Bogotá, 3 de marzo de 2026. Hoy se conmemoran 25 años del asesinato del padre de familia, dirigente sindical y líder político de la Unión Patriótica (UP) Jorge Darío Hoyos, víctima de un crimen de Estado cometido el 3 de marzo de 2001 en Fusagasugá, Cundinamarca.
Jorge Darío Hoyos fue asesinado por paramilitares en el marco de una alianza criminal entre estructuras paramilitares e integrantes de la Policía Nacional y de inteligencia del Ejército adscritos al Batallón Sumapaz, que operaba en la región.
A lo largo de estos 25 años, la búsqueda incansable de su familia por justicia, verdad y garantías de no repetición ha permitido avances judiciales importantes. Se logró la condena de los autores materiales y de integrantes de la Policía que participaron en la planeación y ejecución del crimen. Asimismo, fueron condenados jefes paramilitares responsables de la estructura que operaba en la zona.
En 2021, tras una petición del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), la Fiscalía 73 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró el homicidio de Jorge Darío Hoyos como crimen de lesa humanidad, reconociendo que este asesinato se cometió en el marco de un ataque sistemático contra el movimiento sindical y la Unión Patriótica, organización política víctima de un genocidio, que ocasionó más de 6 mil víctimas en el país.
Sin embargo, persiste un eslabón pendiente en materia de justicia: la responsabilidad de integrantes de la inteligencia militar que habrían facilitado información determinante para la comisión del crimen.
Antes de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), avanzaba un juicio contra el suboficial del Ejército Freddy Francisco Espitia Espinosa, adscrito al Batallón Sumapaz. El proceso se encontraba próximo a sentencia cuando el compareciente se sometió a la JEP y obtuvo el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.
A la fecha, no se ha producido un aporte efectivo, completo y verificable a la verdad. Por el contrario, los aportes realizados han sido insuficientes y, en algunos casos, revictimizantes para la familia Hoyos.
“Desafortunadamente, el caso de Freddy Francisco Espitia refleja una realidad que hoy es cada vez más latente, especialmente por parte de actores estatales que se someten a la Jurisdicción y no realizan ningún aporte a la verdad, lo que puede representar un abuso de este sistema de justicia transicional. (…) Es incompatible con los estándares de la justicia transicional que responsables de alto nivel, con responsabilidad probada en hechos emblemáticos, permanezcan sin consecuencias efectivas por el incumplimiento de sus obligaciones ante el sistema (…),” señaló Sebastián Escobar, presidente del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
Agregó el abogado y representante de víctimas que desde el Cajar se ha solicitado reiteradamente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que adopte una decisión de fondo frente a este caso. Consideramos que existen dos caminos jurídicamente viables:
- La expulsión del compareciente de la JEP, ante el incumplimiento sistemático de las condiciones de sometimiento y la ausencia de un reconocimiento pleno de responsabilidad, pese a la evidencia abrumadora que obra en el expediente.
- La priorización de segundo orden, que consiste en la remisión inmediata del caso a la Unidad de Investigación y Acusación para que avance en un nuevo juicio ya dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz y se pueda resolver definitivamente esta situación.
A 25 años del asesinato de Jorge Darío Hoyos, recordamos no solo al dirigente sindical y político, sino al padre, compañero y formador comprometido con la justicia social. Su asesinato causó un profundo dolor a su familia y privó al país de un liderazgo ético y transformador en uno de los períodos más violentos contra el movimiento sindical y la Unión Patriótica.