, manifestaron los familiares de las víctimas querellantes en su intervención.

Lo que para los estándares de impunidad constituye una cifra, para miles de familias y personas en Colombia y otros lugares del mundo, representan la historia y la vida interrumpida de personas que fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente bajo la política de seguridad democrática promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las familias que fueron víctimas del asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos, en respaldo y representación judicial de organizaciones sociales reconocidas en Colombia por su defensa de los derechos humanos, han encontrado en Argentina una oportunidad para que la sistematicidad de los casos no quede en entredicho y que la investigación se consolide como un avance judicial determinante para las víctimas de crímenes de Estado en el país; de lo contrario, ante la ausencia de un proceso judicial que responda a los estándares internacionales, es inminente el riesgo de impunidad y la vulneración de los derecho a la memoria, justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

SUSCRIBEN COMUNICADO:

Organización Mundial Contra la Tortura

Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)

Organizaciones Querellantes:

• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
• Corporación Jurídica Libertad (CJL)

Representación Legal:

• Máximo Castex (Abogado argentino)
• Bénédict De Moerloose (Abogado internacional)

Más información: www.justiciaparalas6402.co Firma la petición y súmate a la causa que busca #JusticiaParaLas6402 14 abril 2025 Comunicado internacional de prensa