HECHOS:
El viernes 2 de septiembre de 2011, dos sicarios provenientes de Antioquia se encontraban en el barrio Fenalco de Ibagué ubicado en la Calle 28, Avenida Ambala, realizando labores de seguimiento e inteligencia al profesor Jancen Mahecha. Según fuentes policiales, siendo las 12:00 de la mañana, los vecinos del sector advirtieron vía telefónica sobre “la presencia de dos individuos, que recorrieron de manera extraña los barrios Fenalco, parte de la Granja y Antonio Nariño.”
La solidaridad de los vecinos permitió la rápida reacción de los agentes del DAS. Tras un operativo relámpago, lograron capturar a uno de los sicarios, decomisándole una pistola 9 milímetros (Prieto Beretta) cargada con 15 proyectiles, con tiro en la recámara. Desafortunadamente, el sicario motorizado, logró evadir el operativo.
“El capturado en flagrancia fue identificado como Richard Allison Clavijo Cuervo, de 25 años de edad, natural de Puerto Nare (Antioquia)”, informó el Nuevo Día. Las investigaciones preliminares indican que Clavijo es un ex paramilitar que en condición de ‘desmovilizado’ gozaba de los beneficios de Justicia y Paz (al parecer, se retiró del programa en el 2010), al tiempo que supuestamente pertenecía a una de las tantas escuelas de sicarios al servicio de narcoparamiliares de Antioquia y Valle del Cauca.
Los efectivos policiales identificaron que en la zona del operativo vivía un ciudadano que estaba incluido en los estudios de seguridad. Posteriormente, se dieron cuenta que era el profesor universitario Jancen Mahecha, quien había sido incorporado en el ‘Plan Padrino’, precisamente por las amenazas de muerte por su labor como veedor ciudadano de la Universidad del Tolima
El plan criminal no logró el objetivo de apagar la vida del profesor Jancen Mahecha. Afortunadamente, todo indica que los sicarios por ser forasteros, no conocían las condiciones del barrio y además tampoco tenían conocimiento exacto de los horarios de oficina que la universidad maneja los días viernes, lo que facilitó la acción preventiva de los organismos de seguridad del Estado.
Consideraciones:
¿Acaso las denuncias de las Veedurías que han dado lugar a investigaciones en los entes de control, están tocando a los poderosos del Tolima y otras regiones? ¿Quién esta detrás de esta osadía criminal? ¿Qué intereses económicos defienden los ‘soldados sin cabeza’? ¿Sicarios al servicio del crimen organizado, paramilitares normatizados en Justicia y Paz o matones prepagos al servicio de quién? ¿Por qué las directivas universitarias guardan un silencio virginal?
Por varias razones, y con un desafortunado conocimiento de causa que nos remite al domingo 19 de enero de 2003, cuando un par de sicarios asesinaron al Sr. Félix Eduardo Martínez, vicepresidente de la Red de Veedurías Ciudadanas del Departamento del Tolima, entendemos que este frustrado atentado contra la vida y dignidad de Jancen Mahecha no es un hecho aislado ni atemporal. Es una acción criminal, pensada, estructurada y dirigida contra quienes han denunciado las irregularidades en la contratación y han asumido una actitud ética en defensa de los dineros públicos. Este atentado es también una advertencia directa contra todo aquel que entienda ‘lo público como aquello que nos conviene a todos.’
Resulta inaceptable que la existencia constitucional de escenarios de participación ciudadana como lo es el ‘Comité de Veeduría Ciudadana y Control Social de la Universidad Tolima’, sea amenazada por la arrogancia del pensamiento único que, en su tristemente recordada sub-versión uribista-santista, considera los idearios democráticos de consenso y participación como un obstáculo para la circulación del ‘capital privado’, en especial, de quienes se han beneficiado de los dineros públicos de la región y la nación.
Antecedentes:
Las Veedurías Ciudadanas son mecanismos de participación que garantizan al ciudadano común y corriente su derecho a ejercer fiscalización de la gestión pública, en los distintos niveles de la administración. Según la Ley 850 de 2003, a través de las Veedurías, el ciudadano vigila también los planes, programas, proyectos y acciones emprendidas por los entes gubernamentales, la actuación de los funcionarios públicos y el empleo de los recursos.
Desde el ejercicio de las libertades y autonomías constitucionales, estudiantes, profesores y funcionarios constituyen el Comité De Veeduria Ciudadana Y Control Social De La Universidad Del Tolima, según resolución 0337 de 2010 de la Personería Municipal de Ibagué.
Nace así un espacio de carácter incluyente y democrático, con el objetivo de defender la transparencia de la contratación pública a través del fortalecimiento de la participación ciudadana. Mediante un ejercicio sistemático y riguroso de control a la gestión pública en la Universidad del Tolima, los veedores de la Universidad del Tolima presentaron pruebas documentadas ante los organismos de vigilancia y control, que sustentan las siguientes denuncias:
1. CASOS DE NEPOTISMO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. En términos de la corrupción política, es usar el poder institucional con fines personales o familiares, al margen de un fin público como lo consagra la Ley. Solo a manera de ejemplo se pueden ver las relaciones de familiaridad de las directivas docentes (Rector, Decanos, Directores de Programa y de Institutos) con funcionarios, contratistas y becarios de la Universidad (esposas, cuñados, hijos, sobrinos,…) Hechos sociales recurrentes que mediante prácticas clientelares y deshonestas no sólo vulneran el ethos universitario, sino que en algunos casos permiten los aumentos de salarios hasta en más de un 100%.
2. CASOS DE DETRIMENTO PATRIMONIAL. En términos del Derecho civil, significa “daño” ocasionado por acción, omisión o negligencia de las responsabilidades legales que le competen a las directivas de las instituciones universitarias, y que afectan bienes, derechos o intereses públicos. Para ejemplificar dichos hechos, se pueden destacar los casos de: Alberto González Murcia, ciudadano privilegiado al que en dos años se le han pagado más de 132 millones de pesos y los informes y resultados son muy pobres; la cancha de futbol ubicada en inmediaciones de “La María”, obra inconclusa que mantiene inundada, al no contar los respectivos análisis de suelos y otros requerimientos técnicos, y que a pesar de invertirse más de $ 600 millones para el desagüe y $ 120 millones para el enmallado o encierro, por sus condiciones deplorables no tiene un uso deportivo para la comunidad universitaria; los viáticos del Director del IDEAD, Germán Rubio Guerrero, quien en más del 60% del tiempo delega su función por encontrarse viaticando; La Fundación Premios creatividad, talento y juventud que duplicando funciones del Centro Cultural de la UT gasta irregularmente más de 150 millones de pesos en un año, según hallazgos de la contraloría departamental, entre otros.
3. CASOS DE ACOSO LABORAL. En términos del Artículo 7 de la ley 1010 de 2006, se tipifica como la conducta agreste, hostil, amenazante o humillante por parte del empleador hacia sus empleados o funcionarios. En el caso de la Universidad del Tolima, el acoso laboral se transforma en herramienta de persecución política contra el pensamiento crítico universitario. El acoso laboral se dirige contra todos los que se atreven a cuestionar este mar de irregularidades, manifestándose con despidos, procesos disciplinarios, bloqueo y suplantación de funciones. Entre los casos, se destacan los adelantados contra Ramiro Mejía, Jancen Mahecha, Julio Cesar Carrión, José Albeiro Escobar, Deysy Pinzón, Mónica Tovar, Ever Tique, Luz Ofelia Franco, Renzo García…..
Solicitudes:
– Solicitamos se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sean necesarias para iniciar las investigaciones.
– Solicitamos a todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al Estado colombiano y a las Directivas de la Universidad del Tolima una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las Veedurías Ciudadanas.
– Solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Municipal, Departamental y Nacional tomar medidas oportunas para defender y garantizar los Derechos Humanos de los integrantes de las Veedurías Ciudadanas de la Universidad del Tolima.
– Exigimos el respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de participación ciudadana en la vigilancia y control de la función pública; que a los compañeros y compañeras amenazadas se les respeten sus derechos fundamentales tal como reza en la Constitución Política de Colombia.
