Nuevas amenazas contra los procesos de exigencia de los Derechos Humanos de las mujeres desplazadas

El pasado 4 de abril, varias organizaciones sociales del departamento de Bolívar, entre ellas algunas organizaciones de población desplazada así como los principales barrios de asentamiento de esta población, recibieron amenazas vía correo electrónico por parte del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista –ERPAC-.
El panfleto amenazante declara objetivo militar a organizaciones de población desplazada y al Comité de Seguimiento al Auto 092 de Cartagena del cual hacen parte varias organizaciones integrantes del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. Resulta de extrema gravedad la violenta amenaza de agresión sexual de los cuerpos de las mujeres que contiene este panfleto y que nuevamente sustenta la exigencia de una respuesta estatal inmediata para prevenir y atender los riesgos diferenciales y desproporcionados a los que están expuestas las defensoras de derechos humanos.

Desde mediados de 2009, se ha registrado una agudización de las amenazas y ataques contra lideresas, procesos organizativos de las mujeres en situación de desplazamiento y organizaciones que las acompañan en varias regiones del país. El más reciente de estos ataques sucedió el pasado 15 de marzo, cuando tan solo a una semana de haber expuesto en el marco de la Mesa Nacional de Garantías para las Mujeres la grave situación que enfrentan las defensoras de derechos humanos en el departamento del Valle, ocho integrantes del Colectivo de Mujeres Desplazadas de Cali fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y hurto de información.

Aún no existe una respuesta clara por parte del Estado colombiano en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y garantías para la protección de los derechos a la vida e integridad de las mujeres, sus familias y procesos organizativos. Todos los hechos denunciados evidencian que el trabajo de exigibilidad de los derechos de las mujeres está poniendo en riesgo a quienes lo realizan, por tanto, nuevamente:

EXIGIMOS

Al Estado colombiano que garantice la vida e integridad de todas personas que hacen parte de las organizaciones y procesos incluidos en esta grave amenaza en el departamento de Bolívar, en particular a las mujeres en situación de desplazamiento y sus procesos organizativos a favor de la exigibilidad de derechos como el Comité de Seguimiento al Auto 092 en Cartagena.

Exhortamos a la Fiscalía General de la Nación para que asigne el caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH y realice una investigación rigurosa que conduzca al pleno esclarecimiento de estos hechos.

Exigimos al Gobierno colombiano que informe de manera inmediata cuáles son sus compromisos en materia de garantías para mujeres defensoras y lideresas de población desplazada, así como los mecanismos para el seguimiento a los mismos en el marco de las mesas de garantías.


[1] El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, “En situaciones de conflicto las mujeres también tienen derechos”, es una iniciativa que se desarrolla desde el año 2001 bajo la coordinación nacional de la Corporación Sisma Mujer, está conformado por el Colectivo Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado “Mujeres restableciendo Derechos”, (este colectivo tiene presencia en los departamentos de Bolívar, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá,) así como por las siguientes organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Mujeres: Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Corporación Humanizar, Corporación Oye Mujer, Taller Abierto y Sisma Mujer.
Desde su creación, el Observatorio ha impulsado procesos de empoderamiento político de las mujeres en situación de desplazamiento y la cualificación de su participación en instancias regionales y nacionales a través de los componentes de formación, atención jurídica y acompañamiento psicosocial, fortalecimiento organizativo y monitoreo a los efectos desproporcionados que el desplazamiento forzado tiene en la vida de las mujeres. En el desarrollo de estas estrategias participan 600 mujeres en situación de desplazamiento forzado y 60 lideresas todas ellas pertenecientes a aproximadamente 65 organizaciones de población desplazada (mixtas y de mujeres) en 6 regiones del país.

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