Mayo 20 de 2025. “El riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, luego de su visita a la Sierra Nevada de Santa Marta, los días 13 y 14 de mayo.

“Llamo, añadió, a los gobiernos nacional, departamental y local a tomar medidas urgentes y coordinadas para proteger a los cinco Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, Wiwa, Arhuako, Kankuamo y Ette Naka”.

“Los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sufren ataques crueles y diversos por parte de los grupos armados no estatales, con consecuencias devastadoras en sus vidas, su tierra, su territorio, su gobierno propio, su autodeterminación, su cultura, su espiritualidad y su sistema de justicia propia”, señaló el Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa desde 2022 hasta hoy un incremento de la violencia territorial en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

Esta situación de violencia tiene sus raíces en la disputa del control territorial y de las rutas del narcotráfico y de diversas actividades ilícitas de grupos armados no estatales, con graves afectaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y también de comunidades afrodescendientes y campesinas. Hasta la fecha, la respuesta del Estado ha sido, lamentablemente, insuficiente.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha verificado el control social de los grupos armados no estatales, a través de: restricciones a la movilidad con imposición de horarios, toques de queda, limitaciones a la reunión; interrupción y presencia de miembros de grupos armados no estatales en reuniones de pueblos indígenas; e imposición de conductas de convivencia.

Es de particular preocupación para la Oficina, la situación de las mujeres y las niñas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta quienes enfrentan riesgos persistentes y grandes dificultades para acceder a la justicia y para contar con mecanismos de protección debido a: su situación de vulnerabilidad y riesgo; desigualdad, pobreza, barreras lingüísticas; y el desconocimiento y carencia de rutas de atención con enfoque étnico; amenazas en su contra y hacia su familia y la dificultad para movilizarse desde su territorio hasta las cabeceras municipales.

“Las mujeres indígenas de los Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dieron un testimonio valiente y angustioso desde sus experiencias de vida, nos urgieron pedir al Estado que garantice sus derechos colectivos, simplemente, para seguir existiendo como Pueblos Indígenas. Llamaron a que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a educación, salud y trabajo en su territorio, asi como por servicios de salud adecuados para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; Algunas mujeres indígenas describieron su acceso a los derechos humanos como si se encontraran en el siglo X”, dijo Scott Campbell.

Los líderes indígenas con quienes se reunió la Oficina de ONU Derechos Humano stambién insistieron en que se proteja a la Sierra Nevada de Santa Marta del turismo irresponsable y se garantice un turismo consensuado y coordinado con los Pueblos Indígenas.

Las situaciones antes descritas, se suman a otras graves afectaciones que padecen los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que han sido documentadas por la Oficina de ONU Derechos Humanos. Por ejemplo, en 2024 la situación de derechos humanos del Pueblo Indígena Wiwa, que sufrió el desplazamiento forzado de al menos 600 indígenas.

Otras situaciones profundamente preocupantes han sido documentadas por la Oficina. En 2024, la Oficina verificó en Magdalena el homicidio de dos personas defensoras de derechos humanos: Wilfrido Segundo Izquierdo Torres, Indígena Arhuaco, y reconocido líder estudiantil; y Manuel Moya, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Trébol, en el municipio de El Banco. También en Magdalena, la Oficina verificó la desaparición de dos personas en 2024: Daniel Nolavita, indígena Kogui; y del joven Diego Mendoza.

En Magdalena en 2024 hubo tres masacres, y al menos diez cuerpos sin vida fueron encontrados en bolsas plásticas y costales, atados, desmembrados, con posibles señales de tortura, y con impactos de arma de fuego en cercanías a la Troncal del Caribe (La Guajira, Magdalena).

En lo que va de 2025, ONU Derechos Humanos recibió cinco alegaciones de homicidios de personas defensoras en los departamentos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena, La Guajira y Cesar, y ha documentado una masacre, con tres víctimas, en La Guajira.

ONU Derechos Humanos, además, está documentando en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta reclutamiento forzado de jóvenes afrodescendientes y de barrios periféricos en Santa Marta y otras ciudades, y de jóvenes campesinos de zonas que fueron sujeto de políticas de restitución de tierras; uso y utilización de niñas, niños y adolescentes indígenas y campesinos para transporte de víveres y armamento; apropiación y despojo de tierra, como la compra de predios por terceros para el desarrollo de actividades turísticas en Santa Marta.

Por otro lado, el número de homicidios en los municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta también incrementó notablemente desde el año 2022. Según cifras de la Policía Nacional, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, el incremento fue de 80 homicidios en 2022, a 96 en el 2024; mientras que, en Riohacha, La Guajira, fue de 47 homicidios en 2022, a 113 en el 2024. Santa Marta, capital de Magdalena, reporta el mayor número de homicidios de los municipios de la Sierra Nevada, con 242 homicidios en 2022 a 311 homicidios en 2024.

La justicia aún sigue siendo esquiva para algunos crímenes. “Durante nuestra visita a la región comunidades campesinas y organizaciones defensoras de derechos humanos compartieron sus preocupaciones sobre los desafíos que persisten en el avance de la justicia transicional. En particular, señalaron la necesidad de fortalecer el cumplimiento efectivo de las sentencias de restitución de tierras. También subrayaron la importancia de una participación significativa en el Sistema Integral para la Paz y en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, especialmente ante el preocupante incremento de la violencia territorial”, dijo Scott Campbell.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lleva varios años acompañando a los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por ejemplo, en 2024, en coordinación con la organización Wiwa Yugumaiun Bukunarua Tayrona, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), ONU Derechos Humanos organizó la primera visita conjunta de representantes del cuerpo diplomático a la Sierra Nevada de Santa Marta, con la participación de las embajadas de Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Reino Unido y de la Unión Europea en Colombia.

Este año se llevó a cabo la segunda visita, en compañía de la Embajadora de Canadá, Elizabeth Williams, y de delegados de las Embajadas de Reino Unido, Países Bajos, Noruega y la Unión Europea en Colombia. La Embajada de Estados Unidos participó en algunas reuniones. También la Defensoría del Pueblo, con sus delegadas de Asuntos Étnicos y Alertas Tempranas, acompañó la visita.

Durante la visita, la delegación destacó los esfuerzos de la Fiscalía general de la Nación que se comprometió en 2024 a la implementación de un plan de priorización de casos y de la actuación conjunta de las direcciones seccionales de Cesar, La Guajira y Magdalena. El plan que ya se está implementando en la región cuenta con una coordinación a destacar entre las seccionales, en las cuales también hay funcionarios indígenas que contribuyen a la labor de investigación, y avance de la lucha contra la impunidad.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos acompaña desde el 2024 el Programa Futuro Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y reconoce este esfuerzo por parte de la Fiscalía que contribuye a atender la violencia sexual y de género para mujeres indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera la necesidad de que el Estado, a nivel nacional y local, adopte medidas conjuntas de prevención y protección para la población que habita la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y en particular para los 5 Pueblos Indígenas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también reitera su recomendación para que como prioridad se incluya como punto central en los diálogos y negociaciones con actores armados no estatales el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, incluida la prohibición del reclutamiento de niños y niñas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena las acciones violentas de los grupos armados no estatales en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y les insta a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todo momento y en todo lugar.

“Luego de mi tercera visita de terreno a zonas afectadas por el conflicto armado llamo al Estado a tomar medidas más eficaces para proteger a los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a otros Pueblos Indígenas en riesgo en Colombia, incluidas medidas que garanticen sus derechos colectivos. Como dije antes, la tragedia que enfrentan hoy puede ser contenida y puede prevenirse más violencia en su contra, el Estado colombiano debe hacerlo y nuestra Oficina espera continuar apoyando los esfuerzos del Estado, de los pueblos indígenas y de la sociedad civil para lograrlo”, puntualizó Scott Campbell.

En esta visita a la Sierra Nevada de Santa Marta hubo reuniones con el Gobernador de Magdalena; con las alcaldías de Santa Marta, Ciénaga y Fundación; con comandantes de la Fuerza Pública; con la Fiscalía General de la Nación; con la Defensoría del Pueblo regional; con la Procuraduría; con personeros; con representante de la JEP, la UBPD y el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. También se sostuvieron reuniones con personas defensoras de derechos humanos y con representantes de los Pueblos Indígenas.