Es importante mencionar que el otrora Ministro de Defensa, hoy Presidente de la Republica, inició bajo su mando, junto al paramilitar Álvaro Uribe Vélez, una campaña de ejecuciones extrajudiciales, conocidas eufemísticamente como “Falsos Positivos”, con el objetivo de mostrar triunfos contra el “terrorismo”, dando como resultado el asesinato de miles de jóvenes, de los cuales algunos fueron extraídos del vecino municipio de Soacha en Cundinamarca.
Hoy a tan solo pocos días de aprobada la reforma a la Ley de Justicia y Paz, célebre por su manto de impunidad y grandes beneficios al narco paramilitarismo, por cuanto de cientos de miles de hechos denunciados y tras seis (6) años de aplicación, solo se cuentan con diez (10) sentencias, sin que se haya logrado el objetivo desmovilizador de agentes paraestatales, que hoy bajo el rencauche de otros nombres, continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad, con la aquiescencia del Estado.
Ante la nueva arremetida paramilitar, contra el pueblo Colombiano.
Responsabilizan
Al Estado Colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, al señor Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Faca, por las amenazas, intimidaciones, persecuciones y todo tipo de actos que atenten contra la humanidad de los pobladores de estos municipios, y demás violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), producto del fuerte proceso de estigmatización, criminalización y persecución promovida por agentes de las “Bacrim”.
Peticiones
1. Que el Fiscal General de la Nación investigue y sancione a los actores intelectuales y materiales de estas amenazas e intimidaciones, contra los pobladores de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Faca, especialmente contra las organizaciones sociales y de derechos humanos.
2. Que el Gobierno Nacional lleve a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos de los pobladores de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Faca, especialmente contra las organizaciones sociales y de derechos humanos, en cumplimiento de los Artículos 11, 20, 37, 38, 40, 56 y 107 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que faculta a las personas y organizaciones a vivir, reunirse, expresarse, manifestarse, fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos.
3. Que la Procuraduría General de la Nación en ejercicio del poder preferente investigue los hechos aquí denunciados y proceda con las acciones disciplinarias a que haya lugar.
Llamado A la Solidaridad
A la comunidad Nacional e Internacional, a los Organismos Internacionales encargados de velar por la protección los Derechos Humanos, a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, a los medios de comunicación, difundir y respaldar las peticiones de la presente denuncia.
