• Aunque la Comisión de Acusaciones puede investigar a expresidentes, en más de 60 años ningún alto funcionario ha sido llevado a
• De las dos denuncias que han recibido por ejecuciones extrajudiciales, ninguna ha sido abierta formalmente y una lleva 10 años en etapa preliminar.

19 de agosto de 2O25 – Las víctimas y las tres organizaciones de derechos humanos –quienes interpusimos una querella en Argentina– alertamos que no existe en Colombia una entidad con la capacidad y/o la voluntad de conducir una investigación conforme a los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, diligencia y acceso a la justicia con relación a los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez y que busque esclarecer su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad. Si bien el exmandatario fue condenado por la justicia ordinaria, ésta no le puede juzgar por crímenes cometidos durante su presidencia.

Actualmente, la querella se encuentra en estudio preliminar donde el juez argentino debe decidir si abre formalmente la investigación en contra del expresidente. Por ello, hemos solicitado al Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, que avance prontamente en la escucha de las declaraciones de las víctimas como parte de la respuesta a su solicitud de información sobre las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La querella fue interpuesta el día 7 de noviembre de 2023 por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Las querellantes están representadas por Máximo Castex, abogado  argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos. Asimismo, son apoyadas por otras organizaciones de derechos humanos en Argentina y el mundo.

¿Qué pasa con la JEP y la Comisión de Acusaciones?

La competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no le permite juzgar a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República. En Colombia, la única entidad con esta capacidad es la Comisión Legal de Investigación y Acusación del Congreso, conformada por 16 representantes a la Cámara.

Si bien la Comisión de Acusaciones tiene potestad para investigar a expresidentes, en más de 60 años ningún exmandantario ha sido llevado a juicio. De las dos denuncias que han recibido por ejecuciones extrajudiciales, ninguna ha sido abierta formalmente. Uno de los casos lleva más de 10 años en etapa preliminar.

Además, las investigaciones son designadas “a dedo” por el presidente de la Comisión de Acusaciones, afectando el principio de imparcialidad. Por ello, una de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales fue asignada a Hernán Darío Cadavid Márquez, quien mantiene vínculos estrechos de carácter político, personal y laboral con el expresidente Uribe. Recientemente, Cadavid se refirió a éste como “el mejor presidente que ha tenido Colombia”, ante la justicia ordinaria.

No existe ningún tipo de control por conflicto de intereses y tampoco se contemplan mecanismos de participación efectiva de las víctimas en los procesos adelantados ante la Comisión de Acusaciones, por lo que se incumplen los estándares internacionales de los derechos de las víctimas para acceder a un mecanismo imparcial, efectivo e idóneo de justicia.

Con este panorama, insistimos en que la lucha contra la impunidad enfrenta problemas estructurales que impiden el juzgamiento de los máximos responsables. Las organizaciones de derechos humanos querellantes solicitamos avanzar con actos concretos de investigación en la justicia argentina para garantizar los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

¡El derecho a saber la verdad es de todxs! Apoya el avance de las investigaciones firmando la petición en change.org/justiciaparalas6402.