Reiteran que las políticas de agresión tienen impactos humanitarios severos, vulneran derechos económicos y sociales y agravan las condiciones de vida de millones de personas, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales de los Estados.
Los bombardeos y operaciones militares unilaterales no son herramientas legítimas para la resolución de conflictos; históricamente han derivado en graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y escenarios de impunidad. “La región latinoamericana no puede volver a ser tratada como un teatro de operaciones militares al servicio de intereses geopolíticos externos”, señalan las organizaciones firmantes.
Las organizaciones piden al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de cualquier acción militar en territorio venezolano y latinoamericano, el respeto irrestricto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, así como el compromiso real con soluciones políticas y diplomáticas a los conflictos.
Como lo han alertado las organizaciones de derechos humanos de la región, los ataques indiscriminados de Estados Unidos “constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza, así como una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Estas acciones quebrantan las normas fundamentales del derecho internacional como la obligación de garantizar la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales (…)”.
Igualmente se hace un llamado a la sociedad civil internacional a impulsar acciones pacíficas rechazando la injerencia en Venezuela y en otras regiones del mundo.
La solución a la profunda crisis venezolana debe ser civil, democrática y en el marco de un programa con enfoque en las víctimas.
La comunidad internacional debe ejercer su influencia para garantizar que este delicado momento se traduzca en pasos concretos y no violentos hacia la transición democrática en Venezuela.
La FIDH y sus organizaciones en las Américas reiteran su compromiso con la defensa de la vida, la paz regional, la soberanía y los derechos humanos y su oposición firme a toda forma de guerra, intervención militar y violencia estatal.
Suscriben:
Comité de Acción Jurídica – CAJ – Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH – Brasil
Justica Global – Brasil
Corporación de promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU- Chile
Observatorio Ciudadano – Chile
Colectivo de Abogados y abogadas “Jose Alvear Restrepo” – Colombia
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA – Colombia
Organización Femenina Popular – OFP – Colombia
Comité Permanente de Derechos Humanos – CPDH – Colombia
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Center for Constitutional Rights (CCR) – Estados Unidos
Center for Justice and Accountability (CJA) – Estados Unidos
Solidarite Fanm Ayisyèn – SOFA – Haiti
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH – Honduras
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) – México
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – Limeddh – México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH – Nicaragua
Asociación Pro derechos Humanos Aprodeh – Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL – Perú
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDHRD)
Instituto de Abogados para la protección del Medio Ambiente – INSAPROMA – República Dominicana
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela