Somos desde hace veinte (20) años clientes del Colectivo de Abogados en el Caso Caloto No. 11.101 – Masacre del Nilo en la que perdieron la vida 16 comuneros indígenas que fueron asesinados por grupos paramilitares en connivencia con funcionarios públicos pertenecientes a la Policía Nacional, funcionarios que hasta la fecha no han sido sancionados como corresponde por la desidia oficial del Estado Colombiano en someter el caso a la justicia ordinaria como lo recomendó la Comisión Interamericana ante la absolución pronta de los funcionarios acusados por parte de la justicia penal militar.
Nos consta la dedicación y el profesionalismo del Colectivo de Abogados (CAJAR) y nos consta también la estrategia de la Fuerzas Armadas y de Policía para dilatar las sanciones impuestas a los responsables, como en nuestro caso, por ello creemos que esta nueva acción en el caso de Mapiripan es una nueva estrategia para que los miembros de las fuerzas armadas responsables de los hechos no sean sancionados ni cumplan las condenas.
Llamamos comedidamente la atención de esta Alta Comisión Interamericana para que no conviertan a la justicia interamericana en instrumento de impunidad con las acusaciones e investigaciones que ahora difunden ampliamente en contra de los defensores de los derechos humanos. La verdad debe primar y la primera verdad es que el Estado Colombiano no cumple sus obligaciones de verdad, justicia y reparación.
