Bogotá, 17 de diciembre de 2025. A 15 años de la adopción de la sentencia Cepeda Vargas Vs. Colombia, el Estado colombiano no ha dado cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación a la conducción eficaz de la investigación de los hechos que dieron origen al caso y la adopción de garantías de seguridad para la familia Cepeda Castro. De esta manera, subsiste un escenario de riesgo que hoy amenaza la vida, integridad  y el ejercicio político del senador Iván Cepeda Castro. 

Así se desprende de la Resolución de Supervisión de Cumplimiento adoptada el pasado 24 de noviembre de 2025, en la cual la Corte IDH decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de las referidas medidas. El Tribunal Interamericano determinó que la medida de reparación relacionada con la seguridad de los y las familiares de Manuel Cepeda Vargas sigue pendiente de cumplimiento, constatando que las obligaciones estatales permanecen vigentes ante la persistencia del riesgo.

En este escenario, el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) alerta sobre la grave situación de riesgo del senador y hoy precandidato presidencial, Iván Cepeda Castro; misma que lejos de disminuir, ha escalado a niveles críticos. Lo anterior, debido a la convergencia de diferentes factores, incluido su liderazgo en la contienda presidencial, donde encabeza las encuestas de intención de voto. En particular, es de la mayor preocupación la campaña sistemática de estigmatización en su contra, que busca deslegitimar su candidatura, mediante señalamientos estigmatizantes y falsas acusaciones de conductas delictivas.

Estos graves hechos han sido previamente denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, sin que existan avances sustantivos en la investigación, juzgamiento y sanción. Las demoras en el establecimiento de responsabilidades y en la imposición de sanciones oportunas impactan en la seguridad del senador, generando un escenario de impunidad que garantiza la continuidad de estos graves delitos que buscan legitimar actos de violencia.

Por todo lo anterior, el Cajar enfatiza que la garantía efectiva de la seguridad de Iván Cepeda Castro constituye el núcleo de la medida de reparación que hoy sigue pendiente. Exigimos al Estado colombiano que, en acatamiento estricto a la Resolución de Supervisión del caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, adopte acciones inmediatas para asegurar su vida e integridad. Únicamente a través del cumplimiento cabal de la sentencia podremos impedir que la democracia colombiana siga construyéndose sobre la base del miedo, la estigmatización y la violencia política.

Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar)