El exmilitar de inteligencia Freddy Espitia fue mencionado en el fallo que pidió investigar al ciclista Lucho Herrera por desaparición forzada. Antes de entrar a la JEP, estaba en juicio por el crimen del líder sindical de la UP, Jorge Darío Hoyos. Ahora está libre y las víctimas le exigen verdad o expulsión. Detalles de una historia criminal. Exclusivo.
Por: Alejandra Bonilla Mora/Cambio Colombia
Freddy Francisco Espitia Espinosa fue sargento del Ejército Nacional y hacía parte de la inteligencia militar en Fusagasugá, Cundinamarca, a comienzos de 2000, cuando en la zona se perpetraron varios crímenes endilgados a una alianza entre militares y paramilitares. Espitia aparece mencionado por Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, como uno de los involucrados en la desaparición de cuatro campesinos, vecinos del ciclista Lucho Herrera, en hechos por los que un juez pidió investigar al destacado ciclista.
Menudencias dice que él, el sargento Espitia y otras tres personas recogieron a las víctimas en camionetas Toyota, usando distintivos del DAS, para luego torturarlos, descuartizarlos a machete y enterrarlos en una finca.
“En esa camioneta es que damos lora y andábamos levantando gente. Fuimos con el sargento Freddy Espitia del B2 de Fusa (…) recogimos a dos en un sitio y a los otros dos en diferentes partes, utilizamos distintivos del DAS, con chalecos y gorras, eran como las 6 y 7 las de noche. Metimos dos en el platón y dos en la parte de adelante, los inhumamos en la vía Novilleros a la Aguadita en una Finca sobre el borde la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos, con machete”, dice ese testimonio.
Esa mención a Espitia era desconocida para la justicia colombiana hasta hace tres semanas, cuando se conoció la sentencia en la que se pidió investigar a Lucho Herrera.
Sin embargo, el uniformado sí estaba en la mira de la justicia, pero por otro caso: el crimen del líder sindical de la Unión Patriótica Jorge Darío Hoyos, perpetrado el 3 de marzo de 2001 en Fusa, y declarado de lesa humanidad por la Fiscalía en 2021. Espitia Espinosa fue acusado por el crimen, pero el juicio en su contra en la justicia ordinaria quedó paralizado en 2018 luego de que el exmilitar se sometiera a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y en la JEP, Espitia logró obtener su libertad ese mismo año sin que, a la fecha, haya reconocido hecho alguno. Incluso, se ha dedicado a negar su vinculación con estructuras paramilitares que delinquieron en el Sumapaz.
Por eso, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa de la familia del líder sindical, está pidiéndole a esa justicia especial dos cosas: que lo expulse por no cumplir el régimen de condicionalidad o que lo remita a la Unidad de Investigación y Acusación (la Fiscalía de la JEP) para que responda en juicio adversarial transicional.
Jorge Darío Hoyos era un destacado dirigente sindical y político de la UP. Fue candidato al concejo de Fusa, integrante de la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares, de la Federación Sindical Global, de la Federación Internacional de Mineros y fue asesor de Fecode, entre otros. Hoyos también es el padre de la abogada Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En 2021, la Fiscalía declaró el crimen de lesa humanidad, tras indicar que el homicidio se cometió en el marco de la violencia sistemática contra el movimiento social y sindical y al precisar que solo en 2001 otros 197 sindicalistas y otros 98 integrantes de la UP fueron asesinados en esa persecución. Por este caso fueron condenados los paramilitares Luis Edilmer Rojas Roncón y Giovanny Moncada Cortés, así como Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, y Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Patrón, jefes de las Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare.
Freddy Francisco Espitia Espinosa hizo parte del batallón de infantería No. 39 Sumapaz, que tenía sede en zona rural de Fusa, entre junio del 2000 y septiembre del 2001. Fue capturado después, en calidad de asesor de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, y fue acusado por la Fiscalía en 2014, dos veces: una por el crimen de Hoyos, caso en el que juicio ya estaba en marcha; y otro por el desplazamiento forzado de la familia del líder sindical. La acusación de la Fiscalía asegura que Espitia, conocido con los alias de Fredy o Fernando, era la persona que le filtraba información de inteligencia a los paramilitares, y que les entregaba armas y munición y que, según varios testimonios, tenía sueldo de las Autodefensas de Martín Llanos.
A Espitia lo tenían guardado en el celular como ‘El Flaco’ y, según la Fiscalía, fue quien hizo las labores de inteligencia sobre Jorge Darío Hoyos, previo a su asesinato a tiros. El documento dice: “Freddy tenía sueldo mensual en la organización, coordinaba con el comandante regional, con el coordinado y el comandante de las urbanas, daba información, indicaba dónde se encontraba la gente que necesitaban ubicar, y también tenía el listado del personal que debían dar de baja”.
“Que como él manejaba las urbanas, debía reunirse mensualmente con Martín Llanos y a esas reuniones asistía un comandante de los coordinadores a nivel organizacional que era prácticamente lo que hacía. Se discutía la nómina de pago de la fuerza pública y allí mencionaban a Freddy como miembro de la fuerza pública”, agrega la acusación. Espitia negó su vinculación tanto en el crimen como en las ACC.
Las contradicciones en la justicia transicional
Tras obtener la libertad anticipada, Espitia Espinosa envió un escrito a la JEP el 12 de noviembre de 2019 manifestando que no tuvo ninguna relación con las Autodefensas en Sumapaz y asegurando que es inocente. Yessika Hoyos, hija del líder sindical y abogada del Cajar, ha insistido ante la JEP que la propuesta de aportes al sistema integral que hizo Espitia no cumple con los estándares necesarios y que él, como compareciente, ha adoptado una actitud adversarial y que no demuestra ningún interés en decir la verdad.
Los abogados habían solicitado a la JEP que le abra a Espitia un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad. Luego, en julio de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) dijo que el plan de aportes de verdad de Espitia “no incluye una propuesta real de aporte a la construcción de verdad” y “no tiene un contenido reparador para las presuntas víctimas”.
Pero, en este caso, se ha presentado una situación particular: la SDSJ reconoció que el plan de aporte de verdad del exmilitar no era suficiente, pero al mismo tiempo señaló que como no estaba condenado, seguía cobijado por la presunción de inocencia. Es decir, que es legítimo que él insista en que no cometió delito y que, por tanto, no es necesario continuar con la gestión del régimen de condicionalidad a pesar de que este, en principio, implica aportar a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
Sumado a esa situación, la SDSJ remitió su expediente a la Sala de Reconocimiento de Verdad (la que se encarga de investigar a los máximos responsables), al estimar que hay suficientes elementos para incluir el crimen de Jorge Darío Hoyos en el macrocaso 06, que revisa la victimización de los integrantes de la Unión Patriótica. Pero esa remisión que hizo la Sala reconoce que el crimen ocurrió en 2001 y no hace parte del marco espaciotemporal que la SRVR fijó en 2019 cuando priorizó los hechos más graves y representativos.
Así, en palabras sencillas, hoy Espitia no está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y tampoco en las de la Sala de Reconocimiento, que no se ha pronunciado sobre la remisión del caso. En este momento, entonces, Espitia no es considerado un máximo responsable, está libre y goza de presunción de inocencia. ¿Qué va a pasar con el sargento (r) Freddy Espitia?
Expulsión o juicio
CAMBIO conoció la última petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a la JEP en la que llamó la atención en cómo fue la misma Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) la que concluyó que Espitia nunca adecuó sus compromisos al sistema transicional y que su expediente por el crimen y el desplazamiento de la familia de Hoyos deberían estar en el caso 06. A juicio de la defensa de la familia, esta posición no es acorde a las normas que rigen a la JEP.
Su postura es que la SDSJ debería reasumir la competencia sobre Espitia Espinosa, en vez de desentenderse de aplicar el régimen de condicionalidad ya que esa gestión no debe estar indisolublemente ligada a la existencia o a la ausencia de condenas. En su criterio, acá se deben usar parámetros ya establecidos para valorar el compromiso de los comparecientes como, por ejemplo, que los aportes dados por ellos superen el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria. Y, por otro lado, que los comparecientes sí tienen el deber de entregar información detallada y exhaustiva no solo de su caso concreto, sino del enfoque macrocriminal que rodea el hecho.
“La SDSJ omitió un análisis detallado de si los procesos seguidos en contra de Francisco Espitia por el homicidio del dirigente sindical Jorge Darío Hoyos, su vinculación con los paramilitares y el desplazamiento de la familia de la víctima contaban con evidencia o elementos de prueba acopiados por las instancias de la justicia ordinaria que abrumadoramente señalen una responsabilidad del compareciente. Lo anterior, a pesar de que ya se habían proferido acusaciones con las cuales se había superado el estándar de conocimiento necesario para superar esta fase que es la ‘probabilidad de verdad’”, señala el documento.
Entre esos hechos está, por ejemplo, la declaración de Giovanny Moncada Cortés, uno de los condenados por el crimen, que dio información concreta del rol de Espitia, lo describió claramente y detalló la reunión en la que se planeó el crimen de Hoyos, señalando de manera concisa que este sí estaba allí. A este testimonio se suman el del paramilitar José Darío Orjuela, alias Solín, de las ACC, quien dijo que Espitia era hermano de una persona que trabajó con ellos en Tunja y quien ratificó que el militar tenía sueldo y que su nombre era mencionado constantemente en las reuniones en las que ‘Martín Llanos’ hacía el pago de los policías y militares que tenía en su nómina, entre otros.
También está la declaración que el 1 de septiembre de 2020 entregó a la justicia Ángel Rodríguez Daza, alias Cascarón, quien integró las Autodefensas Campesinas de Casanare, con presencia en Meta, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Cascarón fue escolta de ‘Martín Llanos’, citador de finanzas y posteriormente tuvo a su cargo un grupo especial en Boyacá. También fue comandante de finanzas en Sumapaz. Para la época del crimen de Jorge Darío Hoyos, Cascarón acababa de llegar a la zona y en su testimonio indicó que las órdenes para los crímenes las dada el comandante alias El Mosco y alias Pacho.Y Moncada dijo que Espitia era el que le daba información a El Mosco.
Cascarón aparece igualmente mencionado en la sentencia que condenó al paramilitar Luis Fernando Gómez por la desaparición de los vecinos de Lucho Herrera, lo cual es solo otro indicador de que en ambos crímenes habría participado la misma estructura ilegal, en conexión con militares. Según los representantes de víctimas, hay múltiples elementos que la SDSJ debería tomar en cuenta, como que el nombre de Espitia aparece mencionado en la sentencia que condenó a la Nación por el crimen del líder sindical.
En ese sentido, las víctimas le están pidiendo a la SDSJ que inicialmente reasuma el caso de Espitia y la gestión del régimen de condicionalidad, el cual podría terminar en su expulsión de la JEP. También piden que se devuelva a Espitia a la justicia ordinaria para que los juicios que estaban en marcha finalicen y pueda ser sentenciado. Y la tercera petición es que se le aplique al exmilitar una selección de segundo orden, una posibilidad que la JEP abrió en una decisión que se conoce como la ‘Senit 5’ y que su caso sea remitido la Unidad de Investigación de la JEP.
Por el momento, Espitia Espinosa sigue en libertad. Ni la Fiscalía ni la JEP han dado señal alguna de que los nuevos señalamientos en su contra, los que lo involucran en la desaparición de los cuatro vecinos del ciclista Herrera, están siendo investigados.
Artículo y foto publicado originalmente en Cambio.