Después de insistir ante los magistrados de la Corte Constitucional, la Sala de Selección en su sesión 01 de este 30 de enero de 2023 seleccionó la tutela T-9.055.571 presentada por 930 familias de 34 veredas del municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, acompañadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, para buscar el amparo constitucional ante la vulneración de sus derechos fundamentales por el incumplimiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS- pactado en el Acuerdo Final de Paz. Esta selección que la Corte había descartado en un primer momento, obedeció a la insistencia de las comunidades que fue recogida por los magistrados Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibañez.

En su escrito de insistencia, la magistrada Pardo resaltó que “este caso puede ser tratado como un asunto novedoso, toda vez que el hecho de que la misma situación se presente en diferentes lugares de la geografía colombiana hace que haya posibles matices o pequeños cambios, por factores culturales propios de cada comunidad en particular, que a todas luces son sujetos de especial protección constitucional, donde se haría necesaria un pronunciamiento para brindarles una protección efectiva y oportuna”

Por su parte, el magistrado Ibañez argumentó que “además de que esta es una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronuncie más a fondo sobre el PNIS y el posible incumplimiento de las autoridades para materializar las obligaciones que se derivaron para el Estado del Acuerdo Final de Paz, permite que en la jurisprudencia se continúe desarrollando la línea jurisprudencial en torno a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional. En otras palabras, el caso reviste de una envergadura tal que le permitiría a la Corte, además de evaluar el Programa con base en información más actualizada, considerar posibles falencias que pueden repercutir en violaciones a los derechos fundamentales de los campesinos y sus familias.”

Los campesinos de Miraflores cuya subsistencia depende de la coca, se acogieron al Programa de Sustitución desde 2017 y en un acto de buena fe y confianza en el Estado, y han esperado desde hace siete años a que este Programa cumpliera con la anhelada transformación territorial.

A la fecha de este comunicado, los campesinos denuncian incumplimientos, corrupción en el programa, entrega de insumos dañados, animales muertos y una crisis económica en la región sin precedentes que ha derivado de la entrada masiva de ganado de manera descontrolada a zonas de reserva forestal y Parques Nacionales Naturales, deforestación descontrolada y desplazamiento de campesinas y campesinos firmantes del PNIS, en favor de la concentración de tierras de selva por parte de grandes terratenientes.

Diferentes informes relacionados con la implementación del Punto 4 del Acuerdo Final Paz -AFP-, han registrado un cumplimiento del 98% y tan solo un 0,8% de resiembra por parte de los y las beneficiarias del programa PNIS, por parte de la institucionalidad se encuentra que el 44,6% de las familias aún no tiene proyecto productivo de ciclo corto y el 97,6% no tiene proyecto productivo de ciclo largo, componentes que habían sido acordados para el segundo año de implementación.

Frente al departamento del Guaviare, a 2022 aún restaba el 25% de familias beneficiarias por completar el pago correspondiente al concepto de la Asistencia Alimentaria Inmediata, un beneficio que debía consignarse durante el primer año posterior a la sustitución con el fin, de como su nombre lo dice, auxiliar la necesidad de alimentarse de manera urgente. Es decir, pasado un lustro de la firma de los acuerdos de sustitución no se ha cumplido con lo acordado para el primer año: una situación a todas luces grosera y desconsiderada con la vida real de los campesinos, que ha vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital.
Saludamos esta decisión y esperamos que la Corte Constitucional logre abordar la compleja problemática de derechos fundamentales y ambientales de Miraflores, Guaviare y de los campesinos que de buena fe se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-.