• Aunque se han logrado algunas decisiones judiciales importantes, frente al enorme universo de víctimas de abuso policial y criminalización, la impunidad sigue predominando. 

Bogotá, 28 de abril de 2026. Hoy se cumplen cinco años del Estallido Social de 2021, uno de los episodios con mayor registro de violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta en la historia reciente de Colombia. En esta fecha, organizaciones de víctimas, movimientos sociales y defensoras y defensores de derechos humanos reiteramos una exigencia histórica: verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición frente a la violencia ejercida por agentes del Estado.

En Colombia, la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social ha sido un problema estructural. Esta situación refleja formas de violencia estatal orientadas a reprimir demandas sociales legítimas, particularmente de poblaciones históricamente perseguidas y estigmatizadas, perpetuando dinámicas de exclusión, discriminación y criminalización contra quienes impulsan transformaciones sociales y políticas desde las calles. Las decisiones y acciones del entonces gobierno de Iván Duque y de administraciones locales autoritarias profundizaron este escenario.

En el marco del estallido social vivido en Colombia durante 2021, se documentaron numerosos casos de violencia y represión ejercida por agentes estatales. Múltiples personas perdieron parcial o totalmente la visión, principalmente por impactos de balas de goma o gases lacrimógenos lanzados por el  entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Hasta el 28 de junio de 2021, la alianza INDEPAZ y Temblores registró 83 víctimas de violencia ocular y 28 víctimas de violencia sexual. Durante el mismo período, Amnistía Internacional documentó al menos 28 casos de tocamientos y desnudez forzada.

En cuanto a los asesinatos cometidos en el contexto de la protesta, INDEPAZ reportó 83 homicidios, de los cuales 44 habrían sido cometidos por la Fuerza Pública. Por otra parte, las detenciones arbitrarias también fueron una forma de violencia estatal: la ONU documentó más de 2.400 capturas sin orden judicial, mientras que la Fiscalía General de la Nación informó que 630 personas fueron posteriormente judicializadas.

Las cifras son contundentes y evidencian la persistencia del uso excesivo de la fuerza. Según el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad: Un Asunto de Todas (CDLAT), durante 2024 se documentaron más de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra jóvenes y presuntamente cometidas por integrantes de la Policía Nacional adscritos al ESMAD, hoy denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

A ello se suman once casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas LGBTIQ+: cuatro de violencia sexual, uno de judicialización y estigmatización, y seis de violencia física intencionada y desproporcionada motivada por razones de género. Asimismo, se registraron doce agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, además de 42 detenciones y 32 personas heridas en el marco de las movilizaciones desarrolladas durante ese año.

Detrás de cada número hay vidas, familias y comunidades que continúan esperando justicia. La impunidad sigue siendo una problemática estructural, marcada por obstáculos persistentes en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.

Decisiones históricas, aunque no suficientes

La continuidad de violencias oculares, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, uso desproporcionado de la fuerza y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos demuestra que las garantías de no repetición siguen siendo una deuda del Estado colombiano.

Aunque algunos casos emblemáticos han tenido avances judiciales gracias a la lucha de víctimas y organizaciones acompañantes, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de los crímenes cometidos y no se traducen en transformaciones profundas dentro de las instituciones responsables.

Dentro de esas decisiones, se destaca que el pasado 6 de abril el Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra del patrullero del ESMAD Danilo José Núñez Zabaleta, por las lesiones ocasionadas a la joven Leidy Natalia Cadena Torres el 28 de abril de 2021, las cuales le provocaron la pérdida de uno de sus ojos. La jueza concluyó que el uniformado utilizó un arma menos letal de forma indebida, contrariando los protocolos institucionales y desconociendo los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza.

Asimismo, el pasado 9 de abril, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Soacha emitió sentido de fallo condenatorio contra los ex patrulleros de la Policía Nacional Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla por el caso de Anthony Gabriel Estrada Espinosa, una de las víctimas de la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá (9S), en la que 13 jóvenes fueron asesinados por agentes de la fuerza pública y decenas de personas resultaron heridas. La lectura de la condena se realizará el próximo 19 de junio.

De otro lado, el 13 de junio de 2024, tras 2 años, 1 mes y 17 días, el Juzgado Décimo Penal con función de control de garantías de Neiva otorgó la libertad a ocho jóvenes entre líderes, periodistas y defensores de derechos humanos quienes habían sido detenidos injustificadamente en el marco del estallido social.

En un país atravesado por profundas heridas sociales y un prolongado historial de violencia institucional, transformar a la Fuerza Pública no puede reducirse a ajustes superficiales. Se requiere una reforma estructural al modelo de seguridad que garantice la vida, la dignidad y los derechos humanos, así como el reconocimiento de la protesta social como un derecho fundamental.

En el actual contexto electoral, advertimos que no puede hablarse de democracia, paz ni garantías políticas reales sin una transformación profunda del sector defensa y seguridad. La centralidad de las víctimas debe orientar cualquier agenda de reforma institucional para que estos hechos nunca más se repitan.

Exigimos:

• Garantías reales y efectivas para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social. En especial, el cumplimiento real de las recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH realizada en junio de 2021, como la observancia integral de la sentencia STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia.
• Sanciones efectivas para agentes estatales responsables de violencias oculares, violencias basadas en género, retenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para ello, es fundamental que la Fiscalía adopte un enfoque de investigación macrocriminal que no sólo persiga a los responsables materiales, sino que identifique la responsabilidad de mando y los mecanismos de encubrimiento al interior de la Policía Nacional.
• Medidas de reparación integral para las víctimas.
• Garantías de no repetición frente a graves violaciones de derechos humanos en el marco de la protesta social. Esto exige una transformación integral de la Policía Nacional que garantice su carácter civil, restrinja las competencias de la Justicia Penal Militar, limite estrictamente la adquisición y uso de armas menos letales, entre otras.

Esperamos que estas exigencias sean escuchadas y tenidas en cuenta por los candidatos presidenciales.

#FuerzaPúblicaParaLaPaz
#FueElEstado

Suscriben:

• • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
  • Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
  • Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
  • Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)
  • Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)
  • Corporación Jurídica Libertad (CJL)