ANTECEDENTES
1. La empresa PETRO MINERALES es una empresa canadiense que explota los yacimientos petroleros en el campo CORCEL en asociación con Ecopetrol, en Barranca de Upía Departamento del Meta.
2. Esta empresa se ha caracterizado por mostrar una conducta Antisindical y represiva contra los trabajadores y la comunidad.
3. Son varias las oportunidades en que esta empresa ha reusado sentarse con los trabajadores y las comunidades para atender sus requerimientos y cuando lo ha hecho ha escamoteado los acuerdos logrados mediante los procesos de concertación.
4. PETROMINERALES viene causando un grave daño ambiental al curso del Río Upía de donde se abastecen de agua y de los recursos pesqueros sus comunidades.
5. La empresa PETRO MINERALES desconoce los derechos de la comunidad en la prestación de la mano de obra y somete a los trabajadores a condiciones de inseguridad en el trabajo que ya a dejado varios lesionados.
6. La empresa PETRO MINERALES ha desarrollado una política de veto laboral por medio de su política de alcohol y drogas.
7. Ante estos hechos de reiterada violación y silencio de la multinacional canadiense, las comunidades acompañada de los trabajadores, luego de agotar todas las medidas de carácter legal se ha visto abocada hacer una reclamación justa y legítima en las instalaciones de la empresa.
8. La fuerza pública asumió una actitud represiva e intolerante con los manifestantes, sin estos estar en posición de bloqueo de vías, los ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS (ESMAD), de la Policía Nacional, alrededor de las 14:30 del día de hoy sin mediar ningún tipo de dialogo comenzó a reprimir violentamente a la población, lo cual se mantiene hasta esta hora.
CONSIDERACIONES
El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno.
No puede haber dialogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad son reprimidas y penalizadas.
Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de los trabajadores de las comunidades.
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
1. Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PETRO MINERALES, Ecopetrol, a las autoridades administrativas que ordenan los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
2. Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Barranca de Upía.
3. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades.
4. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
5. Hacemos un llamado de solidaridad a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.
